IMPUNIDAD

Desde el Gobierno de Macri gestionan en persona prisiones domiciliarias para genocidas

Se supo que Gustavo Gettar, asesor del ministro de Justicia Germán Garavano, realiza “pedidos” para que condenados por delitos de lesa humanidad, incluido el robo de bebés, se vayan a sus casas.

Miércoles 9 de noviembre de 2016 | Edición del día

Fotografía:Fuente La Voz del Interior

Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri se otorgaron más de 50 arrestos domiciliarios a genocidas condenados.

En abril el propio ministro de Justicia Germán Garavano se reunió en secreto con abogados y familiares de represores. Con el pobre argumento de que es un derecho de los presos mayores de 70 años pedir la prisión domiciliaria, justificó la posición del Gobierno en más de una oportunidad.

Según informó el diario Página/12 el último domingo, en la actuación 33738/16 consta que Gustavo Gettar intervino en forma personal para que Claudio Alejandro Kussman, comisario retirado que actúo en la delegación Bahía Blancade de la temeraria Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).

Kussman estuvo detenido en Ezeiza y, gracias a las exitosas actuaciones de Gettar, el 21 de abril de 2016 obtuvo la domiciliaria de parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Gettar, informa el mismo medio, había visitado a Kussman en la cárcel de Ezeiza. En una revista digital semanal que los represores publican hace dos años desde la cárcel de Marcos Paz, Kussman subió un audio titulado “El hombre que llegó desde el Ministerio de Justicia” en el que se afirma que Gettar “tomó debida nota de todo lo que se le expuso y prometió imponer de todo al Sr. Ministro Germán GARAVANO a los efectos que desde esa cartera se puedan adoptar las medidas atinentes a su competencia”.

Los apropiadores de bebés del Plan Cóndor en sus casas

Pero Kussman no es el único. Los pedidos del Gobierno también se extienden, entre otros, al exagente de la SIDE Miguel Angel Furci, detenido en Villa Devoto.

Furci es uno de los que actuaron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti y fue condenado a 25 años de prisión en mayo de 2011 por el TOF 1° en el Juicio por el Plan Cóndor. Se lo encontró responsable de 67 secuestros y 62 casos de tormentos y como parte de la condena recibió medio siglo de inhabilitación.

Furci además es un apropiador de bebés. Se apropió en Orletti y anotó como hija propia a Mariana Zaffaroni Islas, secuestrada cuando tenía un año con su madre embarazada María Emilia Islas y su padre Jorge Zaffaroni, ambos uruguayos y aún desaparecidos. En 1983 Mariana fue encontrada por Abuelas de Plaza de Mayo, pero Furci escapó con la niña. Recién en 1991 pudo ser encontrada nuevamente.

Sin ningún empacho, Gettar expresó en uno de sus pedidos dirigidos en carácter de urgente a quienes trabajan en el Ministerio de Justicia los casos de lesa humanidad: “Estimados, les reenvío el correo por el que alertan de situación humanitaria extrema con peligro de vida en Unidad Carcelaria Federal, respecto al interno de lesa Miguel Angel Furci. Por favor tengan a bien constatar en la emergencia esta información y disponer -de ser confirmatoria- el urgente traslado extra-muro de la persona”. Gettar es, respecto a los destinatarios de estos pedidos, un superior.

Sus pedidos además fueron dirigidos con una recomendación: “Ante la configuración del estado de necesidad y el deber de cuidado, esas connotaciones hacen impostergables el ejercicio de potestades inmediatas por parte del Servicio Penitenciario Federal”. Y señala además que “ello sin perjuicio de informar a la autoridad judicial los fundamentos de la toma de decisión de emergencia para no incurrir en responsabilidad por abandono y otras”.

Gettar agrega que “ante la verificación de estas circunstancias de excepción ha de otorgarse prioridad en la toma de decisión a la opinión de los médicos penitenciarios por sobre circuitos judiciales que de privilegiarse por sobre la atención que elocuentemente parece agravar el riesgo de vida del interno”. Y ordena que “tengan a bien informar sobre el asunto a la brevedad previo a disponer diligentemente las medidas que la situación amerita”.

Cabe mencionar que el Servicio Penitenciario Federal, al que Gettar le hace los pedidos está siendo investigado por sospecha de falsificación de datos en un diagnóstico del genocida y excomisario de la Bonaerense Miguel Etchecolatz. Ayer martes, en la Cámara Federal de la Plata, se realizó una Audiencia Pública ante el pedido de la defensa del represor de que se le otorgue prisión domiciliaria.

María Victoria Moyano, nieta restituída por Abuelas de Plaza de Mayo y quien participó en la audiencia de La Plata, expresó a La Izquierda Diario que “es increíble que hoy tengamos que estar acá para decirle al tribunal por qué no deben otorgarle a Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria, cuando desde hace 40 años oculta toda la información que por su función de dirección en el circuito represivo sabemos que tiene y nunca ha aportado para que los familiares podamos llegar a la verdad. Hasta el punto de hacer declaraciones, con el cinismo que puede caracterizar a un genocida, acerca de que cuenta con información sobre el destino de Clara Anahi, la nieta de Chicha Mariani, que con sus 92 años sigue esperando encontrarla. Yo me pregunto ¿esto no es entorpecimiento de la investigación?”.

Quien también dio testimonio a La Izquierda Diario sobre este tema fue Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “A esta altura querer minimizar el genocidio poniendo en cuestión el número de víctimas es no tener en cuenta a las víctimas y querer sacarle responsabilidad al Estado”, dijo la emblemática luchadora. Y agregó que “miles pasaron por la ESMA, por Campo de Mayo. Recuerdo muy bien cuando en los 90 le hicimos un escrache a Etchecolatz en su casa de la calle Pueyrredón, desde el cuarto piso donde vivía nos arrojó soda caústica con agua. El otorgarles prisión domiciliaria a estos genocidas es avalar la impunidad”.







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