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Red Internacional

El gobierno nacional anunció la continuidad de la suspensión de clases presenciales por 21 días más en regiones como el AMBA, donde hay alerta sanitaria. Sin una política educativa y económica, y con medidas totalmente insuficientes, miles de estudiantes siguen quedando excluidos del acceso a la educación, sin datos, sin internet, sin herramientas básicas para conectarse. Mientras tanto, los grandes pulpos de las telecomunicaciones siguen abultando sus ganancias.

Jorgelina EstecheCongresal Suteba Morón | @EstecheJor

María Díaz ReckDocente y congresal de Suteba La Plata

Domingo 2 de mayo | 23:23

Imagen: La garganta poderosa

Hace poco más de 15 días, el gobierno nacional y provincial, definieron la suspensión de clases presenciales, en el marco de un enorme descontento de los trabajadores de la educación, que venían planteando la necesidad de volver a la virtualidad ante el avance de contagios y muertes por Covid 19.

La bronca se expresó en un importante paro docente en los distritos que dirige la oposición a Baradel, pero también en distritos donde conduce la agrupación Celeste, quienes una vez más se ubicaron como funcionarios del gobierno, sin llamar a una sola asamblea en toda la pandemia.

En la segunda ola de la pandemia sigue sin resolverse algo que debería ser un derecho, como es el acceso a internet y computadoras para los estudiantes.

“Las alumnas se conectan con un solo celular que es de la mamá” informa una preceptora, “profe hoy me pude conectar porque tengo datos, disculpe que siempre falto”. Estas historias se repiten por miles.

A fines del año pasado, UNICEF informaba que en Argentina “el 18% de los adolescentes entre 13 y 17 años no cuenta con Internet en el hogar y el 37% no dispone de dispositivos electrónicos para realizar las tareas escolares. Este valor aumenta al 44% entre quienes asisten a escuelas estatales”.

No se puede pensar la falta de acceso a internet y recursos, por fuera de cómo golpea la crisis económica y social a los niños y jóvenes.

El Indec confirmó en el mes de abril, que el 57,7 % de los niños y niñas (de 0 a 14 años) viven en condiciones de miseria. Se trata de 6,3 millones de menores que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, como el 49,2 % de los jóvenes de entre 15 a 29.

Estudiar por WhatsApp

En marzo, vecinos que integran los movimientos de la UTEP realizaron una encuesta educativa en villas y asentamientos de todo el país. Relevaron que la mayoría de los alumnos se conecta con la escuela con whatsApp, mientras que los que pueden hacer clases por zoom o meets son muy pocos, apenas el 14 por ciento.

El 76 por ciento de los alumnos mantienen el contacto con la escuela por whatsApp. Obviamente, esto está relacionado a que en los barrios no hay conexiones estables
Sólo 17 de cada cien chicos tienen una computadora o teléfono propio para conectarse a la escuela. En el mismo sentido, 66 de cada cien viven en hogares donde el único recurso es un celular de uso compartido.

Finalmente está el tema de la conectividad: entre los que se conectan con datos móviles (44%), los que tienen conexión fija pero con mala señal (15%)y los que no tienen ningún tipo de internet (18% por ciento) hay más de un 75 por ciento de alumnos con problemas graves de conectividad.

Un informe de septiembre 2020 del Observatorio de la Deuda Social Argentina referido a la “Situación de las infancias en tiempos de cuarentena” afirmaba que “ 31,5% de los hogares con niños/as no tienen conexión a servicio de internet en el Área Metropolitana del AMBA”.

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Mientras Cambiemos utiliza estadísticas para desprestigiar a la docencia y la escuela pública, en el marco que se lanzó la campaña electoral instalando “la grieta”, del otro lado nos encontramos con el ministro de Educación Nicolás Trotta que dijo en su momento: “donde hay más desigualdad tiene que haber más escuela” pero entre discursos y medidas sigue existiendo un abismo.

Axel Kicillof tampoco se queda atrás. Distintos editorialistas lo perfilan como el ala del gobierno que pide mayores restricciones en la circulación, pero el “quedate en casa” no alcanza, si no existen medidas profundas para la crisis social, económica y sanitaria que golpea fuerte en niños y jóvenes. Mucho ruido y pocas nueces.

Dime quien tiene el monopolio de las telecomunicaciones...

Para comprender la enorme desigualdad que existe en nuestro país a la hora de acceder a conectividad, tenemos que saber quienes garantizan estos servicios.

En agosto del 2020, a través del DNU 690/2020, el presidente Alberto Fernández declaró servicios públicos a la telefonía celular, internet y a la televisión paga. Junto con esta medida,se informaba que se iban congelar las tarifas de los tres servicios hasta el 31 de diciembre.

Las empresas involucradas son Telecom y Clarín, que ofrecen Cablevisión-Fibertel-Personal, Movistar y Telefónica, Claro de la multinacional mexicana América Móvil (su dueño Carlos Slim, es el más rico de México); y Telecentro.

Recordemos que bajo el macrismo, estas empresas aumentaron sus tarifas 326,3 % mientras la inflación promedio fue de 231,4 %, según estimaba CEPA. Pero esta tendencia de aumentos por encima de la inflación se mantuvo.

Como si no les falta curriculum entre las empresas más odiadas por los usuarios, son parte del listado de las 100 empresas más fugadoras de plata al exterior, bajo del macrismo: Telefónica fue la número 1 en el ranking, Telecom el 8, otras son Direc Tv y Telecentro.

Pero si vamos a hablar de monopolios en telecomunicación, hablemos del Grupo Clarín, que concentra ya la mayor parte del mercado: el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40%de la tv paga.

Con el DNU, los pulpos salieron a hacer declaraciones, hablando de “no ́poder sortear los costos” lo cual podría llevar a la falta de inversiones. En pocas palabras, una apretada pública.

¿La historia como sigue? A fines del 2020 anunciaron un aumento de tarifas que Enacom desmintió pero en enero este mismo organismo habilitaba el aumento del 5% mientras las empresas aplicaban el 20%, les dieron la mano y se agarraron el brazo.

El vicepresidente de Enacom ( Ente Nacional de Comunicaciones) , declaró esta semana: "Estamos con demandas cruzadas con el Grupo Clarín por el aumento no autorizado de enero" y "todos los días les aplicamos multas a Clarín, ahora de 19 millones de pesos por día". Y remató: "Habría que sacarle la pauta mientras no cumpla la ley".

Incluso, desde febrero de este año, estos grandes empresarios, lograron una cautelar a favor que solicitaba dejar sin efecto el DNU y la novedad es que la Cámara Federal suspendió por seis meses su aplicación.

Igualmente, en este contexto, en febrero se habilitó un nuevo aumento, del 7 %, para los servicios de telefonía fija y TV paga a aquellas empresas que posean menos de 100.000 clientes.

Es decir que el “congelamiento” del DNU duró un abrir y cerrar de ojos. Gestos para los empresarios y ataque al bolsillo para los trabajadores, con servicios pésimos.

El gobierno dice que los clientes deben desconocer los nuevos anuncios de aumento para el mes de mayo. Esta vez Gustavo López planteó que claramente “las empresas hacen lo que quieren”

¿Cómo no van a hacer lo quieren? En el marco del crecimiento de la crisis, se les sigue permitiendo aumentos en cuotas pero lo peor de todo es que se amenaza, pero no se toma ninguna medida que ataque directamente sus ganancias, para poner ese dinero a disposición de las verdaderas necesidades de los sectores populares.

Ningún gobierno cuestionó el esquema privatizador. En el caso de las telefónicas, lo que primó no fue el otorgamiento de subsidios, pero sí de negocios cada vez más rentables, y distintas fusiones, entre ellas la última durante el macrismo fue la fusión entre Telecom y Cablevisión del grupo Clarín

No solo se las benefició con grandes negocios, y en el caso de Clarín además con el subsidio de ATP durante esta cuarentena, mientras despedía a sus trabajadores de prensa, sino también con la flexibilización laboral y convenios altamente precarizadores.

Es urgente: liberar el servicio de internet y computadoras para todos

Entre las tibias medidas del gobierno, se entregaron tarjetas de conexión gratuita a internet para estudiantes y escuelas, en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. A su vez, el martes el presidente Fernández y el ministro Trotta anunciarán un plan de conectividad para alumnos y docentes de todo el país, que contempla la entrega de 700 mil notebooks. Algo totalmente insuficiente si se tiene en cuenta que en Argentina hay alrededor de 13 millones de estudiantes, en todos los niveles, exceptuando la educación universitaria.

En el marco de la pandemia, se necesitan tomar medidas de carácter urgente, para que los niños y jóvenes, empezando por los sectores de mayor vulnerabilidad, tengan acceso a la escuela pública y al uso del servicio de tecnología e internet para su disfrute.

Como se votó en las seccionales Multicolor de Suteba, exigimos conectividad gratuita y entrega de dispositivos para docentes y estudiantes. Mientras eso se garantiza, es necesario un bono extraordinario para docentes y becas para los estudiantes para hacer frente a esos gastos.

A su vez, desde la banca del Frente de Izquierda Unidad en la Provincia de Buenos Aires el diputado Claudio Dellecarbonara presentó un proyecto de ley para garantizar el acceso libre y gratuito a la conectividad virtual de estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo público de la Provincia de Buenos Aires durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

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En este marco, avanzar en la nacionalización de las telecomunicaciones, gestionadas por los trabajadores junto con comités de usuarios y técnicos especialistas, es una medida elemental para planificar el servicio en función de las necesidades de la mayoría y no del lucro empresarial.

La conducción de Suteba Provincia, que dirige Roberto Baradel, debe dejar de dar la espalda a las demandas más sentidas de la docencia y las familias, se necesita la convocatoria a asambleas para debatir de conjunto, el acceso a la conectividad y herramientas, la precarización que impusieron a docentes y los altos niveles de desocupación que no tienen respuesta, así como la necesidad de recuperar un IFE de mínimo de $40mil para las familias y dar solución a la problemática del acceso a la vivienda.

La necesidad de unir todas estas fuerzas, organizando y coordinando entre trabajadores ocupados y desocupados, es la perspectiva para imponer a los sindicatos la pelea por todos estas demandas. El triunfo de los trabajadores de Neuquén, muestra el camino.




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