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Red Internacional

El pasado jueves se llevó adelante un aberrante operativo policial en el espacio conocido como “El Hotelito”, dentro de la villa 31, donde desalojaron por la fuerza a una mujer junto a sus seis hijas e hijos. El desalojo del Gobierno porteño se realizó de tal manera que vulneró garantías basadas en los derechos humanos y en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Julieta LalamaTrabajadora del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes GCBA

Violeta Lavinia Equipo Técnico de Infancias y Adolescencias

Sábado 27 de febrero | 18:11

“El Hotelito”, utilizado históricamente como alojamiento transitorio de familias, es propiedad del Gobierno de la Ciudad. Allí se dispusieron distintas familias que no cuentan con una vivienda y para las cuales el estado solo tiene una respuesta: la represión. Acusada de “usurpación”, fue detenida una mujer de 37 años junto a sus seis hijos e hijas, quienes han sido sacados por la fuerza del inmueble, lo que se observa con claridad en las imágenes que circularon por las redes sociales.

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La policía de Larreta ha incumplido, una vez más, con graves vulneraciones a los derechos humanos y de las infancias.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones Unidas, considera que un desalojo forzoso es “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” (Ginebra, 1997). En este sentido, y como viene siendo el sello de la gestión actual tanto Nacional como de la Ciudad, se recurre al uso de la fuerza pública antes que a soluciones reales en las condiciones habitacionales por las que atraviesan miles de mujeres y niños y niñas.

La noche del jueves, se han incumplido con las numerosas condiciones que deben garantizarse a las personas que se encuentran en esta situación: no se ha brindado al grupo familiar una vivienda alternativa, se ha criminalizado la pobreza, se ha realizado en horas de la noche, se ha utilizado el hostigamiento, las amenazas y la violencia, sobre mujeres y niños y niñas.

Es importante mencionar que, se considera que los desalojos tienen graves consecuencias para las mujeres. Si bien, las desocupaciones acarrean efectos para todas las personas, son estas las que se llevan la peor parte, ya que son el objeto directo de la intimidación y el acoso. Además, que la falta de acceso a una vivienda, las deja expuestas a situaciones de violencia sexual y de otro tipo.

En los últimos días, han tomado estado público brutales situaciones de violencia de género y femicidios que involucran directamente a integrantes de las fuerzas represivas.

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No se trata de casos aislados, ni de responsabilidades individuales. El estado es responsable ya que legitima y reproduce múltiples formas de violencia de género, como la ocurrida en el Hotelito. Por esto es importante que, el próximo 8 de Marzo, seamos millones de mujeres en las calles para que la bronca se transforme en organización.

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes quedan solo en el papel.

La ley 114, en su Art. 18, dice “Es deber de la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad proteger la dignidad de niños, niñas y adolescentes impidiendo que sean sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio…”.

Lo sucedido en el Hotelito, nos recuerda la tortura y la violencia a que fueron expuestos muchos de las niñas y los niños que se encontraban en Guernica. La escena se repite, tanto a nivel local como nacional. El estado capitalista opera de este modo, reprimiendo a las infancias con el objetivo de resguardar la propiedad privada.

El operativo montado, se ha llevado adelante utilizando la más extrema violencia sobre los cuerpos, y las psiquis, de las niñas y niños que se encontraban en el lugar. Además, de ir en contrario con la normativa nacional, local y los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención de los Derechos del Niño donde se hace explicito el rol que deben cumplir los Estado parte en velar porque ningún niño, niña o adolescente sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se torna, necesario mencionar y, de este modo, visibilizar las situaciones de violencia que son cometidas por el Estado. Poner en primer plano, la forma en que los integrantes de las fuerzas represivas, y los funcionarios públicos, contribuyen en sus intervenciones activas o pasivas, a través de acciones o de omisiones, perpetuar (generar y sostener) la vulneración de derechos, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, tal como menciona UNICEF.

El Gobierno de la Ciudad ha incumplido sus obligaciones, poniendo en riesgo la vida y la salud de aquellos a los que debe proteger de modo prioritario. Una avanzada en este sentido debe poner a todas las y los que trabajamos con esta población, en estado de alerta y, repudiar activamente el avasallamiento de las infancias más pobres.




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