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Red Internacional

Tras la aprobación de la ley, el gobierno prepara su promulgación para que comience a implementarse esta semana. Se esperan "precisiones" en la reglamentación de la norma acerca de puntos claves: la objeción de conciencia, la gratuidad y el acceso a los distintos métodos, entre otras.

Sol Bajar @Sol_Bajar

Lunes 11 de enero | 12:50

A cargo de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Acorta; y de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; la reglamentación y promulgación de la ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), deberá concretarse esta semana, cumplidos los 10 días hábiles desde la sanción del Senado, el 29 de diciembre pasado.

Tal como anticipó ese día la senadora Norma Durango (Frente de Todos), la reglamentación de la ley incluirá los nuevos cambios que negoció el oficialismo con los sectores antiderechos para la aprobación definitiva.

Por eso, varias son las incógnitas que se abren en estos días previos a su difusión en el Boletín Oficial. Cómo será el seguimiento de los profesionales, establecimientos de salud, localidades y provincias donde haya objetores de conciencia (figura que habilitan los artículos 10 y 11 de la ley); cómo se garantizará la derivación en el sector público, el privado y las obras sociales cuando se trate de establecimientos o regiones que sean objetoras; cómo se garantizará el acceso gratuito a la IVE en los distintos niveles de atención de la salud y con los distintos métodos que permiten interrumpir un embarazo; qué sucederá con la definición de “salud integral” que incorporó la ley (como concepto para la causal que en el Código Penal habilita el aborto en los casos de riesgo “de salud”), son algunos de los interrogantes.

La ministra Gómez Alcorta fue, precisamente, quien se ocupó de anticiparlo hace pocos días al señalar que la implementación “va a depender mucho de las redes de profesionales que ya hoy existen”. “La ley es de alcance nacional pero la implementación puede costar en algunas provincias más que en otras”, dijo, y señaló como ejemplo aquellas que no tienen protocolos de acceso a los abortos no punibles, que ya tienen profesionales objetores o que prohíben la venta de los medicamentos que permiten la interrupción por vía oral (como el misoprostol y la mifepristona). Es el caso, por ejemplo, de provincias como Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, entre varias otras.

Asimismo, Alcorta ratificó que una vez que se promulgue la ley, “tanto los médicos, las médicas, como las personas, no van a estar cometiendo un delito y todas las personas que están imputadas en causas o condenadas por haber llevado adelante un aborto hasta la semana 14 de gestación serán sobreseídas”. Se aplica, advirtió, el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna, que en este caso señala que la interrupción en ese plazo no es un delito.

Podés leer: Presas y judicializadas por abortar: una realidad invisibilizada en todo el país

Un estudio difundido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Universidad de San Martín y las autoras de Dicen que tuve un bebé, María Lina Carrera y Natalia Saralegui Ferrant, señala que el universo de mujeres criminalizadas “por aborto” es enorme. Basado en datos de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional -que tiene a cargo estas causas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires-, el estudio mostró que actualmente hay al menos 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos.

La mayoría de las mujeres criminalizadas, además, son pobres: “no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen une o más hijes”. Otro aspecto que muestra el carácter de clase, advierten, es que en el proceso penal, la mayoría de las mujeres criminalizadas no accedió siquiera a una defensa particular y se vulneraron sus derechos.

Tras la sanción de la legalización del aborto en la madrugada del 30 de diciembre pasado, 10 días hábiles son necesarios para que la ley entre en vigencia y se implemente en todo el territorio nacional, haya o no haya reglamentación del Poder Ejecutivo. Los acuerdos tejidos entretelones por el oficialismo con los sectores antiderechos y las cúpulas de las Iglesias significaron más cambios para la ley que se aprobó. Y la reglamentación que se espera en estos días tiene, justamente, el objetivo de ratificarlos. Mantener el alerta y la movilización en las calles para garantizar que efectivamente la ley se aplique, que el derecho se garantice para todas las personas gestantes y no se impongan más limitaciones al acceso al aborto, será fundamental.




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