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Red Internacional

Se difundió un comunicado que plantea situaciones de violencia laboral y de género en el CONICET, ante las cuales el organismo respondió con sumarios a les denunciantes por “desacato a la autoridad”.

Martes 4 de mayo | 08:53

Lo que venía circulando desde hace tiempo, por debajo, entre les trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) tomó estado público en los últimos días: las autoridades del organismo respondieron con sumarios por “desacato a la autoridad” hacia trabajadores que habían denunciado situaciones de violencia laboral.

En una declaración emitida desde ATE CONICET se denuncia: “la persecución a compañeras tras denunciar violencia de género por parte de un investigador y el aval por parte de la Dirección del CCT CENPAT (Centro Nacional Patagónico); la denuncia realizada por más de una decena de investigadores y becaries por violencias en el CRILAR (Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja) que ha devenido en un sumario persecutorio e intimidatorio por parte de la entonces Dirección del instituto; las denuncias por violencias ejercidas por la Dirección del IIDEFAR (Instituto de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario) que culminaron con el cierre del Instituto sin sanción alguna para el denunciado por violento; y otros de similar índole. En las carátulas de estos sumarios se plantea el DESACATO A LA AUTORIDAD como concepto, figura poco adecuada a una institución científica y, menos aún, en período democrático.”

Llama la atención, por un lado, la gravedad de las denuncias que, como lo expresa el documento, corresponden a situaciones de violencia de género y abuso de autoridad en distintas dependencias ligadas al CONICET en territorio nacional. Y, por otra parte, la respuesta antidemocrática y extorsiva del organismo que criminaliza a les trabajadores denunciantes emprendiendo una persecución vía sumarios. Tras una situación de violencia laboral se responde con más violencia, esta vez ejercida por quienes cumplen cargos directivos en la agencia estatal.

Este tipo de prácticas que revelan la estructura verticalista y antidemocrática del CONICET se condicen con un estatuto promulgado durante la dictadura de Lanusse en 1973, que ante la carencia de un Convenio Colectivo de Trabajo propio del sector aún sigue vigente y regula los derechos y deberes de les trabajadores del CONICET (aunque tanto becaries como administrativos están omitidos en la mayoría de los artículos).

Violencia, más allá de los registros

Los 48 años transcurridos desde la sanción de este estatuto no han hecho sino profundizar muchos aspectos de la situación actual que, como se denuncia en el escrito de ATE, involucran incluso la apertura de sumarios por “resistencia a las decisiones ordenadas”. El crecimiento sostenido de los casos que reciben la CIOT (Comisión de Igualdad de Oportunidades y Tratos) y la oficina de atención al becario son una muestra de esta persistente violencia, aunque las estadísticas no están acompañadas de datos sobre la resolución de los casos tratados por estos organismos. De acuerdo a un informe presentado en el diario Perfil hace casi dos años, en la gran mayoría de los casos las denuncias implican distintas situaciones de violencia de género, como lo demuestra el hecho de que el 90% son realizadas por mujeres, e incluyen favores sexuales, prebendas que implican acoso sexual y abuso de poder.

El "Protocolo de actuación para la prevención, difusión y capacitación en situaciones de violencia en ambientes de trabajo", elaborado a puertas cerradas a les trabajadores, es cuestionable y no solo por el carácter antidemocrático de su elaboración. Plantea consideraciones contrarias a la organización obrera, por ejemplo, que la “formación de subgrupos radicalizados” es una consecuencia indeseable de la violencia laboral. Por otra parte, deposita el “tratamiento de los casos” en una Comisión Interdisciplinaria integrada por un representante de la Gerencia de Recursos Humanos, un representante de la Gerencia de Asuntos Legales y tres personas que acrediten experiencia y/o formación relativas a los derechos laborales y humanos con perspectiva de género, diversidad sexual y/o violencia laboral, "pudiendo ser los mismos investigadores del organismo o externos, o cualquier referente con estas características que el Directorio encuentre pertinente”. Es decir, deja por fuera cualquier tipo de representación obrera elegida por las bases y vuelve a concentrar las decisiones en la cúpula del organismo y en manos de “expertos” designados por el mismo Directorio.

Además, estos protocolos y comisiones ignoran el aspecto económico de las situaciones de violencia. Lejos de un cese y reparación de las víctimas, en la mayoría de los casos se recurre a un cambio en su lugar de trabajo como “solución”, lo que en la práctica implica la pérdida de años en el desarrollo del plan de trabajo y disminuye las posibilidades de mantenerse en un sistema competitivo y expulsivo. No existe presupuesto específico para atender las situaciones de violencia, por lo cual vale preguntarse qué tipo de solución se brinda, más allá de declaraciones de buenas intenciones.

Por otra parte, el comunicado de ATE CONICET, si bien visibiliza la situación, en principio se muestra impotente para enfrentar de manera integral las diferentes violencias que se viven en el organismo.

Contra la violencia de género, autoorganización, democratización y lucha

La violencia que registran los organismos y protocolos es solamente la punta del iceberg en un organismo donde, por ejemplo, la gran mayoría de les trabajadores de gestión administrativa están contratados bajo diferentes figuras de la precarización laboral y con salarios por debajo de la línea de pobreza. Y donde cerca de la mitad de les trabajadores (becaries doctorales y posdoctorales) son privados de sus derechos laborales básicos. La persecución hacia quienes denuncian violencia laboral es una faceta más de esta precarización laboral que se acentúa en las mujeres y disidencias y demuestra que las propias autoridades del CONICET están reproduciendo y legitimando dicha violencia.

Resulta imperioso democratizar el organismo, salir de la lógica de los expertos -cuasi “feminismo de ministerios”- y disponer de recursos verdaderos para atender las situaciones de violencia. Para ello, es necesaria la autoorganización de trabajadores de CONICET con instancias de coordinación locales y nacionales, por ejemplo, comisiones contra la violencia laboral y de género con delegades de base elegidos democráticamente.

Al mismo tiempo, desde la Marrón en CONICET exigimos que los sindicatos estatales se tienen que poner a la cabeza de estos reclamos y al servicio de les trabajadores afectades que se animan a denunciar estas situaciones. Para ello, es urgente incorporar en las agendas sindicales el reclamo de un verdadero presupuesto estatal para atender las situaciones de violencia laboral y de género e impulsar comisiones en todos los lugares de trabajo, junto a todas las medidas necesarias definidas en asambleas y plenarios para luchar contra la violencia laboral, la precarización y el ajuste en curso.




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