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Red Internacional

Un abogado platense denunció a Xavier Areses por el incumplimiento de una orden judicial que disponía el traslado de una persona detenida en la DDI de La Plata dadas las pésimas condiciones de encierro y hacinamiento.

Viernes 28 de mayo | 16:42

Un abogado de la ciudad de La Plata denunció al titular del Servicio Penitenciario Bonaerense Xavier Areses por los delitos de "tortura y desobediencia" al no cumplir el traslado de una persona privada de su libertad a una unidad penal, dada las condiciones en que se encuentran los calabozos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) ubicado en 61 entre 12 y 13, pleno centro de la ciudad.

Dicho traslado había sido ordenado por el titular del Juzgado de Garantías N°1 Guillermo Atencio el pasado 20 de mayo, quien exigió al SPB que aloje a la persona en "una alcaldía o en su defecto algún penal de la provincia, con preferencia en las cercanías de la ciudad de La Plata, por acercamiento familiar".

En la presentación judicial, el letrado afirmó que en dicha dependencia, la cual fue clausurada en varias oportunidades, "los calabozos no tienen baño ni agua, hay olores nauseabundos porque están tapados los desagües, los presos no pueden hacer sus necesidades fisiológicas, ni tomar agua ni bañarse o asearse sin tener que pedirle autorización a la imaginaria del calabozo", por lo que consideró que la persona detenida está siendo "torturada".

Cabe recordar que Areses fue responsable, junto al ministro de Justicia Julio Alak, de la brutal represión ocurrida en noviembre del año pasado luego de varios días de protestas en varias cárceles bonaerenses que pedían la vuelta de las visitas.

Hace pocos días la Corte Suprema de la Nación le ordenó a la justicia de la provincia que gobierna Axel Kicillof que actúe sobre el hacinamiento en las cárceles y comisarías bonaerenses, dictaminando que la Corte Suprema bonaerense es responsable de la sistemática violación a los derechos humanos que sufren las personas que se encuentran privadas de su libertad.

A partir de 2012, la cantidad de personas que son alojadas en distintas comisarías de la provincia aumentó un 426%, y alcanzó un pico de 5661 en noviembre del año pasado. Lo que deja al descubierto la crisis humanitaria, agravada con la llegada de la pandemia, que padecen las más de cien mil personas privadas de su libertad en todo el país y que no fue resuelta por ningún gobierno.




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