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DICTADURA

Denuncian en la CIDH la impunidad en Uruguay

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió al Observatorio Luz Ibarburu que planteó las amenazas del “Comando Barneix” y la inoperancia de la Justicia en causas de Derechos Humanos vinculadas a la dictadura.

Viernes 26 de mayo de 2017 | Edición del día

Durante la sesión 162 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Buenos Aires, se realizó este jueves la audiencia solicitada por el Observatorio Luz Ibarburu, organización que realiza el seguimiento de 305 expedientes judiciales referidos a casos de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

El Observatorio solicitó la audiencia en función de las amenazas del denominado Comando Barneix contra civiles vinculados a causas de derechos humanos y la falta de cumplimiento de la sentencia de condena al Uruguay en el caso Gelman. Esa sentencia obliga a Uruguay a remover todos los obstáculos que impidan el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y obliga al Estado a garantizar a las victimas sus derechos en materia de justicia, verdad y reparación.

Con respecto al comando Barneix no han existido avances en la investigación acerca de su accionar, situación similar a lo sucedido con el robo y atentado Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay [GIAF] acaecido hace más de un año. Estos hechos, junto a la comprobación de espionaje en el periodo democrático hablan de la impunidad reinante y el intento de amedrentar y silenciar a los denunciantes en las causas de DDHH.

El Observatorio planteó también las numerosas dificultades existentes a nivel judicial para avanzar en la investigación de las causas producto de la falta de voluntad política de parte del Estado.

Las cifras de la impunidad

A 32 años del retorno democrático solo hay procesados o cumpliendo su condena 19 represores (a los que se suman 7 ya fallecidos).

Si oficialmente se reconoce que casi 6000 personas pasaron por la Justicia Militar durante la dictadura, es decir que estuvieron presas y que fueron torturadas o sufrieron malos tratos y además hay más de 100 desaparecidos la cifra de menos de 30 responsables procesados muestra la magnitud de la impunidad y falta de justicia.

De los más de 300 expedientes penales, vinculados a la dictadura, el 70% no ha superado la indagatoria presumarial (no hubo siquiera el inicio del proceso). De las demás, un 23% han sido archivadas, 7% acumuladas a otros expedientes, 3% permanecen en etapa de sumario, 1% no se encuentran registradas, en 1% se declinó competencia, y solo un 3% recibió sentencia.

La actitud de los políticos del régimen heredero del Pacto del Club Naval da cuenta también del intento por dar vuelta la página y la voluntad de no avanzar hacia la verdad y la justicia. A la protección “militante” y explícita de blancos y colorado hacia asesinos y torturadores se le suma las señales que han dado los dirigentes del Frente Amplio en estos años. La visita de Mujica al represor Dalmao luego de su condena, el pedido de libertad para los “pobres viejitos” genocidas, la gestión de Huidobro como ministro protegiendo militares, entre otros hechos, dan cuenta de que el Frente Amplio tampoco está interesado en el avance de la verdad y la justicia.







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