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Red Internacional

Congreso Nacional. Del Caño: "Va a ser un presupuesto de ajuste, es hijo del pacto con el FMI"

El diputado nacional del PTS - Frente de Izquierda Unidad participó de la comisión que discute el proyecto de presupuesto 2023. Hizo una dura denuncia a los planes de ajuste y la subordinación al FMI. Mirá el video completo con su intervención.

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Jueves 20 de octubre de 2022 | 12:43

La comisión del Congreso que discute el proyecto de presupuesto del 2023 sesionó este jueves por la mañana, donde finalmente se emitió dictamen para su tratamiento el martes próximo 25 de octubre. Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, tomó la palabra para denunciar el objetivo de ajuste del presupuesto, para mantener la subordinación del país al FMI, contra las necesidades del pueblo trabajador como la pérdida de poder adquisito y recorte a partidas importantes.

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La intervención completa:

En primer lugar, este presupuesto claramente es hijo de del pacto con el Fondo Monetario Internacional que avalaron las dos fuerzas mayoritarias. Hay que definir que es un presupuesto de ajuste, ya no lo niegan ni los propios sectores del Frente de Todos que dice que es de ajuste, aunque hay que votarlo, que es el acuerdo con el FMI. Lo celebró Juntos por el Cambio, hemos escuchado a varias diputadas y Diputados lo que le escuché al diputado Laspina celebrar este presupuesto. López Murphy, que dijo que era un ajuste muy fuerte y alguien que sabe de ajuste. No nos engañemos, este presupuesto tiene este un ajuste muy fuerte.

Esta coincidencia de gran parte de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, es este sendero, que ya lo marcaron cuando aprobaron el acuerdo con el FMI para validar y reconocer la fraudulenta deuda que dejó el gobierno de Macri con el Fondo Monetario y los especuladores privados.

Lo que primero sale a la luz es que el mecanismo principal para llevar adelante el ajuste continúa siendo la alta inflación, es decir, así como lo denunciamos cuando se aprobó el acuerdo con el FMI, acá nuevamente si bien plantea una inflación punta a punta de 60%, y la inflación promedio del 76, ya el relevamiento que hace el Banco Central se actualizó, de las distintas consultoras, y dice que va a ser 90% de la inflación estimada para el año próximo. Hay distintas estimaciones, pero sabemos que es el mecanismo principal: dibujar el número de inflación en el presupuesto para luego este utilizarlo para licuar partidas fundamentales. La jubilaciones, la asistencia social, los presupuestos de educación de salud, lo que va a vivienda, el salario de los trabajadores estatales que ha perdido en los últimos años -contando este gobierno y el gobierno anterior- más o menos un tercio del poder de compra.

Tenemos un presupuesto que va a tener el gasto público en relación al PBI más bajo desde que empezó este siglo, baja de 18,9 a 17,7. Eso es en consonancia con la reducción del déficit de 2.5 a 1.9. La meta de crecimiento marca, algunos son dicen que es optimista el 2% de crecimiento, ya anémico, diciendo que más bien puede ir hacia una recesión combinada con una alta inflación.

La titular de Anses señaló como positiva la nueva movilidad jubilatoria y en realidad si vemos y descontamos los bonos, como el de 7000 pesos, es un reconocimiento de que esa fórmula no iba a mantener el poder adquisitivo a los jubilados, que ya es bajísimo: 50 mil pesos de jubilación mínima, por debajo de los límites de indigencia, es grave. El debate que se da acá está muy alejado de inclusive las estimaciones del presupuesto, las políticas que se plantean desde las coaliciones mayoritarias están muy alejadas de las necesidades populares. Pensemos en esos jubilados y jubiladas que no pueden comprar la comida, los remedios, no tienen para pagar el alquiler. Miren a las y los trabajadores, también el salario mínimo se pulverizó desde el 2015 hasta esta parte, una caída brutal del 35%, ni hablar los trabajadores informales.

Si tomamos la inflación desde diciembre del 2019 hasta hoy y la comparamos con los aumentos jubilatorios, la jubilación mínima va a perder, sin contar este bono (a partir de noviembre, y en diciembre no existe más) la jubilación mínima perdió 10 puntos, que ya era de indigencia, 14 puntos las dos jubilaciones mínimas.

Este gobierno que dice que defiende la educación pública; hay un ajuste brutal fuertísimo digno de López Murphy a las universidades, mínimo del 10%, pero si la inflación superase el 85% ese ajuste sería del 22%. Es la reducción del presupuesto en términos reales de las universidades públicas en la Argentina, con un gobierno que dice defender la educación pública que se dice nacional y popular, y en muchas otras cosas que dista mucho los hechos de las de las palabras.

No me quiero detener en muchos otros aspectos que ya hemos señalado cuando vinieron los ministros: lo que significa el recorte en Ambiente por ejemplo, también entre un 5 y un 20% en términos reales según cual sea la inflación, pero ya con el 60% mentiroso que dice el propio presupuesto es este va a ser de ajuste. El ministerio de las Mujeres Género y Diversidad también va a tener un recorte en términos reales de 10%. Además, es uno de los organismos que tiene menor presupuesto; alcanza el 0,2% del total.

Cuando vino el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo sobre el tema del comercio exterior y los dólares, que tuvimos de superávit fiscal alrededor de 33 mil millones de dólares desde el 2020, 2021 y hasta septiembre 2022. Esos 33 mil millones de dólares, según algunos estudios, gran parte de esos dólares se los entregó el Banco Central a las empresas, sobre todo a un pequeño puñado de grandes empresas que contrajeron deudas bajo el gobierno de Macri, a la vez que compraban dólares en ese momento. El Banco Central en vez de exigirles que usen esos dólares que compraron en aquel momento para saldar sus deudas, les dió el dólar oficial subsidiado.

El dólar soja: el presidente del Banco Central me dijo “no hicimos los cálculos de cuánto va a ser el costo del dólar soja”. El costo estimado si uno toma en cuenta que ingresaron 46 mil millones de dólares, el costo estimado son 380 mil millones de pesos. Algo así como 45% del presupuesto del Ministerio de salud, cuando tenemos a los trabajadores del hospital Garrahan reclamando por recomposición salarial, también a los concurrentes y recurrentes en la ciudad de Buenos Aires reclamando que se los reconozca y contra la super explotación a la que están que están sometidos, los bajísimos salarios, el pluriempleo: hubo una gran movilización unitaria en estos días en las calles en la ciudad de Buenos Aires unificando el reclamo de la salud que es en todo el país.

El dólar soja le cuesta a todos nosotros, al pueblo argentino, el valor de lo que equivale al 84% del presupuesto de salud de toda la nación Argentina. Ese fue el regalo que le hicieron a los que más tienen a los que más tienen, mientras siguen ajustando a los sectores populares.

Cuando vino el exministro de Trabajo aún en funciones, Claudio Moroni, además de no reconocer su rol pro-patronal en el conflicto de los trabajadores del neumático, que al final le torcieron el brazo, tuvo un argumento que se usa mucho de parte del gobierno para justificar estos ajustes: la herencia del gobierno de Macri, es verdad fue un gran ajuste, la pandemia, la guerra. Ahora lo que no mencionan es que hubo un crecimiento económico de 10,3% de la economía -algunos dicen que más- en el 2021. El cuentito de que la economía tiene que crecer para que el empresario gane y después derrame a los trabajadores se mostró falso porque nunca llegó al pueblo trabajador, se lo quedaron los grandes grupos empresarios.

Entonces tenemos uno de los pisos históricos donde de la torta total que se produce en el país, los trabajadores que son millones y millones reciben un porcentaje cada vez menor, alrededor del 40%. Mientras lo que esos grandes empresarios reciben aumentó, lo que se llevan de la torta total es el 50% o más. Acá hubo un fuerte crecimiento económico gracias al trabajo de los esenciales que se bancaron la pandemia. Según cifra de la CTA, la transferencia de ingresos desde el 2015 esta parte del 2018 a esta parte en de los asalariados hacia los grandes grupos económicos son 70.000 millones de dólares. Bajo este gobierno fue este crecimiento brutal donde se beneficiaron las grandes empresas y no los trabajadores.

El tema de los gastos tributarios: estamos de acuerdo en terminar con los privilegios de los jueces: no solamente que paguen ganancias, sino además que cobren lo mismo que cualquier laburante. Cómo puede ser que tengan esos beneficios. Hemos planteado un proyecto acá para que todos los diputados y diputadas cobren igual que un trabajador promedio, y que se termine con las jubilaciones de privilegio para presidentes, vicepresidentes, ex presidentas, ex vicepresidenta: terminemos con todos esos privilegios.

Ahora, el gobierno habló de esta separata muy poco, no se trajo a nadie acá de los que reciben las 500 principales empresas, que son muchas de ellas las que reciben estos beneficios. Fue un verso total poner la separata. Cuando se dan beneficios como el dólar soja, o cuando se votan acá retenciones cero hasta el 2031 para las grandes patronales automotrices, ninguna separata: lo votan a dos manos todas las fuerzas políticas, obviamente menos del Frente Izquierda. Pero cuando hay que tocar intereses a los empresarios dicen, ponemos una separata a ver si alguien lo quiere discutir y no se discute nada, ni viene nadie, ni van a cambiar nada, siguen la senda del ajuste.

Este presupuesto no va a plantear nada favorable a los trabajadores, va a ser un presupuesto claramente de ajuste y hay que plantear otras prioridades para poner todos los recursos en función de las necesidades populares.

Y por último le transmito una preocupación de los trabajadores que me vinieron a ver ayer, y ya me han venido a ver otras veces a diputadas y diputados de otros bloques, de la planta industrial de agua pesada de Neuquén, lo que me marcaron es que supuestamente por un compromiso que se hizo para poner a punto la planta para que empiece a producir este año deberían tener presupuestados alrededor de 12.000 millones de pesos, y en el presupuesto lo que hay presupuestado para la planta industrial de agua pesada en Neuquén son 3.900 millones de pesos, o sea menos un tercio, simplemente para que se incluya a los trabajadores.


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