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Inflación. "Dejé de comprar ropa" y "ajusté la alimentación": qué sacrifica la juventud para poder alquilar

En un mes los alquileres subieron más del 12%. El número impacta en millones de trabajadores, sobre todo en la juventud que sobrevive con empleos precarios y de muy bajos salarios. Vivir hacinados y en malas condiciones, comer menos y peor son algunas de las cosas que tienen que hacer para pagar el alquiler y te contamos en esta nota.

Juana Galarraga@Juana_Galarraga

Celeste Vazquez@celvazquez1

Jueves 31 de marzo | 17:36
Foto: Jóvenes se abrazan en la lucha por vivienda de Guernica, 2020 | Matías Baglietto

En apenas un mes los alquileres aumentaron más de un 12 % en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país los números no son mejores. Esto impacta fuerte en las economías familiares que ven deteriorarse cada vez más sus condiciones de vida, para poder pagar el alquiler de casas que muchas veces ni siquiera están en condiciones.

La Izquierda Diario preguntó a jóvenes, quienes en mayor medida sufren el desempleo, los bajos salarios y la precarización laboral ¿qué cosas tuvieron que dejar de hacer para poder pagar el alquiler? ¿Cuánto cobran y cuánto pagan por un techo?

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Diana tiene 28 años, trabaja 6 horas tercerizada en un call center. “Sin descanso” y con mucha persecución “en cuanto a no moverte ni para ir al baño”. “Alquilo una casa con 2 personas, incluyendo servicios cada uno pone 15 mil y cobro 45 mil. Fui dejando de hacer cosas de a poco, terapia, clases de kick boxing y la alimentación también la tuve que ajustar. Además de que no se puede tener ningún imprevisto, porque no hay plata extra”.

Aldana tiene 23 años. Paga 40 mil pesos por una casa de cuatro ambientes compartido con amigues. “Soy trabajadora informal, cuido nenes y hago limpieza. Cobro 21 mil pesos y tengo que pagar 13 mil de alquiler. Desde que me mudé dejé de comprarme ropa o voy directamente a feria americana, además de dejar de ir a fiestas o cumpleaños”.

Jazmín, 20 años. Trabaja jornadas de hasta 14 horas en la cocina de un restaurante que describe como “poco higiénico”. “Pago 27 mil de alquiler, incluidos servicios. Cobro 60 mil. Casi el 50 % de mi sueldo se va en los gastos de la casa, comida, etc. Somos cuatro personas. Tuve que dejar los estudios, mi familia, amigos de lado para llegar al alquiler”.

"Pagar el alquiler o comer", protesta de mujeres de Guernica sin vivienda, 2020 | Matías Baglietto

Agustina, 20 años, trabaja en call center, también tercerizada. “Cobro 40.000 pesos y destino el 20 % al pago del alquiler. Tuve que dejar de estudiar. Entre el tiempo y la plata se hace muy difícil llegar a fin de mes”.

Macarena, 29 años. Cuida personas mayores y hace trabajos de limpieza en condiciones precarias, sin registrar. “Pago 20 mil de alquiler más 2500 de impuestos. Cobro 25 mil y la cuota alimentaria de 30 mil. Destino mi ingreso completo, sacando de la cuota alimentaria para el alquiler y los gastos. Somos 3... Un adulto y dos menores”.

¿Sensaciones autoconstruidas culpa de diablos que se resuelven con terapia de grupo?

Esta semana el presidente volvió a tirar una frase que se prestó para meme, vinculada a la suba de precios. Después del anuncio del inicio de la guerra contra la inflación, llegó: “hay una inflación autoconstruida en la mente de la gente”. También acusó a “diablos” del problema. Remató con la propuesta de hacer terapia de grupo en el Consejo Económico y Social, entre empresarios y sindicatos.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que aún con la inflación que hay, no ve problemas con el salario.

Un día antes una trabajadora de una textil que fabrica camisetas oficiales de la selección argentina denunciaba en la puerta de su ministerio que cobra 200 pesos la hora: “Me están pagando 25 mil pesos, vas a un supermercado y qué te llevás por mil pesos, dos o tres productos…”.

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La vida de las mayorías se degrada a consecuencia del ajuste que avanza contra los salarios, las jubilaciones y la ayuda social, sin pausa. Mientras, unos pocos se llevan más ganancias. Los exportadores de soja alcanzaron su valor más alto en 10 años en febrero, mientras se desarrollaba el conflicto de Rusia con Ucrania. Los precios del poroto ya venían en alza en el marco de la reducción de la producción agropecuaria producto de los incendios y sequías en distintas partes del mundo. El inicio de la guerra los benefició más. Ahora trasladan los precios internacionales al precio de la comida y el Gobierno no tiene control sobre el comercio exterior, manejado por oligopolios privados.

Es lo que funcionarios totalmente alejados de las condiciones de vida de los y las de abajo, quieren tapar con el relato del “crecimiento”. Este lunes el Indec publicó los datos de pobreza de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Si bien hubo rebote económico y el desempleo bajó, el 37,3 % de la población sigue sin acceder a la canasta básica. La pobreza bajó 3 puntos con respecto al primer semestre del 2021, pero sigue más alta que la pre pandemia. El número de personas con necesidades básicas insatisfechas pasó de 11,3 millones en 2017 a 17,4 millones en 2021. La degradación se perpetúa más allá de los datos circunstanciales, que son solo una foto.

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Explica mucho sobre los alcances del tan mentado crecimiento y la baja del desempleo, que la mayor parte del trabajo que se generó en el último tiempo es monotributo -es decir la estafa del trabajo en relación de dependencia camuflado-, extremadamente precario o sin registrar. Así trabajan quienes viven en condiciones de hacinamiento o se debaten día a día entre comer o alquilar.

¿Qué más quieren las inmobiliarias?

En la casa de Aldana no hay estufas. “Ahora en invierno tendremos que comprar” dice. La casa de Jazmín, “se podría decir que está bien, pero siempre hay algún detalle de los cuales pocas veces los dueños se hacen cargo”. Diana dice que vive “un constante tira y afloje con los dueños y la inmobiliaria porque no quieren hacerse cargo de cosas que les corresponden”.

El próximo martes, el Gobierno acordó con Juntos por el Cambio comenzar a debatir en comisión una reforma a la ley de alquileres. La norma vigente fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y sancionada por el Senado en junio de 2020. Según la Federación de Inquilinos Nacional, “solo lleva un año en la práctica pero el incumplimiento es casi total por parte de las inmobiliarias y los rentistas”.

Organizaciones de inquilinos reclaman su cumplimiento, porque su derogación o suspensión significaría dejar sin ningún tipo de regulación el mercado de alquileres. Si los propietarios y las inmobiliarias ya hacen lo que quieren… ¿qué más piden?

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Lo que reclaman es modificar la ley para bajar el plazo de los contratos de tres a dos años y pasar la actualización del alquiler anual a semestral. No les alcanza con la ley actual que no regula los precios y ata los montos de los alquileres a la inflación, en un mercado dolarizado. Por eso pudieron subirlos, como a los alimentos, muy por encima de los salarios, que en 2021 acumularon cuatro años de caída en su poder de compra. Los propietarios y las inmobiliarias no perdieron con la inflación. En Capital Federal, algunos alquileres aumentaron un 75 % el último año. No hay sueldo que aguante.

La casa propia: un sueño que no existe

Fedra es docente. “No tuve que sacrificar nada para pagar el alquiler pero la imposibilidad de adquirir una vivienda propia limita los planes que pueda hacer. Trabajo en educación pública en la provincia de Buenos Aires, en "blanco", con más de dos cargos”.

Según organizaciones de inquilinos e inquilinas, en Argentina hay entre 8 y 9 millones de personas que alquilan como ella, sin posibilidad de acceder a una casa. Este problema coexiste con el déficit habitacional, que afecta entre 3 y 4 millones de hogares, conformados por unas 15 millones de personas (según datos de Apymeco), que habitan casas precarias o que no tienen un techo. Según datos de empresarios de la construcción, hay un sector de la población que alquila casas en buenas condiciones, por lo cual no está contada dentro del déficit habitacional. La población propietaria que no sufre ningún problema habitacional es una minoría.

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Mientras, la política del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, son líneas de créditos como el Procrear, que permiten que solo un sector de la clase trabajadora con condiciones más estables, pueda acceder a una casa. No hay ningún tipo de política para los sectores más precarios que enfrentan el déficit habitacional, que no sean los desalojos y la represión a las luchas por tierra para vivir. Tampoco hay crédito barato verdaderamente masivo, pensado para quienes dejan la mitad de su salario en un alquiler.

Joven mujer en la lucha por vivienda de Guernica, 2020 | Matías Baglietto

El problema de la vivienda, así como de los alimentos, se agravará con las políticas del Fondo Monetario Internacional, que entre otras condiciones exige una alta inflación en el acuerdo que acaba de firmar con el Gobierno. Eso explica las declaraciones de funcionarios tan alejadas de la realidad y su coincidencia con la oposición de derecha en el Congreso para buscar más vías de ataque al salario, como están rosqueando a través de una mayor desregulación del mercado de alquileres. Gobiernan para defender los negocios, planifican la poca obra pública y el crecimiento de las ciudades para favorecerlos. Por eso solo los empresarios y terratenientes ven el “crecimiento”.

Se llama ajuste y es lo que viene haciendo el Frente de Todos desde que asumió. El Gobierno, que viene de destinar más plata a pagar la deuda ilegal e ilegítima (que tanto criticó en campaña), que a combatir a la pandemia, ahora impulsa un proyecto que busca recaudar dinero de los fugadores para pagarle al FMI. ¿Por qué no usan esos fondos para cubrir las necesidades sociales, como la vivienda, en vez depagar la estafa macrista?

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Bajo el cogobierno del FMI, los problemas habitaciones de millones se agudizarán. Movilizarse para romper con el Fondo, a través del desconocimiento soberano de la deuda externa, es una medida urgente, junto con otras medidas básicas que propone el Frente de Izquierda Unidad:

  •  Realizar un inventario nacional de vivienda ociosa, identificando las que pertenezcan a los grupos empresarios inmobiliarios o desarrolladoras millonarias y obligarlos a ceder al Estado las propiedades en esa condición.
  •  Impuesto progresivo a la vivienda ociosa que vaya a un Fondo para la integración socio urbana de asentamientos precarios y villas.
  •  Plan de obras públicas controlado por trabajadores y trabajadoras, para que, mediante el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, se pueda dar salida al problema de la falta de empleo y de un techo digno para vivir, en un ambiente sano.




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