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Red Internacional

Una provincia rica con trabajadores pobres. Declaración: "Hay que terminar con la Jujuy de los poderosos"

La histórica votación al Frente de Izquierda puso de manifiesto el hartazgo de un enorme sector del pueblo contra los políticos tradicionales que defienden a los empresarios. El 25% obtenido por Alejandro Vilca hizo que por primera vez un trabajador sea diputado por la provincia de Jujuy. Este enorme paso, tiene que servirnos como puntapié para impulsar una fuerza militante que lucha por transformar la provincia de raíz. Para ello, planteamos algunas de las medidas que se deberían imponer con la organización y lucha del pueblo trabajador.

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Viernes 2 de septiembre | 20:34

Reproducimos la declaración del PTS en el Frente de Izquierda - Jujuy.

Trabajadores pobres y grandes terratenientes y empresarios millonarios

Los trabajadores de la salud están en lucha porque sus ingresos no llegan a la mitad de la canasta básica (108.590 pesos a junio). Es solo un ejemplo de la situación salarial en la provincia. El promedio de los ingresos de los y las trabajadoras de Jujuy es un 20% más bajo que el nacional. Aquí uno de cada tres trabajadores con trabajo, busca otro empleo porque con uno no alcanza. Es la provincia que tiene el mayor porcentaje de trabajadores con empleo que buscan otro de todo el país. Un contratado en la municipalidad cobra 45.500 pesos, el Salario Mínimo Vital y Móvil. El estado es el primer precarizador.

Esta situación debe terminar. Ningún trabajador debería estar por debajo de lo que vale la canasta familiar para que nadie tenga que pasar hambre o superexplotación con más de un empleo, mientras miles están desempleados y viven de la llamada “economía popular” que incluye a nada menos que 120.000 personas en la provincia. Y el salario debería ser ajustado por inflación mes a mes. Se trata de impedir que quienes trabajan sin descanso, atienden hospitales, las escuelas, mueven los ingenios y trabajan la tierra, lleguen al mínimo que les permita cubrir el costo de una canasta familiar y no lo pierdan con la inflación desatada. Al mismo tiempo en las grandes empresas se debe reducir la jornada de trabajo para generar trabajo genuino y organizar un plan de obras públicas controlado por los y las trabajadoras con el mismo fin, construyendo viviendas, escuelas y hospitales.

El gobierno se jacta de contar con superávit fiscal. En el primer trimestre fue de 5.700 millones de pesos. No hay grandes secretos. El superávit se basa simplemente en el retraso salarial de los estatales y municipales. Si se hubiera usado el superávit en esos meses los salarios podrían haber aumentado un 30%. Pero el gobierno dispuso en ese momento solo un 10%. Hay salarios que solo llegan al Salario Mínimo Vital y Móvil. Ahí y solo ahí, está la magia del “orden” en la administración. La provincia, muestra sus cuentas en orden (que no lo están como veremos) en base a la miseria de quienes trabajan. No hay ninguna magia ni destreza en la administración del gobernador, sólo una política de ajuste sobre quienes menos tienen.

El trabajo en negro es moneda corriente. En el sector privado es del 52%. 9 de cada 10 jóvenes trabajan en negro. Todo trabajador que está no registrado debe poder pasar a ser de planta por su sola declaración y con garantías de estabilidad laboral. En el Estado se debe respetar la antigüedad y categoría al momento del ingreso a planta permanente. Toda empresa que despida por ese motivo debe ser estatizada y puesta a producir por sus trabajadores.

Los bajos salarios no vienen sólo del estado. El salario de los privados registrados también es un 20% menor al promedio nacional. Mientras, seis grandes empresas facturan el 82 % de toda la industria manufacturera de la provincia, ellas son: Ledesma SA (Familia Blaquier), Minera el Aguilar SA (recientemente adquirida por el grupo Vila Manzano),. Minetti SA (actual propietaria: Holcim SA de capitales suizos), Ingenio Rio Grande SA (grupo Carcagno-Jorge), Cooperativa Tabacalera de Jujuy (Control de grandes tabacaleros asociados a China) y Aceros Zapla SA (grupo Taselli).

El campo en el siglo XIX

En el campo los empresarios y terratenientes imponen la informalidad laboral porque les permite hacerse de mayores ganancias. Hay estudios que indican que a nivel nacional el nivel de informalidad en el trabajo rural asciende nada menos que al 65% de los trabajadores, casi el doble que el promedio general. En el reparto de la renta, de todo lo producido, para los trabajadores solo queda el 13% del total cuando a nivel general en el país supera el 40% (habiendo bajado en los últimos años cuando bordeaba el 50%).

El nivel de precarización es tal que miles de trabajadores rurales, solo prestan tareas y reciben ingresos, medio año o menos. Por ello deben migrar, vivir de changas o trabajo en negro. La Ley 26.727 sobre el trabajo rural, impulsada por el gobierno kirchnerista, mantuvo la figura del trabajador temporario, y agregó como gran logro la figura del “permanente con prestación discontinua”. Gracias a eso, el empresario está obligado a mantener la relación laboral durante todo el año, aunque haya meses donde no se trabaje. Sin embargo tienen el derecho empresarial a no abonar un centavo durante ese período donde miles quedan a la buena de Dios. En caso de despido para su indemnización se tomará en cuenta no su real antigüedad sino los días efectivamente trabajados, aunque no haya sido su responsabilidad no prestar tareas.

Al mismo tiempo la ley permite el trabajo a destajo por lo que es de suponer que los ritmos aumentan en los meses que se trabaja, para poder hacerse una “reserva” para cuando finaliza la temporada. El combo de bajos salarios, trabajo a destajo y temporario, y el tipo de trabajo donde se levantan bolsas de hasta 30 kilos, es explosivo, sobre los cuerpos de los trabajadores. Es necesario imponer el control de los trabajadores, comisiones de seguridad e higiene con plenos derechos para que no se hagan más tareas que llevan a la “rotura” de los trabajadores luego de algunos años de trabajo. No puede haber al mismo tiempo, un mes donde no se garantice el ingreso. Los bonos de interzafra tienen que ser generalizados y aumentados en su monto.

Pero la perspectiva tiene que ser terminar con el trabajo por temporada. No es una cuestión de la naturaleza que el trabajo sea discontinuo, sino del monocultivo que imponen los grandes empresarios y terratenientes. ¿Quién dijo que tiene que haber grandes extensiones de monocultivo de naranjas, limones, tabaco o caña de azúcar?

Ante la discontinuidad laboral se debe dar un bono interzafra como medida de emergencia. Pero es necesario de fondo hacer una reconversión productiva para garantizar que se produzca en función de las necesidades de la población, que se produzca todo el año, buscando además minimizar el impacto sobre el medioambiente. Esto debe ser impuesto y controlado por los propios trabajadores. En los grandes ingenios como Ledesma, que deja a 1000 trabajadores de los 3000 que hay en el Citrus sin acceso al trabajo, se debe reducir la jornada laboral, sin rebaja salarial, para que no quede ninguno trabajador sin ingresos.

Las tabacaleras declaran emplear a 13.000 trabajadores pero hay miles más en negro. Las condiciones de trabajo son deplorables, jornadas de sol a sol, respirando químicos, con enfermedades respiratorias y de la piel, y ceguera, que son moneda corriente. Las ganancias en manos de grandes monopolios se fugan. Encima reciben el Fondo Especial del Tabaco que este año es de $7287 millones y en su mayor parte queda en manos de los grandes productores que tienen un vínculo directo con el poder político. Si se provincializaran estas grandes extensiones en manos de los grandes terratenientes, productores y acopiadoras (Cooperativa de Tabaco de Jujuy, Alliance One y Massalin) y de otras ramas, sería una fuente de ingresos para todo proyecto de uso del suelo y producción que saque al pueblo trabajador de la miseria. De esta forma se puede terminar con el desempleo, desarrollar un plan de obras públicas, viviendas en los barrios rurales y dar servicios de calidad que hoy no existen.

Esta es la situación del campo y la concentración de la tierra, en el marco de la precarización más grande.

Seis grandes terratenientes poseen el 45 % del total de las tierras con valuación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario rural. Ellos son:

1. Ingenio Ledesma SA 157.556 hectáreas
2. Ingenio La Esperanza SA 64.219, de las cuales 35.000 pertenecen al Estado provincial tras la venta del ingenio al grupo Budeguer.
3. Minetti SA 30.000 hectáreas
4. Ingenio Rio Grande SA 26.563 “
5. Forestal del Norte SA 24.700 “
6. Familia Bracamonte (Costelo-Spar) 24.544

Esta situación de los trabajadores rurales se basa en la complicidad de la dirigencia de la UATRE. A cambio su Sec Gral, José Voytenco recibe un ingreso de 4.700.000 pesos por mes.

El nuevo negocio o la gran estafa

El litio promete ser un gran generador de divisas, está en la mira de los grandes monopolios internacionales y sus Estados. El precio subió un 420 % este año respecto al 2021. Las mineras hacen fraude declarando un precio menor de sus exportaciones para llevarse los dólares. Sales de Jujuy declara ventas por un valor de 23.000 dólares la tonelada cuando en el mercado se compra a 71.000. Así millones de dólares no ingresan al país. Ahora, el estado, luego de denuncias penales en la provincia de Catamarca impuso un precio de exportación de 53.000 dólares. Ya no se puede robar tanto, pero ahora ya es legal. Además de esto, las retenciones se limitan a un irrisorio 4,5% y las empresas no pagan ingresos brutos. Es necesario frenar ese saqueo de dólares y la estafa al Estado. Hay que imponer el control de los obreros y comunidades originarias sobre la producción.

Evitar así las maniobras para llevarse una parte de los dólares de las exportaciones y pagar además menos impuestos. Ese dinero no puede fugarse o ir a los bolsillos de los grandes empresarios. Este debe ser el inicio de una pelea de fondo por la estatización de las mineras, reorganizarlas bajo una administración de trabajadores y comunidades originarias junto a técnicos y profesionales solidarios. Se debe establecer un esquema de extracción que minimice el impacto sobre los salares y desarrolle la industrialización local del mineral.

Un caso sirve de ejemplo. Las ganancias de Sales de Jujuy para este año podrían llegar a los 510 millones de dólares. Esta cifra equivale al 12 % de toda la riqueza generada en Jujuy durante un año. Si la minera fuese estatizada bajo administración de obreros y comunidades planificando el uso de la ganancia se podría realmente disponer de la riqueza de esta mina. Por ejemplo, un 20% de esas ganancias se podrían destinar a mantener y renovar las maquinarias. El 80 % restante a obras públicas. En este caso los fondos alcanzan para construir 9.792 viviendas de 5,5 millones de pesos cada una y generar miles de puestos de trabajo genuino. Pero Morales proyecta construir tan solo 1568 viviendas entre 2021 y 2023. Hay riqueza en la provincia, ¿no? El problema es que los gobiernos dejan que se la fuguen unos pocos.

En el transporte urbano de pasajeros los empresarios tienen un negocio formidable

La mitad de los ingresos de las empresas de transporte público provienen de boletos y la otra parte de subsidios. En la capital el boleto lo aumentan por decreto tres veces al año. En 2021 subió un 88% cuando la inflación fue del 50%. La ganancia las empresas no la reinvierten provocando el vaciamiento y el empeoramiento del servicio. Además no cumplen con el pago en tiempo y forma a los choferes. Y tampoco con las frecuencias en los barrios populares. Hay que frenar esta estafa. Un servicio público no puede ser negocio. Se debe retirar la concesión del servicio capital y crear una empresa de transporte municipal, administrada por trabajadores y usuarios, donde se planifique un servicio que llegue a todos los barrios, con boleto accesible al bolsillo popular y que la ganancia sea reinvertida en nuevas unidades. Este debe ser un ejemplo para reorganizar de esta manera el transporte en toda la provincia.

Morales con ayuda del PJ en la Legislatura hipotecó la provincia

El gobierno de Morales tomó una deuda en dólares de 622 millones. Esto al día de hoy elevó la deuda total a más de 100.000 millones de pesos. Equivale al 52% de los ingresos del presupuesto de este año. Es mentira que con los ingresos del Parque Solar Cauchari se pueda pagar. Esos fondos apenas alcanzan para pagar los intereses de los créditos. El punto crítico será en 2023 cuando vencen más de 243 millones de dólares que hoy equivalen a $32.000 millones de pesos y los ingresos del Parque rondan los $4.500 millones por año. La deuda es impagable. El destino es una nueva reestructuración del “bono verde” a costa de pagar intereses usurarios del 8% en dólares cuando en el mundo las tasas están en 2,25 %. La otra alternativa es un ajuste brutal sobre el pueblo trabajador. Hay que desconocer las tasas de interés usuarias y declarar al conjunto de la deuda como odiosa ya que fue tomada sabiendo que con las condiciones pactadas no había posibilidades de pagarla. De forma tal que el Parque Solar pueda ser utilizado para darle tarifas eléctricas accesibles al conjunto de la población. En vez de destinar, integralmente los ingresos que genera al pago de esa deuda.

Tarifazo a pedido de Ejesa

Las tarifas de la luz son las terceras más caras del país. Y el gobierno autorizó un tarifazo con subas del 200 o 300 por ciento. Todo a pedido de Ejesa. Y ahora se viene otro tarifazo autorizado por el gobierno nacional. Esto pese a que la provincia cuenta el Parque Solar Cauchari que produce el 75% de toda la energía consumida en la provincia (709.014 Mwh). Sin embargo, se vende la energía a la distribuidora nacional (Camesa) para poder pagar el crédito en dólares con tasas de interés usurarias. Junto con la quita de subsidios que hace el gobierno nacional y provincial más la suba de las tarifas (25% solo provincial) aplican un duro tarifazo al bolsillo del pueblo trabajador. Cauchari debería ser administrada por los trabajadores y usuarios que definan el destino de los fondos como parte de reorganizar el sistema energético en función de las necesidades sociales. Esto implica estatizar EJESA y crear una empresa única provincial que unifique la producción y distribución de energía a precios accesibles y que lleguen a todos los barrios y localidades.

La UNJu ante todos estos atropellos al pueblo trabajador y saqueo de las riquezas de Jujuy guarda un silencio absoluto

Las autoridades ligadas orgánicamente al PJ reproducen el lugar de socios de Morales y los grandes empresarios que tiene su partido en la provincia. Firman convenios con el grupo Ledesma, Cámara del Tabaco o las mineras a las cuales le ayudan con el “instituto del litio” que funciona en Palpalá. El conocimiento científico en manos de los empresarios no es más que una herramienta para mejorar sus ganancias a costa de la explotación de la clase trabajadora y la destrucción del medio ambiente. Hay que disputar a las autoridades el rumbo que le dan a la Universidad. Peleando por poner de pie un movimiento estudiantil junto a los trabajadores que apoye cada uno de sus reclamos, uniendo fuerzas en las calles, como parte de crear acuerdos de colaboración donde el conocimiento sea puesto en función de las necesidades del pueblo trabajador. Por ejemplo, se pueden diseñar esquemas de prevención de los accidentes laborales y mejorar las condiciones de trabajo, controlar las maniobras contables de las empresas para evadir impuestos o no invertir como en el transporte, planificar la producción en el campo en función de garantizar empleo todo el año y el cuidado de la naturaleza, estudiar el impacto ambiental de la minería y el litio en particular sobre salares y cuencas, proponer la implementación de métodos alternativos de menor impacto en la extracción de litio, entre tantas otras formas de desarrollar una inteligencia común, entre estudiantes, profesionales y trabajadores, capaz de reorganizar la economía y la sociedad en función de las necesidades de las mayorías.

Un régimen policial

Como no podía ser de otra manera, para hacer esto en la provincia se necesita de un régimen policial y autoritario. Hoy existe de hecho un partido único liderado por Morales, con un vice del partido de Massa y el apoyo incondicional del PJ de Rivarola que como se sabe no es más que un socio menor del radicalismo. La designación a dedo de los jueces tuvo su nuevo capítulo en la designación de tres nuevos miembros del Supremo Tribunal en un acuerdo entre la UCR y el PJ.
Se trata de un régimen que persigue a las organizaciones sociales con allanamientos ilegales, que dirige la justicia para amedrentar y no duda en usar la represión contra quienes salen a reclamar por sus derechos. Peleamos por derrotar al régimen anti democrático, su policía y su justicia adicta. Defendemos las libertades democráticas pisoteadas por Morales con la complicidad con el PJ. Somos parte de esa pelea unitaria aún con quienes se niegan a denunciar o apoyan al gobierno nacional que ahora tiene a un amigo de Morales en la cima del poder. Pero lo hacemos desde una posición independiente, exigiendo a los sindicatos dirigidos por el peronismo que rompan con su subordinación al gobierno y convoquen a un paro provincial contra las persecuciones y por el salario. En esa pelea, llamamos a la coordinación de los sectores en lucha (Salud, Seom, desocupados) y apoyar toda pelea por recuperar los sindicatos.

Organizar una fuerza política militante

El FITU logró en las últimas elecciones un histórico 25% de los votos y Alejandro Vilca, trabajador, recolector de residuos llegó al Congreso de la Nación. En San Salvador este porcentaje llegó al 29%. Son miles y miles que se identificaron con esta fuerza de trabajadores y una expresión de rechazo al Jujuy de los poderosos. Sin embargo con esto no alcanza. Ellos “votan todos los días” como se vió en la designación de Massa como superministro, de hecho con más poder que el propio presidente. Con corridas cambiarias, especulación con la liquidación de las cosechas, impusieron medidas en beneficio de los grandes bancos y terratenientes. Es mentira que con el voto cada dos años, el pueblo define los destinos del país. Tampoco a nivel provincial. Logramos tener diputados que levantan nuestros reclamos y apoyan nuestras luchas pero es imposible cambiar de raíz el país y la provincia más que con la lucha de los y las trabajadores y el conjunto del pueblo.

Para ello impulsamos las Asambleas Abiertas del PTS y el Frente de Izquierda, para que cientos nos organicemos para dar peleas cotidianas. Para recuperar los sindicatos en manos de la burocracia sindical y convertirlos en organizaciones de lucha de todo el pueblo, para unir a ocupados y desocupados, para recuperar los centros de estudiantes y que sean una herramienta para poner en pie al movimiento estudiantil, levantado una salida propia de los trabajadores para Jujuy y para todo el país como venimos planteando, cuestión que lograremos cuando gobernemos los trabajadores. Para ello hay que construir una herramienta política militante, que impulse la lucha por el socialismo revolucionario desde abajo que solo conseguiremos con la lucha más decidida contra los grandes empresarios y terratenientes.

Se necesitan poner en pie organismos de auto organización y coordinación de los y las trabajadoras y una estrategia que a diferencia de lo que sucedió en los 90 que no se centre solo en una lucha por demandas mínimas sino que planteé una salida para reorganizar el país y la provincia en función de las necesidades de la mayoría trabajadora y popular. No se trata solo de voltear gobiernos como hacían los municipales conducidos por el SEOM de los 90 para vengan otros parecidos, sino de luchar para que sean los trabajadores mismos, los que reorganicemos todo, de arriba hacia abajo, para tener el control sobre los recursos y las riquezas, sobre la producción y el cultivo para terminar con la explotación, conquistar tiempo para vivir nuestras vidas plenamente, sin opresión de ningún tipo. No hay nada que impida este objetivo. Solo se precisa una organización política socialista y revolucionaria poderosa, y la voluntad de los y las trabajadoras de organizarnos democráticamente para luchar por ello.


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Jujuy    Política



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