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Red Internacional

39 años después de iniciada la guerra, serán indagados seis exmilitares argentinos por la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Están acusados de haber torturado a soldados conscriptos de su tropa durante el conflicto bélico.

Gloria PagésHermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Viernes 2 de abril | 14:12

La causa por las torturas durante la Guerra de Malvinas es una de esas que podemos parafrasear como “monumento a la impunidad”. Como siempre sucede en estos casos, es la perseverancia de las víctimas, la lucha incansable a pesar de los innumerables obstáculos que el poder judicial y los distintos gobiernos pusieron en el camino, los excombatientes se abrieron paso y lograron que un grupo de militares tuviera que sentarse en el banquillo de los acusados.

Al momento hay solo cuatro militares procesados, 26 imputados y cerca de un centenar de acusados. Es la Fiscalía Federal de Río Grande, a cargo de Marcelo Alejandro Rapoport, la encargada de llevar adelante esta investigación por torturas de las que fueron víctimas 22 jóvenes conscriptos en el ámbito de actuación del Regimiento de Infantería N° 5, dependiente de la III Brigada de Infantería, asentado en la Isla Gran Malvina. La causa (Nº 1777/07, caratulada "Pierre Pedro Valentín y otros sobre delitos de acción pública") está parcelada y es se circunscribe a lo ocurrido en ese Regimiento, ya que las denuncias por tormentos y torturas ascienden a más de cien.

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A pocos días de un nuevo aniversario de la Guerra, serán indagados por videoconferencia seis militares en el marco de esta causa. Se trata de Edgardo Parada, Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Jorge Guillermo Díaz, Emilio Samyn Duco, Horacio Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiri, que fueron citados entre el 13 y el 22 de abril para dar cuenta de los crímenes cometidos contra los solados a su mando.

Todos los conscriptos denunciaron haber sido estaqueados y enterrados en la intemperie helada de las islas, método brutal y habitual de tortura durante el conflicto con Gran Bretaña.

El año pasado, el 18 de febrero, la jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego) Mariel Borruto procesó, sin prisión preventiva, a los militares del Ejército argentino Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini por torturar a los soldados bajo sus órdenes durante la guerra de Malvinas y encuadró los delitos como crímenes de lesa humanidad.

A Garde se le imputaron dieciocho hechos, a Affranchino Rumi dos (uno de estaqueamiento y el otro de enterramiento de soldados), a Gassino el enterramiento de cinco soldados, y a Calderini el estaqueamiento de dos.

En una sentencia de más de 70 fojas, la jueza Borruto sostiene que hubo un "despliegue" por parte del "Estado terrorista de acciones de inteligencia y psicológicas contra las víctimas de torturas, por medio de los que montaron el aparato de impunidad".

Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), querellante en esta causa, explicó a Télam que "De esta forma, a los soldados que sufrieron torturas los obligaron a callar".

Uno de los hechos que se está tratando es el enterramiento de cinco soldados por sacrificar una oveja para comer, mientras que otro se refirió a la muerte de dos soldados durante esos vejámenes.

Con las indagatorias que habrá en abril, aún quedarían por declarar otros ocho exmilitares de los citados en 2018 y que quedaron en la nada.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, que en febrero último cuestionó a la jueza Borruto por la lentitud en el trámite del expediente, se mostró conforme con la medida, aunque reiteró que con estos tiempos procesales la causa "va camino a la impunidad".

El Cecim, que interviene en el juicio en calidad de querellante, había sostenido en un comunicado que al "ritmo actual", el caso necesitaría "311 años para llegar a un juicio, que con suerte podría llegar a celebrarse en el año 2300".

El derrotero de la “causa Malvinas”

En 2007 se empezaron a presentar denuncias de torturas en una causa que se sigue en Río Grande.

La mayoría de esos testimonios relatan escalofriantes tormentos. Sufrieron congelamiento de los pies por la humedad y el frío del terreno, desnutrición, estaqueamiento, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos por haber dejado sus puestos para salir en busca de la comida que escaseaba entre los soldados.

Silvio Katz, uno de los conscriptos que realizó las denuncias, apuntó directamente contra su oficial Flores Ardoino. En una entrevista a Página/12 de abril de 2012 relató que a él y otros soldados Ardoino les “sacó lo que habíamos comprado para todos y nos estaqueó. Era como Túpac Amaru sin caballos. Ponen cuatro estacas en el suelo y te ponen con los brazos y las piernas estiradas a diez centímetros del suelo. Veinte grados bajo cero y vos con calzoncillos y una remera de manga corta.
Y te dejan horas. A mi compañero, porque era ‘rebelde’, le puso una granada en la boca que si llegaba a escupirla volábamos los dos. Y a mí, por ser judío, me hizo orinar por mis compañeros”.

En 2015, la Corte Suprema pretendió coronar la impunidad y rechazó el último intento de los excombatientes de Malvinas para que se juzgue a quienes torturaron a los soldados durante el conflicto bélico de 1982.

Pero no se dieron por vencidos.

Frente a este blindaje judicial, desde el Cecim señalaron en ese momento que se quería “imponer lo que no pudieron hacer los militares durante la dictadura, que es silenciarnos”. Y agregó que el Cecim tiene “más de 125 denuncias y no vamos a dejar que queden impunes”.

Los excombatientes apelaron este fallo de la Corte ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteando una denegación de justicia por parte del Estado argentino. A partir de estos documentos se puede plantear una pelea más fuerte para que de una vez por todas se considere el carácter “imprescriptible” de estas vejaciones sufridas por los soldados en Malvinas a manos de los mismos que el continente torturaban, secuestraban y asesinaban.

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Ese mismo año, en 2015, se desclasificaron los archivos de Malvinas y se entregaron 700 actas de las Fuerzas Armadas a la Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas, lo que permitió presentar pruebas irrefutables para iniciar el recorrido judicial que con lentitud pasmosa ahora va permitiendo procesar a algunos militares.

A 39 años de la Guerra de Malvinas, hacemos nuestro el reclamo de los excombatientes y decimos que el reclamo de juicio y castigo a los militares cobardes que capitularon ante las tropas inglesas y torturaron a los soldados argentinos, sigue más vigente que nunca.

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