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Red Internacional
La Izquierda Diario

En este nuevo año del dossier de Ideas desde la Universidad nos proponemos abordar debates importantes del movimiento de mujeres y la diversidad. Esta es una primera entrega donde desarrollaremos nuestra perspectiva de la relación entre el movimiento de mujeres y el Estado.

Ana FlorínPolitóloga UBA - @anihall_

Jueves 25 de marzo | 23:39

El 8 de marzo miles salimos a las calles. Los motivos para movilizarse sobraban. El caso de Úrsula encendió la bronca contra los femicidios y evidenció, una vez más, la responsabilidad del Estado con todas sus instituciones. En las calles y en las redes se leía “me cuidan mis amigas, no me cuida la policía” junto a las denuncias a la justicia que decidió no actuar frente a las 18 denuncias realizadas.

Los derechos se conquistan en las calles

Ese día, se realizaron convocatorias para movilizar con cuidados sanitarios y distanciamiento social. En varias provincias se hizo presente el reclamo por la real implementación de la interrupción del embarazo, aprobada gracias a la lucha del movimiento de mujeres. También estuvo presente la denuncia a la precarización laboral, como sucedió en Rosario, donde la movilización tuvo como protagonistas a las pibas del call center Hey Latam en lucha. Ellas marcharon junto a cientos de estudiantes que, pese al freno desmovilizador de las conducciones de sus centros, salieron a las calles organizadxs. Maestras y trabajadoras de la salud encabezaron también el reclamo por condiciones de trabajo, aumento de salario y denuncia a las conducciones sindicales que negocian a sus espaldas, que las aprietan e intentan impedir su lucha. Y también fueron protagonistas las mujeres de Guernica y Los Ceibos que siguen exigiendo su derecho a una vivienda digna.

Los días previos al 8 de marzo un debate recorrió el movimiento de mujeres en nuestro país. Las organizaciones feministas que integran el gobierno de Alberto Fernández plantearon que ese día era suficiente presencia simbólica en las calles y canalizar las demandas de las mujeres en la tarea de los ministerios, especialmente del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual. En algunos casos, llamaron a paros simbólicos sin movilizar y reprodujeron el consejo de cada comunicado oficial de “quedarse en casa”, como en el caso de la Unión de Trabajadorxs de la Educación (UTE). En Foetra convocaron a algunas asambleas, para el 10 de marzo, pasada la convocatoria de la movilización.

Durante el último año vimos diversas marchas de la derecha que pusieron de manifiesto - una vez más - que las calles son un escenario de disputa política. Ante esto, resulta aún de mayor importancia no abandonarla, esta idea que puede resultar evidente no lo es para muchxs. No lo es ante tanta propaganda gubernamental de quedate en casa, con la política persecutoria de las burocracias sindicales que varios sectores autoconvocados empiezan a cuestionar y la política de centros de estudiantes y federaciones para pasivizar a lxs estudiantes, por oposición o abstención de participar de movilizaciones.

Fue la bronca en las vísperas del 8 de Marzo, luego del femicidio de Úrsula, la que volvió a poner en cuestionamiento que nadie podía quedarse de brazos cruzados en sus casas. Con los cuidados necesarios por la pandemia, las calles volvieron a convertirse en ese lugar en donde nos convertimos en sujetos políticos, como en 2015 cuando gritamos por primera vez NiUnaMenos o en 2018 cuando la marea verde inundó el Congreso. Esta vez, el grito ponía el eje en los casos de violencia, debido a que en lo que va del 2021 son más femicidios que días. Nuestro escenario predilecto siempre fueron las calles. Ahora no puede ser la excepción.

¿Qué decimos cuando afirmamos que el Estado es responsable?

En los últimos años resurge con fuerza un movimiento de mujeres que crece en todo el mundo. En cada país se identifica con las peleas más sentidas, los reclamos históricos, la violación sistemática de derechos elementales para las mujeres. La crisis capitalista que adquiere diversas expresiones también expone a situaciones de vulnerabilidad mayores a las mujeres, niñas y trabajadoras. Los Estados se vieron desafiados a reasignar recursos y determinadas concesiones para contener un malestar creciente que pone en jaque la idea que estemos atravesando “el siglo de las mujeres”, esa idea impulsada por varios organismos en pos de terminar con la desigualdad. Sin embargo, los números hablan de que, bajo este sistema, es un objetivo que se encuentra muy lejos de poder alcanzar: según fuentes de la ONU, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres y una de cada cinco niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza.

Los datos nos muestran que mientras que en muchos países se incorporan mujeres a cargos de poder dentro del gobierno y se toman medidas que aumenten la representatividad política dentro de las distintas instituciones del Estado, siguen estando de fondo los problemas estructurales que afectan y condicionan la vida de miles de millones de niñas, mujeres, travestis y trans. Entendiendo que la falta de acceso a la vivienda, salud, trabajo, educación, alimentación y diversas problemáticas no son problemas individuales, la búsqueda de responsables nos lleva centrar nuestra atención en el Estado.

En Argentina, desde el movimiento de mujeres nos enfrentamos cara a cara con el Estado cuando planteamos que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito era una cuestión de salud pública, donde se garantizara la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos, el acceso a anticonceptivos de manera gratuita y la implementación de la educación sexual integral en todos los niveles, que en muchas provincias no se implementa por lobby eclesiástico y sus alianzas con las gobernaciones. El planteo de Ni Una Menos sin trabajo también nos pone cara a cara con un Estado que deja que las patronales actúen, dejando a muchísimas mujeres sin trabajo. La violencia de género no es la excepción: sólo de la policía bonaerense hay 6000 agresores denunciados por violencia, de los cuales el 80% siguen en funciones. Uno de cada cinco femicidas somete a sus víctimas con un arma reglamentaria, es decir pertenece a algunas de las fuerzas represivas. A lo que se suma una justicia que le da la espalda a las denunciantes, la falta de presupuesto para los albergues para mujeres en situación de violencia, falta de oportunidades laborales para las mujeres que por dependencia económica no pueden irse de sus hogares, entre muchos otros motivos.

Esta discusión en torno al Estado surgió nuevamente ante el femicidio de Úrsula. Las representantes del gobierno nacional planteaban que el eje no había que ponerlo en el ejecutivo sino que había que ponerlo solamente en la justicia. Esta posición se enmarca dentro de una perspectiva de conjunto que pretende encauzar y solucionar todos los reclamos de las mujeres y la diversidad a través del Estado. La creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual, a cargo de Elizabeth Gomez Alcorta, fue anunciado en su momento como el gran solucionador de los problemas de las mujeres y la diversidad. Por un momento parecía que la multiplicación de organismos, oficinas y mesas de enlace era la respuesta mágica a reclamos profundos e históricos por los que miles nos manifestamos hace años. Pero la magia dura tan poco como el chiste del presidente sobre haber terminado con el patriarcado. Si vemos de cerca el presupuesto destinado para este ministerio fue de $832.257,2 millones el año pasado, pero para el área de violencia de género se habría ejecutado en 2020 un 46% [1]. Mientras se estima que hay alrededor de 100 refugios para mujeres en situación de violencia -donde hay provincias enteras que no tienen ninguno-, el anuncio de la construcción de catorce nuevos en todo el país se choca de lleno con la realidad. En el 2020 hubo 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans [2] y 108.403 llamados recibió la línea 144 por casos de violencia durante el primer año de pandemia, un número que creció en relación a los recibidos durante el 2019 [3].

La famosa brecha entre el "dicho" y el "hecho" se ensancha día a día bajo este gobierno. El mismo 8 de marzo, mientras miles nos movilizamos en Capital Federal, la ministra de géneros y el presidente, se daban la mano con Gildo Insfrán. Ante el reclamo de la impunidad de la policía bonaerense luego del caso de Úrsula, Sergio Berni y Axel Kicillof respondieron con la entrega de patrulleros a esa misma fuerza. Mientras el peronismo a nivel nacional se quiere adjudicar el triunfo del movimiento de mujeres de la ley de ILE, en provincias dónde gobiernan los amigos de Fernández como Manzur declaran provincias enteras como "provida".

Ante este panorama, lo que nos propone hoy el gobierno de Alberto Fernández son medidas aisladas y un plan de incorporar tan sólo 14 refugios en todo el país. La apuesta del feminismo pro gubernamental de creación de secretarías y todo tipo de organismos burocráticos en sí mismo, ya está mostrando que, al menos, es una respuesta insuficiente. Si bien creemos que para la erradicación de la violencia machista, es necesario ponerle fin al sistema capitalista que se retroalimenta de la opresión de las mujeres, también sabemos que hay medidas que podrían tomarse en lo inmediato, tales como la creación de puestos de trabajo para las mujeres víctimas de violencia, ocupar todas las viviendas que hoy están vacías para convertirlas en refugios, plan de viviendas, ayuda económica de emergencia.. Los femicidios son el último eslabón de una larga cadena de violencia que se reproduce en muchísimos ámbitos, que el Estado no intervenga es una decisión política.

La importancia de definir aliadxs y adversarixs en nuestras batallas

Señalar la responsabilidad del Estado es central para denunciar cuales son nuestros enemigos. O varios, que son parte de la órbita estatal. Sin organizar la bronca y la fuerza del movimiento de mujeres independiente del Estado, es imposible que podamos arrancar los derechos que nos corresponden, el presupuesto para destinar a medidas paliativas elementales contra la violencia machista (como la creación de refugios, de puestos de trabajo, de capacitaciones y becas de estudio). Señalar con claridad la responsabilidad del Estado muestra que en cada episodio de violencia en la vida de una mujer hay una cadena de responsabilidades en las que estas instituciones llevan la mayor parte.

El patriarcado es una forma milenaria de opresión que tiene su origen previo al capitalismo y sobrevive al día de hoy con rasgos específicos en el capitalismo, por ende a sus clases dominantes. Esto genera una serie de desigualdades que vemos a diario: accedemos al mundo laboral en condiciones de mayor precarización y flexibilización, las tareas del cuidado de niñxs y adultxs mayores recaen principalmente sobre las mujeres ahorrando a las empresas (y al mismo Estado) ese gasto, entre otras muestras de desigualdad. El capitalismo y el patriarcado son dos sistemas que se entrecruzan y retroalimentan permanentemente, por lo tanto no podemos pensar las batallas que nos proponemos de manera separada. La enorme pelea que nos proponemos quienes reivindicamos la lucha anticapitalista (y socialista) parte de señalar la responsabilidad del Estado para poder saber quienes son nuestrxs aliadxs y adversarios en esa pelea y despliegue una estrategia radicalmente transformadora. Creemos que eso se puede lograr a través de la organización de las mujeres junto a quienes hacen funcionar al mundo, la clase trabajadora. Si no lo hiciéramos, estaríamos eludiendo la preparación para un combate serio: no sólo para conquistar cualquier derecho sino, especialmente, para poder terminar de una vez y para siempre con toda forma de opresión y explotación.

Hoy el movimiento de mujeres, compuesto por múltiples organizaciones de mujeres, identitarias, de la diversidad, de trabajadoras, populares, entre otras, está llamado a debatir con urgencia hacia dónde debe apuntar sus fuerzas y objetivos. Todos los espacios generados desde abajo en los lugares de trabajo como pueden ser las comisiones de mujeres, en una facultad o en un colegio, en el barrio, son un medio indispensable para organizar nuestras fuerzas, con el fin de arrancarle derechos al Estado. El camino de esa organización que nos proponemos, nos sirve para hacer una experiencia directa con los sindicatos, los centros de estudiantes y todo tipo de organizaciones de masas exigiéndoles que tomen nuestros reclamos en sus manos y fortalezcan esas peleas y que cada paso que damos en ese sentido nos fortalece. Sin embargo, sabemos que muchas veces nos dan la espalda por sus alianzas con el gobierno, la iglesia y otros sectores que se ubican como enemigos de las mujeres.

Sobre esa organización cabe preguntarnos ¿qué alianza estratégica puede construir el movimiento de mujeres para conquistar derechos elementales? ¿qué enemigos tenemos por delante para no limitar nuestra lucha a la pelea por más derechos? Acompañarnos, generar espacios de formación, de intervención común, son fundamentales, pero sin poner en el centro el combate contra el principal responsable de las penurias y oprobios que sufrimos las mujeres, nuestro numeroso movimiento será impotente para transformar de raíz, de una vez y para siempre, la realidad que nos colmó de hartazgo.

Si bien el Estado es el garante y reproductor de la desigualdad sobre la que se asienta este sistema de explotación y opresión, creemos que es quien puede -y debe- dar respuesta a esa multiplicidad de reclamos. Al encarar esta pelea por todos los derechos que nos faltan, vemos una oportunidad de que las millones de mujeres y jóvenes que actualmente no comparten la perspectiva que levantamos, puedan hacer una experiencia propia con todas esas instituciones que sostienen a este régimen y a partir de ahí proponerse terminar con ellas para ponerle a los oprobios, poniendo en valor no solamente nuestra propia fuerza sino también nuestrxs mejores aliadxs para esa perspectiva.

Por el pan y por las rosas

El feminismo socialista que nos proponemos construir es un feminismo revolucionario de la clase trabajadora se propone pelear por cada derecho que podamos arrancar al Estado al tiempo que tiene como perspectiva la organización común de oprimidos y explotados en el camino de su emancipación, para lo cual es indispensable cambiar de raíz el mundo en el que vivimos. Un mundo capitalista que se apoya y alimenta en el patriarcado, y en los siglos de opresión de género, para dividir a la clase trabajadora y explotar aún más a las mujeres y personas LGBT.

Por eso sabemos que el patriarcado no se va a caer por su propio peso, ya que se sostiene y retroalimenta del sistema capitalista para reproducirse. Para realmente atacar sus cimientos, al patriarcado y el capitalismo los tenemos que tirar de conjunto con una organización consciente y colectiva, junto a aquellxs que se encuentran en los lugares estratégicos para afectar los principales resortes de la economía capitalista, y por ende el corazón de este sistema.

Intentamos hacer carne esta perspectiva frente a las diversas peleas que nos propone el movimiento de mujeres y la lucha de las trabajadoras: allí venimos planteando la posibilidad de hacer comisiones de mujeres en los lugares de trabajo, de trabajo y los barrios para organizarnos alrededor de distintos reclamos como la violencia. Tomamos como referencia a las madres que pelean por vivienda mientras ven cómo se aleja cada vez más la posibilidad de costear un alquiler, que como en la lucha de las valientes mujeres de Guernica se enfrentan al gobierno y su desalojo orquestado por Berni y Kicillof, al grito de: “ya no hablamos más: ahora gritamos, para que nos escuche quien nos tenga que escuchar”.

También son un ejemplo las docentes y trabajadoras de la salud que hace más de un año están en la primera línea de enfrentar la pandemia; las mujeres de LATAM que se organizan contra los despidos, para que no haya más familias en la calle. Al igual que las mujeres que trabajan en sus hogares y sobre quienes recae una doble jornada laboral, junto a las que hacen malabares para llegar a fin de mes, como las jóvenes que que tienen trabajos precarios y muchas veces no pueden mantener sus estudios, pero se organizan y pelean por sus condiciones de vida. Como vemos por ejemplo en Rosario, donde las laburantes precarizadas junto a sus compañeros tomaron el call center Hey Latam para ponerlo a producir sin patrones, y participaron masivamente de las acciones por el 8 de marzo.

De la vereda de enfrente, existen algunas mujeres poderosas como Christine Lagarde o Kristalina Georgieva, que son responsables de generar las crisis y los ajustes a la clase trabajadora y el pueblo pobre, en donde se encuentran las mujeres y personas LGBT sobre las que recae con más fuerza la miseria de este sistema. Dejando en claro como el género muchas veces nos puede unir, pero en última instancia nos termina separando la clase.

Si bien sabemos que el camino que nos proponemos es desafiante, esas experiencias nos llenan de fuerzas para ser parte de esa pelea. En ese camino, creemos que una de las principales tareas sigue siendo unir la pelea de aquellos y aquellas a quienes el capitalismo y el patriarcado se empeñan por fragmentar permanentemente. En esa alianza entre trabajadoras y trabajadores formales e informales, precarizadxs, desocupadxs, estudiantes junto con las mujeres y las personas lgtb+, está la fuerza necesaria para arrancarle a este sistema todos los derechos que nos faltan, hasta que logremos tirarlo abajo con el objetivo de construir un mundo en donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

Con este debate nos proponemos hacer un aporte para pensar las peleas que tenemos por delante, nos encontramos intercambiando sobre estos temas día a día con compañeras de cursada, docentes, amigas, hermanas con quienes compartimos el odio a este sistema, la bronca por cada piba que es víctima de violencia machista, la fuerza de cada laburante que defiende su puesto de trabajo, de cada mujer que está al frente de vivienda para su familia. Además de encontrarnos en las calles, en cada lucha, nos proponemos debatir sobre la estrategia que finalmente nos lleve a conquistar el pan y también las rosas.






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