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Red Internacional

UNIVERSIDAD.Debate: ¿Nueva Ley de Educación Superior o profundización de una política neoliberal?

El 21 de mayo se comenzó a tratar la nueva Ley de Educación Superior, con ausencia de docentes y estudiantes de la comunidad educativa. Realizamos un debate con los contenidos expuestos por los rectores universitarios.

Juliana YantornoSocióloga UNLP

Matías BusiEstudiante de Sociología de la FAHCE y referente de la Juventud del PTS

Domingo 30 de mayo | 23:00

La vigente ley sancionada y promulgada en 1995 bajo el gobierno de Menem no logró su máximo objetivo: la privatización y el arancelamiento total de la universidad, debido a las múltiples luchas protagonizadas por los docentes y estudiantes durante los años 90 con movilizaciones, tomas de facultades y un abrazo al Congreso para impedir la votación de esta ley.

Lo que los distintos gobiernos han permito es el avance en la elitización y mercantilización de la universidad a través de la acreditación de carreras en la CONEAU, arancelamiento con los posgrados pagos, ingresos eliminatorios, modificaciones de los planes de estudios con una orientación marcada por las necesidades del mercado, y floración de convenios con grandes empresas. En un intento de profundizar estos retrocesos, esta nueva LES viene a desarrollar aún más los elementos mercantilistas que atraviesan la educación superior.

Si bien aún no hay un proyecto de ley armado, ya todos los rectores adelantaron cuáles son sus intereses y negocios: poner la universidad al servicio de las necesidades del “sector productivo”; reconvertir los contenidos según las necesidades del mercado; recortar los planes de estudios para obtener títulos “menores”; y reducir el sistema de acreditación pasando de un sistema de crédito por carrera a una acreditación por universidad.

Un 60% de los estudiantes se queda afuera de la universidad

La reunión comenzó con Néstor Pan, presidente de la CONEAU, proporcionando los crudos datos de deserción: “Las tasas de abandono hoy son récord. En el conurbano bonaerense, en el primer año casi un 60% de los alumnos abandonan, con una baja en la tasa de graduación en un 22%.”

Estas cifras, que las propias autoridades reconocen, dan cuenta de la realidad que atraviesa hoy a los jóvenes, a los que cada vez les es más difícil continuar sus estudios. Con la pandemia se profundizaron los índices de desigualdad social. Particularmente en la juventud el 50% está por debajo de la línea de pobreza y la desocupación trepó al 25%, llegando al 29% hasta los 29 años.

Sin embargo, como venimos desarrollando en Ideas de Universidad, las autoridades universitarias ya vienen profundizando una orientación expulsiva. En el último tiempo se profundizó el desfinanciamiento, el ahogo presupuestario, el recorte sobre las becas que da la universidad y por ende, una reproducción a escala de la precarización de la educación.

El Gobierno Nacional es parte de este ataque, no sólo recortando los fondos, sino también rechazando miles de becas Progresar que, a pesar de tener montos miserables, permitirían a decenas de miles de jóvenes acceder a un mínimo ingreso para pagar sus estudios o un plato de comida. “Recibase quien pueda” parece ser el lema de la universidad pública.

Una profundización en la mercantilización de la educación

Todos los rectores y legisladores presentes en la comisión coincidieron en un eje central: avanzar en poner la universidad al servicio del mercado, con la excusa de que esto resolvería la ausencia de salida laboral que hoy afecta a millones de jóvenes. Así, Ernesto Villanueva, Rector de la Universidad Arturo Jauretche, planteó que el problema actual de la universidad consiste en la amplia matriculación, pero con contenidos que “no favorecen la inserción laboral de los egresados”. Buscan convertir así en ley lo que hace tiempo intentan instalar discursivamente: “necesitamos una Universidad más competitiva”. En la misma línea, Gastón O´Donnell, Rector UCES, argumentó en este sentido: “Hay que superar la desconfianza entre el mundo académico y el productivo- empleador”.

Este intento de avance sobre nuestra educación se da en el marco de una crisis económica, social y sanitaria de magnitudes históricas. En el marco de la crisis internacional profundizada por la pandemia, Argentina está sometida nuevamente a las directivas del FMI, tras el préstamo más grande de la historia de este organismo. Una deuda ilegal e ilegítima, que define los límites de cualquier plan económico. La pobreza alcanzó al 44,2% de la población, y la desocupación llegó a la alarmante cifra del 28,5 % en el 2020.

En este contexto es que nos quieren hacer creer que la falta de salida laboral se debe a un problema de “competencias” en nuestra formación. Cuando los que salimos a buscar trabajo todos los días sabemos la realidad: las empresas despiden, precarizan, reducen horas, cierran ilegalmente y suspenden trabajadores, mientras que el gobierno no hace más que respaldarlas y garantizar que sus ganancias no se vean afectadas. Que la “vinculación de la universidad con el mercado” traerá mejoras es una gran estafa, cuyas consecuencias ya conocemos.

No nos extraña que la mercantilización de la universidad sea parte de esta orientación social de conjunto, que beneficia a los organismos multilaterales de crédito, a las grandes corporaciones multinacionales y locales, y le quita derechos sistemáticamente a las grandes mayorías. Esta orientación educativa impulsada por el Banco Mundial, es un calco de lo que le tocó sufrir a la juventud durante los noventa, orientada por las mismas directivas.

Esta relación con el sector “productivo” ni siquiera se piensa alrededor de las necesidades actuales. Por ejemplo, mientras miles de estudiantes de carreras de la salud no pueden finalizar sus prácticas a causa del colapso sanitario y la ausencia de recursos, y los y las trabajadoras de la primera línea están sobrecargados por el impacto de la segunda ola, al Gobierno ni siquiera se le ocurre centralizar el sistema de salud para contar con todas las camas y recursos disponibles. Esto ya sea para terminar de formar nuevos profesionales de la salud, como para que no mueran personas esperando una cama por no poder pagarla, como sucedió con Lara, joven de 22 años de Santa Fé.

Actualmente, el sistema científico nacional se encuentra diezmado, en una economía cada vez más atada al capital extranjero. Los recursos científicos, tecnológicos, e intelectuales del país que hoy se destinan a aumentar las ganancias privadas, deberían ponerse a disposición de enfrentar la crisis en curso. Las grandes farmacéuticas que aumentaron exponencialmente sus fortunas en el último año, se beneficiaron del conocimiento generado durante décadas, muchas veces en universidades públicas como las nuestras. Para nombrar un ejemplo, Argentina cuenta con la capacidad científica e intelectual para producir vacunas tal como ya se hace en el laboratorio de Hugo Sigman. Este laboratorio debería ser declarado de utilidad pública, y gestionado por los propios trabajadores y profesionales para acelerar notablemente la velocidad de vacunación. En este sentido, la “productividad” no es el problema. El debate es en torno a quién se beneficia.

Tan noventa que duele: reconvertir y recortar contenidos

Otro punto importante abordado en la reunión fueron las consecuencias que esta orientación hacia la universidad implica en los hechos. Los distintos rectores expusieron sobre que la reorientación de la educación al servicio del mercado implicaría adecuar los contenidos de las carreras a las competencias básicas requeridas por este,y acortar tanto los planes de estudio como las acreditaciones de la facultades. Es así como Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Arturo Jauretche afirmó: “La Universidad, si tiene algún sentido, es formar en las cuestiones básicas, en competencias, con títulos de grado un ‘poquitin menores’.”

En síntesis lo que intentan lograr es el recorte de los planes de estudio para hacer carreras “básicas” en la que se obtengan títulos medios, devaluando los títulos de grado y fortaleciendo los posgrados pagos para una ultra minoría.

Quieren una universidad fragmentada y estamental. Con universidades de primera, de segunda y de tercera, en la que se obtengan “títulos menores”. Tal como desarrollamos en la revista Ideas de Izquierda N°41, retomando a Juan Carlos Portantiero, existe una contradicción de fondo operando en la Universidad latinoamericana, que es la que deriva de los desajustes entre la creciente masificación de la enseñanza superior y las dificultades que enfrenta el sistema para dar a los estudiantes, una vez egresados, una vía de ascenso social [1].

Los rectores y autoridades de la universidad, peronistas y radicales, están reconociendo las contradicciones de la universidad de masas en el capitalismo: para el capital ya se transformó en una institución costosa materialmente, que forma una enorme cantidad de mano de obra que no llega a ser absorbida por el sistema
 [2].

La resolución de los rectores frente a esta contradicción es fragmentar la universidad, para volverla “funcional” a las condiciones del sistema económico argentino y a la reducción del presupuesto destinado a la educación, ya que para el empleo no registrado, que abarca al 35 % de los asalariados, no se requiere una gran calificación. Esta es la razón de fondo por la cual los distintos gobiernos y autoridades universitarias reiteran la hipocresía de mostrarse “preocupados” por la caída en la absorción de la mano de obra calificada.

La opción es fragmentar a los propios estudiantes según el sector social del que provengan: nada proponen para el 60% que se queda afuera; los que antes recibían un título de grado y ahora tendrán "títulos un poquitín menores"; y el sector que puede, una “elite de clase media”, podrá estudiar, además, posgrados pagos con mayor reconocimiento. Divide y reinarás.

Este “achicamiento” de la universidad también traería consecuencias sobre el trabajo docente, quienes durante la pandemia han visto una precarización enorme, duplicando o triplicando sus horas de trabajo, costeando ellos mismos la conectividad y los dispositivos y con salarios de miseria. El plan de las autoridades universitarias implica un recorte aún mayor en las cátedras, lo cual conllevaría no sólo miles de docentes que pierdan sus trabajos sino también una sobrecarga en aquellos que continúen, dando clases a una cantidad de alumnos mucho mayor.

En conclusión, la sesión de la comisión de educación de diputados nos trajo viejos aires de aquellos años en los que se discutió la LES bajo el gobierno menemista. En ese entonces , bajo las directivas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se discutía la necesidad de una “universidad competitiva”, acorde a las necesidades del gran capital. Se planteaba no desperdiciar dinero en estudiantes que no terminaban o tardaban muchos años, así justificaban ingresos restrictivos o directamente el arancelamiento. Si escuchamos los discursos actuales de la sesión de diputados observamos las mismas formulaciones: menos contenidos, menos aprendizaje, más “efectividad” y “productividad”. Menos reflexión, más rendimiento. Del Gobierno de “CEOs y gestores” al gobierno de “técnicos y profesionales”. Menos política, más “tecnicismo”. Todo tan noventa que duele.

¿Qué hacer ante esta avanzada en nuestra educación?

La orientación social que quieren imponer en la universidad con esta nueva Ley de Educación Superior es totalmente repudiable. Nada tiene que envidiarle a la actual, herencia del menemismo, que significó un gran avance en la implementación del modelo mercantilista, al que los rectores tanto hicieron referencia, tirando flores a la orientación adoptada en Europa y Estados Unidos, que excluye deliberadamente a las grandes mayorías. Si hoy pueden discutir esto, es porque desde el ‘95, cuando Menem aplicó la LES, ningún gobierno cambió nada de lo esencial, que era el neoliberalismo aplicado a la educación superior.

No queremos una universidad donde entren muchos y se reciba una minoría, por lo que planteamos un aumento del presupuesto universitario, contra todas las políticas de ajuste tanto al trabajo docente como a la permanencia de los estudiantes en la universidad, aún más en momentos de pandemia. La prioridad de este gobierno es continuar pagando la deuda que dejó el propio macrismo. Tiene que ser al revés, que se deje de destinar plata a la deuda, fraudulenta, ilegítima e ilegal, y se destine a educación, a salud y a la grave situación social del país con un 50% de pobreza. Además como venimos exigiendo, es necesario que se reabran las becas de la universidad, y que el Gobierno garantice la beca Progresar para todo aquel que la necesite, aumente sus montos y se eliminen las restricciones. Que se brinden dispositivos y conectividad.

Al mismo tiempo que cuestionamos el modelo de universidad que quieren imponer, peleamos por una universidad al servicio de las necesidades de las mayorías populares. Más aún en un contexto de pandemia en la que nuestros conocimientos podrían jugar un rol central. No queremos que nuestra educación sea para aumentar las ganancias empresariales, ni que nuestros conocimientos justifiquen el actual modelo económico y social que arrastra a millones a la pobreza.

Los arquitectos podrían aportar a resolver el problema urgente de la vivienda, la planificación urbana, y crear refugios para las víctimas de violencia de género. Los bioquímicos podrían fabricar en conjunto con las universidades medicamentos, e insumos para esta crisis sanitaria. Los agrónomos en la producción de alimentos. Los sociólogos o economistas podrían aportar para resolver los problemas acuciantes de las grandes mayorías, como por ejemplo en ayudar alas empresas recuperadas por sus trabajadores. La Universidad podría poner a su vez, los comedores universitarios que hoy se encuentran cerrados, a disposición no sólo de los estudiantes que lo necesitan, sino también para franjas enteras de la población que están hoy pasando hambre y miseria.

A su vez, queremos una universidad donde prime la reflexión y el pensamiento crítico. Por lo que rechazamos la aplicación de una ley que continúe el legado de la LES, y la acreditación de las carreras a su órgano evaluador, la CONEAU. No queremos una universidad basada en la “acreditación”, donde el tránsito por la carrera está marcado por la estandarización de los conocimientos y los resultados. Es decir, un sistema que se base en “meter” materias que brindan “competencias básicas”, “reproduciendo” los conocimientos necesarios para aprobar. Esto implicaría un retroceso de ámbitos de intercambio, discusión y reflexión colectiva entre los claustros, tanto en cuestiones académicas, intelectuales, sociales, políticas e ideológicas. Peleamos para que se promuevan instancias de participación estudiantil en conjunto con otras universidades para realizar publicaciones con debates ideológicos sobre los contenidos de las carreras, ligada a los problemas que aquejan hoy a nuestra sociedad.

En este sentido es que desde la Juventud del PTS peleamos por las ideas del marxismo en la universidad, como una herramienta que permite ligar la crítica a esta universidad de clases con la crítica a la sociedad de clases. El movimiento estudiantil también puede ser un sujeto de disputa del conocimiento que ofrece una universidad, que está cada vez más atada a los preceptos mercantilistas.

Históricamente la universidad es un espacio de organización para miles de estudiantes y docentes que quieren transformar esta sociedad. Con la “virtualidad como nueva normalidad“ que piensan las autoridades del CIN en la “post pandemia” pretende erosionar este aspecto revulsivo del movimiento estudiantil y su unidad con los docentes.

En este sentido, es que tenemos que enfrentar este nuevo ataque, retomando los procesos de lucha generalizados del movimiento estudiantil que se dieron contra la aplicación de la LES en 1995, y que evitaron el arancelamiento total de la universidad.

Llamamos a quienes hoy conducen los centros de estudiantes y las federaciones universitarias a ponerse de pie y organizar la pelea contra este nuevo intento de avance sobre nuestra educación. Pero también, para que se anule la vieja LES, los posgrados pagos, y luchar por otra orientación de la universidad, para ponerla al servicio de las necesidades sociales. Los llamamos a que salgan de su pasividad, y de su alianza con estas autoridades universitarias, para empezar a discutir cómo el movimiento estudiantil va a intervenir como sujeto político y como fuerza social en esta crisis.

Los estudiantes ya no soportan esta pasividad, siendo que miles se están quedando fuera de las aulas debido al recorte de becas, a la falta de dispositivos y conectividad, por tener trabajos precarizados que no permiten estudiar, y por una situación económica y social que se ha vuelto insoportable. Por eso pusieron en pie en distintos lugares del país, espacios de organización democráticos que en unidad con otros sectores en lucha comenzaron a expresarse en las calles. Donde se comenzaron a unir los reclamos de distintos sectores, en La Plata por ejemplo realizaron una acción coordinada en la puerta de ANSES, entre estudiantes secundarios, terciarios, universitarios junto con trabajadores precarizados y desocupados para exigir por la Beca Progresar, conectividad y dispositivos, salario de emergencia docente o IFE, trabajo con derechos, restitución del AUH.

Estos espacios todavía son embrionarios, desde la Juventud del PTS apostamos a su desarrollo en perspectiva de que se transformen en las instancias de los estudiantes en coordinación con otro sectores para pelear desde abajo por otra perspectiva. Pongamos las comisiones, asambleas y comités de apoyo solidarios a luchas de trabajadores, a combatir esta profundización de la LES. ¡Organicémonos contra esta “nueva” LES, y contra toda la herencia menemista que pesa sobre nuestra educación superior!

En este video te contamos cómo quieren profundizar los retrocesos que sí lograron implementar y las tendencias mercantilistas en la Educación Superior



[1Portantiero, J.C., Estudiantes y política en América Latina. El proceso de la reforma universitaria (1918-1938), Buenos Aires, Siglo XXI, 1978

[2Pyro, G. ¿Qué Universidad para qué sociedad? Ideas de izquierda, 41





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