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Transporte.Debate: ¿Cómo se controla el transporte urbano de San Salvador de Jujuy?

El PJ presentó en el concejo capitalino un proyecto para crear un ente regulador para el transporte, promete aportar una solución de fondo a la crisis del sector. ¿Es esto así? Aquí la postura de la izquierda.

Guillermo AlemánConcejal del PTS-FIT en San Salvador de Jujuy

Martes 17 de agosto | 16:28

La crisis del transporte parece lejos de resolverse, el pago completamente irregular de los salarios de los trabajadores y la degradación del sistema de colectivos es una constante. Mientras tanto los gobiernos se tiran la pelota en disputa por los subsidios.

Por su parte los empresarios siguen recibiendo ingresos millonarios del estado y los usuarios, una verdadera caja negra, que ni “Chuli” Jorge, Gerardo Morales o Alberto Fernández se proponen cuestionar.

La Autoridad de Control del Transporte Urbano de Pasajeros

En este contexto, el bloque del PJ en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, presentó un proyecto con el cual se pretende crear un ente controlador, el ACTUP (Autoridad de Control del Transporte Urbano de Pasajeros).

Actualmente es la municipalidad la que dispone, mediante los pliegos de licitación, la concesión del servicio de transporte urbano a privados y el control del mismo a través del Departamento Ejecutivo (el Intendente y sus secretarios) y en común acuerdo con el Concejo Deliberante de la ciudad.

En este sentido los autores del proyecto plantean que “se podría dar un solución de fondo a la abierta crisis que se desarrolla en el transporte urbano de Jujuy”.

Echemos una mirada al proyecto:

En su primer artículo se crearía un ente autárquico, con financiamiento propio y autonomía. Tendría el poder para “planificar, organizar, actuar, regular, fiscalizar y controlar el transporte” (Expte 577-X-2020, Art. 2°) en pos de “garantizar la normalidad en la prestación del servicio público” (Art. 2°), tanto para las empresas de colectivos, como para los taxis compartidos y los taxis de radio llamada. Por otro lado también controlaría la presencia de transporte ilegal y estaría habilitado para hacer multas.

Podría dictar “reglamentos, recorridos, forma de otorgamientos de permisos, licitaciones, subsidios y establecer la tarifa de transporte, partiendo de los cuadros tarifarios que propongan las empresas, con base en el principio de la rentabilidad razonable y el adecuado repago de las inversiones realizadas” (Art. 4°).

Es decir, para empezar, este proyecto plantea continuar la garantía de rentabilidad de los empresarios del transporte, tal cómo lo viene haciendo el Municipio hasta el momento. Lo cual implica sostener el esquema de subsidios millonarios y aumentos permanentes del boleto.

Para fijar la tarifa se plantea dar instancias de “participación ciudadana”. Sin embargo, no especifica qué tipo de participación. Tenemos el precedente de las “consultas online” del radicalismo donde se dejaban de lado las audiencias públicas y se recibían 15 o 20 respuestas, sobre todo de centro vecinales ligados al oficialismo.

Su presupuesto dependería de una tasa cobrada sobre la tarifa media del transporte urbano, es decir, del cobro del boleto. También de una tasa de fiscalización y control del transporte irregular y el producto de las multas que aplicará (Art.7°).

Por último, este ente sería dirigido por un directorio compuesto de cinco miembros. Los directivos “no podrán ser propietarios ni tener interés alguno directo, ni indirecto en empresas, salvo al representante de la cámara empresarial del transporte urbano de pasajeros” (Art. 6°).

La composición de este directorio estaría conformada por: un representante del Municipio, designado por el Intendente, otro por el Concejo Deliberante, siendo uno el presidente de la comisión de transporte y otro votado por la mayoría de los concejales. El cuarto representante sería uno designado nada menos que por la Cámara de Empresarios del Transporte y el último representante sería del gremio mayoritario; en este caso la UTA Jujuy.

¿Control con los empresarios?

Este proyecto se viene discutiendo en las comisiones del concejo deliberante y por el momento no estaría siendo acompañado por los concejales del oficialismo, ya que aducen que se reemplazaría el control que tiene el Intendente sobre la administración del transporte de la ciudad.

Sin embargo, este proyecto propone las mismas atribuciones de la municipalidad actualmente, la diferencia sería en que se crearía un nuevo intermediario, una nueva oficina, que serviría para darle un barniz más “democratico” a la administración de la caja negra de ingresos millonarios de los empresarios, sin cuestionar ningún punto de raíz.

En este sentido la contabilidad de las empresas sigue cerrada bajo siete llaves. Por el contrario se le da más poder a los empresarios, ya que se le ofrece un lugar en un directorio con voz y voto, pudiendo proponer de manera directa los cuadros tarifarios que le vengan en gana, e incluso poder plantear disposiciones contra el llamado transporte “ilegal” mediante sanciones y multas.

¿Quiénes son los responsables de la crisis del transporte?

Mientras los choferes de colectivos, hoy se debaten si cobran o no; o si deberán retomar medidas de fuerzas las denuncias por infinidad de irregularidades de parte de los empresarios caen en saco roto en el Ministerio de Trabajo de Jujuy, bajo la vista gorda de la municipalidad que cede el transporte y del gobierno provincial y el nacional que brindan millonarios subsidios a los empresarios sin ningún control sobre el destino de los mismos.

Ahora el bloque del PJ plantea algún tipo de control, pero hasta la fecha vienen votando a ojos cerrados todos los decretos-acuerdos del oficialismo para los subsidios del gasoil del transporte y los aumentos de boleto. Incluso en su momento fueron claves para que el poder que actualmente tiene el Intendente de fijar el aumento del boleto mediante decretos, sin estudios de costo, ni audiencias públicas, se aprobará.

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Este proyecto apunta a ubicar al PJ como interesado ante la crisis del transporte, aunque en los hechos termina abonando el mismo esquema de negocios de los empresarios que sostiene la intendencia de la UC, no por nada, siguieron la iniciativa del oficialismo de mandar prácticamente todos los proyectos que llegaban a cuestionar algún aspecto del transporte urbano de pasajeros a archivo.

Una salida de fondo para la crisis del transporte

Ningún control sobre el transporte urbano de pasajeros se hará efectivo, sino se parte de la apertura de contabilidad de las empresas de colectivos. Tanto empresarios, como funcionarios, todos los meses dan dramáticos discursos sobre cómo no alcanza el dinero para mantener el transporte y pagar los salarios de los trabajadores, pero hasta el momento, no presentaron ningún número.

Cuando se quiso avanzar en este sentido, a iniciativa de la izquierda y el cuestionamiento de trabajadores y usuarios; tanto oficialistas, como justicialistas pusieron un parate, amparados en el secreto comercial y la defensa de la propiedad privada.

Sin embargo estamos hablando de millonarios recursos del estado de los contribuyentes y miles de usuarios, cuyo uso en manos de los empresarios es una incógnita para la enorme mayoría de la población y que no garantiza el servicio, ni el pago en tiempo y forma de los trabajadores.

Mediante la publicación de los estados contables, por primera vez, se puede dar luz a los verdaderos movimientos que hacen los empresarios con la plata de los trabajadores. A partir de esto se pueden determinar acciones de fondo.

Lejos de poner a licitar el servicio de nuevo con otros empresarios privados, para evitar que vuelva a pasar el mismo proceso*; el mismo debe ser estatizado bajo control de los mismos trabajadores y comités de usuarios. Son los únicos interesados en un servicio de calidad, eficiente y que se garanticen los salarios de los trabajadores.

Está perspectiva que viene planteando la izquierda hace años solo puede ser posible, si los trabajadores del transporte lo toman en sus manos y avanzan en un proceso de lucha exigiendo a la UTA Jujuy asambleas y coordinación en todas las empresas, buscando activamente la alianza con los miles de usuarios que mostraron su apoyo y simpatía, en el anterior paro de ocho días, a la lucha de los choferes.


*Existe el ejemplo de las empresas de transporte de los ´90: COTTAJ, General Belgrano o Nuestra Señora del Río Blanco SRL, etc, que luego de degradar el servicio a niveles terribles, se fueron y dejaron cientos de choferes sin trabajo.




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