Cultura

VII CILE

De las guerras ortográficas

Del 11 al 20 de este mes se realizará el VII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Puerto Rico. ¿Un espacio para profundizar el conocimiento de la lengua o lobby lingüístico?

Ariane Díaz

@arianediaztwt

Jueves 10 de marzo de 2016 | Edición del día

Cientos de escritores, linguistas, periodistas, editores, traductores y docentes concurren cada tres años a este foro internacional organizado por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, con el declarado objetivo de analizar distintos problemas que hacen al uso de una lengua que ya supera los 500 millones de hablantes en el mundo.

El Congreso contará con actividades abiertas al público y paneles para los especialistas. Abrirá el Congreso Jean-Marie Le Clézio, último Nobel de Literatura; no será el único: Mario Molina, el de Química, disertará sobre la lengua en la actividad científica. Además de renombrados escritores, habrá lugar para músicos y cineastas, y no faltarán la conmemoración de algunas de las efemérides del año, como los 400 años de la muerte de Cervantes y los 100 de la de Rubén Darío.

Pero el núcleo de estos encuentros son las “jornadas académicas” donde las distintas instituciones dedicadas a la enseñanza y difusión de la lengua española definen algunos de sus proyectos de largo plazo.

Bajo el lema de “La lengua española y su creatividad”, según el presidente del comité organizador, Héctor Feliciano, este año el Congreso pretende “seguir destacando las grandes virtudes y riquezas de nuestro idioma, así como la variedad de usos que podemos darle sin alterar su esencia”. Hace poco fue noticia de los diarios una definición similar respecto al francés por parte de miembros de la Academia francesa que se oponían a la aplicación de una serie de reformas mínimas de la ortografía que estaba pendiente desde 1990. Es que por “esencia” de la lengua, lo que este tipo de instituciones entienden es el intento de mantener una unidad de la lengua normativa; aún más en el caso del español, que se habla en un rango espacial mucho más extendido. No es casual entonces que muchas de las discusiones de estos encuentros pasen por debates ortográficos.

El escenario bélico

Aunque muchas estas cuestiones parezcan destinadas solo a especialistas meticulosos, lo cierto es que en los debates por la ortografía se cuelan disputas políticas gruesas. ¿Por qué se vuelven a veces verdaderas batallas la separación ahora “obligatoria” entre un número y el signo de porcentaje, o la eliminación de la tilde en palabras como guion o truhan?

En todos los niveles de la lengua (gramatical, sintáctico, léxico, fonético, etc.) pueden observarse diferencias sociales y culturales: las formas de pronunciar, el uso de determinados términos, etc., marcan diferencias que pueden reconocerse y analizarse dentro de una comunidad lingüística. Pero en particular es la ortografía (el conjunto de normas que regulan la escritura) la que deja ver una marca que la atraviesa: el nivel educativo alcanzado por sus distintos sectores sociales.

Si todos hablamos y nos hacemos entender sin haber aprendido aún a escribir, solo quienes pasaron por determinados niveles educativos conocen la norma en que la lengua debe presentarse por escrito, y allí es donde la ortografía suele jugar sus trampas: ¿por qué si la hache no se pronuncia, algunas palabras la necesitan por escrito? ¿Por qué si no distinguimos la sílaba final de “dimensión” y “construcción” una va con ese y la otra con ce? En la mayoría de los casos, estas distinciones ortográficas responden a la evolución histórica de esa lengua, pero su establecimiento normativo (el “se escribe con…”) determina lo que se conoce como “lengua culta” establecida como modelo correcto, y marca una diferencia palpable entre quienes la manejan y quienes no (lo que notarán pronto en sus búsquedas laborales, en el acceso a producciones culturales, etc.). Los debates sobre cómo definir esa norma, si sostenerla o simplificarla, exceden entonces un problema de técnicas de escritura o de criterios lingüísticos, y pronto se vuelve un problema político.

Dos trincheras

En el mundo hispanohablante, tales disputas vienen de lejos. Ya a mediados del siglo XIX se enfrentaron por esta cuestión Andrés Bello –el educador y diplomático autor de la primera gramática “al uso” americano–, y nada menos que Domingo F. Sarmiento, quien había propuesto una reforma para simplificar algunas de estas normas de la escritura del español. Lo que estaba en juego era mucho más que unas eses o haches: si la defensa de Bello de una gramática más pegada a la peninsular marcaba sus simpatías con el clasicismo español que en América veía “degradado” por ciertos usos propios de la región, el intento de renovación sarmientino abrevaba en las simpatías con el romanticismo que despuntaba entre una entonces joven generación que buscaba sus modelos no ya en España sino en otros países europeos.

Pero además, Sarmiento confería a su reforma un sentido “democratizador”: si el conservadurismo de Bello era funcional a mantener una “aristocracia educada”, su reforma permitiría a más americanos expresarse por escrito (que su idea de democracia era tanto o más conservadora en el terreno económico y político es algo de lo que daría pruebas poco después como hombre de Estado, aunque incluyera lo que consideraba –influenciado por el modelo estadounidense– una necesaria modernización educativa). La reforma fallida de Sarmiento suponía también un gesto de desafío a las instituciones españolas monárquicas como la RAE, cuyo lema “limpia, fija y da esplendor”, aunque parece una campaña publicitaria de limpiametales, apenas esconde su voluntad de imponer una determinada variante de la lengua como correcta, universal y oficial.

Botín de guerra

No es nuevo que la ortografía se mezcle en cuestiones de hegemonía estatal y de geopolítica. No todas las lenguas tienen instituciones normativas: el inglés, por ejemplo, no las tiene. El motivo podría rastrearse en un poderío económico y político que se extendió por el mundo dejando que sus productos y representantes cumplan “naturalmente” con la difusión de ese idioma.

En sentido inverso, no es casual que la más fuerte de las instituciones normativas de la lengua sea la de un imperio español que, en decadencia, no solo tuvo que imponer su lengua sobre otras tres en su propio territorio (vasco, catalán y gallego) sino también sobre la población de medio continente colonizado pero alejado de la península, propensa a “deformaciones” locales.

Semejante prepotencia normativa sufrió distintos vaivenes a lo largo de su historia, pero cabe destacar que no fue hasta 1999 que la RAE, en colaboración de las Academias de la Lengua de los países latinoamericanos, girando a una política más consensual, elaboró una gramática hispanoamericana donde los “americanismos” dejaban de ser considerados “barbarismos”.

Pero estas modificaciones, más que el resarcimiento de una deuda histórica, estuvieron relacionadas al reconocimiento de nuevas posibilidades de negocios. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo fuera de su lugar de origen y no ha dejado de crecer en EE. UU. como segunda lengua. Y donde hay intercambio cotidiano y producción cultural en una lengua, también hay intercambios comerciales y negocios a explotar.

¿Qué institución puede certificar, por ejemplo, el conocimiento de cierto nivel de esta lengua? El Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que se viene armando hace años y que finalmente se presentará en este Congreso. ¿Cómo lograr mejorar las relaciones bilaterales y difundir la “marca España” en EE. UU.? Poniendo la sede del Congreso en Puerto Rico, cuya lengua oficial es el español pero es un estado libre asociado del país del norte, como confiesa el ministro de Asuntos Exteriores de España, García-Margallo. Por ello el Congreso probablemente cuente, además del público general y los especialistas, con la presencia de diplomáticos, ministros, empresarios y todo tipo de truhanes, con y sin tilde.







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