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Red Internacional

El último gran derrame en Vaca Muerte vuelve a mostrar como trabaja el modelo de explotación petrolera. Las consecuencias sociales y ambientales son proporcionales a las divisas que se fugan del país.

Fernando LunaLic. Seguridad e Higiene - Trabajador de Shell Raizen

Sábado 18 de diciembre de 2021 | 18:24

Solemos escuchar la palabra "accidente" cuando las empresas producen derrames de productos, pero lejos está de un hecho súbito y sorpresivo como lo es la definición de accidente. En la cuenca neuquina el modelo de explotación petrolera lleva al límite los recursos con el afán de explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Hace unos años cuando las empresas se volcaron a la extracción no convencional, debido al aumento del barril de petróleo, comenzaron a exigir mas “garantías” para los nuevos pozos de no convencionales. Recordemos que si algo le sobra a las empresas petroleras son “garantías”. La primera ley que llevó al Congreso el gobierno de Alberto Fernández, en aquel lejano diciembre del 2019, fue la “Ley de Solidaridad Social y reactivación económica”. Dicha ley, que fue aprobada, ajustó a los jubilados y estableció la reducción de las retenciones a las petroleras y mineras de un 12% a un 8%. Era el primer gesto y reverencia del nuevo gobierno a las grandes petroleras y mineras.

Durante la era macrista, y en el auge de los anuncios de Vaca Muerta, el gremio petrolero bajo la dirección de Pereyra comenzó una férrea defensa de la necesidad de modificar los convenios de trabajo para que las empresas puedan contratar en mejores condiciones. El llamado convenio Vaca Muerta, firmado en el 2017, fue un mazazo a las conquistas de los trabajadores.

Dicho convenio no solo bajaba salarios, sino que aumentó la flexibilidad laboral en el más amplio sentido, reduciendo personal y cambiando condicionas de trabajo, lo que implicó en el primer año de convenio casi una muerte por mes, y decenas de lesiones menores. Las consecuencias también se expresaron en las noticias de derrames e incendios, que se sumaban a la triste tasa de fatalidades, en el primer año ocho trabajadores fallecieron. Se trata de una política de conjunto que solo favorece a las grandes petroleras con el argumento de favorecer las inversiones y así tener mas recursos para pagar la deuda al FMI. Las principales empresas, en el 2019 facturaban un promedio de $700 millones por día, el equivalente a tres presupuesto provinciales.

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En una industria de márgenes de ganancias obscenos, el criterio capitalista de explotación se lleva a los extremos. Aranguren, el ícono de los CEOS y ex Ministro de Energía, alardeaba que tenía en operaciones 97 por ciento de la capacidad instalada en la refinería que comandaba en Dock Sud, Avellaneda. En general, las industrias trabajan con un promedio del 75 por ciento de capacidad instalada en producción. Esto permite tener espacio para los mantenimientos, cambios de equipos etc. Por el contrario, aumentar la producción de dicha capacidad exige aumentar el mantenimiento, hasta el punto de casi hacerlo en línea. El resultado es obvio.

Pero esto no es todo. Para quienes no conocen, el barrio en el que se encuentra esta misma refinería es conocido como Villa Inflamable. Se imaginarán por qué. Las napas están tan contaminadas con hidrocarburo que el agua que sale de ahí se puede prender fuego. La refinería de Shell en Dock Sud también fue vanguardia al traer desde Holanda su planta de Cocker (carbón de petróleo) que los vecinos de Villa Inflamable llaman "la catedral del cáncer". Es una mega estructura que alcanza los 101 metros de altura y que fue traída a la Argentina porque fue declarada ilegal en el país del norte por sus efectos sobre la población lindante. Básicamente contamina de polvo de carbón de petróleo todo lo que está a su alrededor. El polo petroquímico de Dock Sud Avellaneda, cuna del kirchnerismo en el conurbano, ha sido eje de denuncias, investigaciones, causas judiciales por la contaminación. Pero gobierno tras gobierno solo le han dado continuidad a este modelo empresarial, y renovando las licencias medio ambientales sin cuestionamientos alguno.

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Volviendo a tierras patagónicas, en el derrame de Vaca Muerta, ya se sabía que se había superado el caudal de operaciones. Los organismos oficiales que deberían controlar y exigir son una trágica broma de mal gusto. No existen controles para la prevención, como tampoco recursos destinados para la contención y atención de emergencias. Para tomar magnitud del desastre ocurrido: Los 3200 metros cúbicos declarados por Oldelval equivalen a casi 90 (noventa) camiones cisterna. Cada camión cisterna de combustible puede transportar hasta 36 metros cúbicos.

La foto viral de la pelopincho como medida de mitigación frente a un derrame es la mejor muestra de la preocupación de las empresas y el gobierno por el ambiente y la vida. Añelo, la puerta de entrada a Vaca Muerta, solo tiene una sala de primeros auxilios. Una emergencia médica debe ser trasladada a Neuquén, casi 200 km. Los que están en esa primera línea de fuego son los trabajadores petroleros, las comunidades y la flora y la fauna de la zona. Nuestros sindicatos también deben tomar posición y pronunciarse frente a estos hechos lamentables, no puede ser que se traten los temas ambientales como si no tuvieran nada que ver con nuestro ámbito laboral.

Cambio de matriz energética

El capitalismo no planifica en función de las necesidades de las poblaciones, sino en función de cómo mantener su maquinaria productiva en movimiento como sea. Esto está llevando al medio ambiente al punto de no retorno, como se viene advirtiendo hace varios años.

Para salir de esta situación es necesario cambiar los métodos de producción y la matriz energética. En este ultimo punto, se debe girar a energía renovables. Desde las bancadas del Frente de Izquierda Unidad, se presentó un proyecto de ley para la nacionalización de la industria petrolera bajo control de los trabajadores. Esto tiene como finalidad principal dos puntos, por un lado tener control de los recurso no renovables y sus ganancias, y por el otro, con parte de esas ganancias que hoy se fugan del país, invertirlas en nicho de energías renovables, que generaría nuevos puestos de trabajo, y valor agregado de tecnologías.

Hoy las multinacionales extraen recursos y ganancias que fluyen libremente al exterior, dejándonos terribles consecuencias ambientales y económicas para las futuras generaciones. El gobierno de Alberto Fernández quiere avanzar en la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburiferas que busca profundizar una legislación acorde a los intereses de las grandes multinacionales del petróleo. Los trabajadores petroleros junto a las comunidades locales y organizaciones ambientales somos los únicos que estamos realmente interesados en poner fin a esta situación que nos lleva a un callejón sin salida.

Ahora en Chubut las voces comienzan a escucharse y a ganar las calles, organizándose contra la megaminería y el reciente fallo del gobierno de Arcioni. Ese es el camino, el de la organización.




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