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Red Internacional

Opinión. ¿Cuánto durará el silencio de Cristina Kirchner ante el ajuste de Batakis?

El equilibrio imposible entre la construcción del propio espacio y la gobernabilidad del Estado capitalista. Las calles y el palacio: entre la disputa corporativa y las necesidades políticas. La promesa incumplida de un Estado regulador.

Eduardo Castilla@castillaeduardo

Viernes 15 de julio | 21:00

El 12 de septiembre de 1969, Juan Domingo Perón se disculpó con Raimundo Ongaro, el dirigente gráfico que encabezaba la disidente y debilitada CGT de los Argentinos. “Comienzo por pedirle disculpas por contestar recién su carta, pero, como es costumbre en Europa y especialmente en España, he estado ausente de Madrid durante el mes de agosto”, escribía el líder exiliado. El silencio tenía, sin embargo, trasfondo político. El caudillo político había arreglado cuentas con la vieja burocracia sindical peronista. En la Argentina convulsionada por el Cordobazo y el primer Rosariazo, Perón hacía a un lado la hostilidad hacia Augusto Vandor y sus continuadores.

En las horas que corren, el silencio más importante es sostenido por Cristina Kirchner. Herramienta política recurrente de la vicepresidenta, hoy funciona como símbolo de un inestable equilibrio: el que camina entre sostener su propia base electoral y garantizar la crítica continuidad de un gobierno obligado, por propias limitaciones, a una política de ajuste. La vicepresidenta intenta una ubicación que le permita no perder por izquierda al tiempo que certifique su lugar en el andamiaje que sostiene un plan signado por el rostro fiscalista de Silvina Batakis.

Resulta imposible predecir con certeza cuánto durará su mutismo. Tampoco como lo romperá: ¿hablará en su propio nombre o recurrirá a la tercerización discursiva? En la siempre cambiante escena nacional se puede forjar una hipótesis: tarde o temprano CFK saldrá del silencio, posiblemente desplegando críticas a las consecuencias sociales de un ajuste que se profundiza. Lo hará mirando la estratégica Provincia de Buenos Aires, que el kirchnerismo divisa como eventual refugio político ante una derrota electoral nacional. Las recientes declaraciones del camporista Andrés “Cuervo” Larroque sobre la crítica situación del conurbano pueden estar oficiando a modo de trailer.

Nadie debería, sin embargo, abrigar ilusiones. Las eventuales críticas a Batakis emergerán como una pobre remake de aquellas otras que se destinaban a Martín Guzmán. Jugando a la dualidad política, se repetirá esa versión particular del teorema de Baglini: una crítica moderada desde el interior del núcleo del poder.

La preocupación por el conurbano atiende a un proceso de escisión política entre el peronismo y un sector de su base social. Proceso que halló expresión en las elecciones de 2021 y encontró canal destacado en la votación al Frente de Izquierda Unidad. Con cifras cercanas al 10 % en distritos emblemáticos como La Matanza, José C. Paz o Merlo, la izquierda trotskista emergió como una voz potente. Voz que es, también, aporte esencial para las diversas luchas que se despliegan en ese extenso territorio. Una imagen reciente podría ilustrar esa convergencia: la presencia, en Plaza de Mayo, de delegaciones de familias que vienen peleando por tierra, vivienda y otros reclamos en lugares como Virrey del Pino, Rafael Castillo y Ciudad Evita.

Entre las calles y el Palacio

“Una de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo: razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente”. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius.

Como si el tiempo no existiese, en el país de la crisis permanente y la inflación galopante, la CGT anunció una movilización para dentro de un mes. En esos 33 largos días, el nivel del poder adquisitivo de las mayorías populares seguirá descendiendo.

Atendiendo a su propio cuerpo doctrinario la mesa chica de la central sindical convoca, hasta ahora, a una etérea defensa del “modelo productivo”; un aún más inasible “acuerdo nacional”; y a una -poco menos inmaterial- protección de las paritarias libres. Algo que, por el momento, nadie parece amenazar. Englobando esos problemas, presenta la movilización como destinada a enfrentar a “la inflación”.

Sin embargo, las abstracciones no son meros problemas filosóficos. Traducen una negativa: la de enfrentar seriamente los ataques que se descargan a diario contra la mayoría de la clase trabajadora. Una pelea que, si se atiende a la lógica de la situación, debería iniciar -como lo reclaman la izquierda y el sindicalismo combativo- con un inmediato paro nacional y un plan de lucha.

De manera indirecta, el llamado de la CGT parece confirmar una tendencia: la disputa por intereses económicos y corporativos entra, cada vez más, en el terreno de la lucha en las calles y la acción directa. La semana que termina dio testimonio del vandorismo patronal, ejercido en este caso por el sector vinculado al agropower.

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En un registro similar podrían anotarse las movilizaciones protagonizadas por los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras. Sobre estas golpea, además del martillo de la crisis social, la creciente amenaza represiva. Vehiculizada por el Poder Judicial, encuentra aliento en todas las coaliciones políticas capitalistas. Los (muchos) matices no impiden una “unidad de propósito” entre la derecha de Milei, Juntos por el Cambio y múltiples sectores del Frente de Todos, incluyendo a la vicepresidenta. Ese discurso sirve, además, a los intereses de los dueños del poder territorial, gobernadores e intendentes que anhelan manejar esos recursos en función de intereses propios.

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Bajo esa misma óptica podrían leerse algunas de las peleas que da la clase trabajadora ocupada. Como la dura lucha del neumático que se extiende ya por casi dos meses. O la que acaban de ganar los trabajadores de la alimenticia Bagley-Arcor en Córdoba, impidiendo una avanzada empresarial contra sus condiciones laborales.

En condiciones de aguda crisis social ninguna reivindicación corporativa puede desligarse de la necesidad de una salida política. Cada vez más, resulta evidente que no puede haber solución a demandas parciales sin cuestionar una estructura económica y social global, hoy cercada por las imposiciones que establece el acuerdo con el FMI.

Desde su lugar, las distintas fracciones de la clase capitalista son conscientes de esa tensión. Los reclamos de las patronales del campo aparecen ligados a su propio “hay 2023”. A un programa de gestión estatal que aplique duras medidas de ajuste contra las grandes mayorías populares. Es eso lo que se discute desde hace tiempo en los lujosos salones de los hoteles de Recoleta, Puerto Madero y Bariloche.

Macri en un encuentro con grandes empresarios en el Llao Llao
Macri en un encuentro con grandes empresarios en el Llao Llao

La clase trabajadora no puede ser ajena a esa perspectiva de combate político. Perspectiva que lleva o debería llevar al debate acerca de qué clase social detenta el poder en el país. Necesita, entonces, construir una poderosa fuerza política propia, que plantee una salida socialista a la crisis en curso, capaz de responder a los agudos problemas que golpean a las grandes mayorías.

La promesa incumplida de un Estado regulador

“El tiempo se desgarra. ¿Dónde encontrar los descampados de la infancia? ¿Los soles elípticos paralizados en el espacio negro? ¿Dónde encontrar el camino volcado hacia el vacío?. Ayer.”

En el tiempo siempre desgarrado de la política nacional, el discurso de Cristina Kirchner sobre la regulación estatal al capitalismo resuena como eco de un pasado inasible, inalcanzable. Desplegado hace solo tres meses, ya resulta otra promesa incumplida. ¿Dónde ir a buscar los mecanismos para enfrentar la fuga de capitales? ¿Dónde aquellos para frenar la escalada inflacionaria? ¿Dónde los necesarios para que el poder adquisitivo de las grandes mayorías no se degrade?

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En cómplice impotencia, el Estado capitalista funciona en sintonía con las necesidades del gran capital. Este martes, ahogado en los problemas de financiación, el Banco Central ofreció a los bancos un mecanismo que les garantiza la recompra de bonos a valor al que no pierdan. El mecanismo -conocido técnicamente como put- funciona como una garantía para que bancos y especuladores no pierdan frente a la desvalorización de los títulos de deuda en pesos que poseen. Un reaseguro de sus ganancias. Carente de herramientas de control ante la crisis financiera, la gestión estatal se abraza a los grandes bancos. Los eternos garantes de la fuga de divisas aparecen como tabla salvadora de la política oficial.

La misma lógica guía las concesiones a las patronales del campo. Las quejas airadas de los ruralistas omiten hablar de la decisión del BCRA que mejora las condiciones de acceso a los dólares destinados a la importación de fertilizantes y fitosanitarios. También eligen el silencio sobre la resolución del Ministerio de Agricultura que permite el aumento de las exportaciones de maíz, de 30 a 36 millones de toneladas. La sed por los siempre escasos dólares no admite obstáculos ideológicos.

La perspectiva del gran empresariado y la derecha supone una nación ajustada a sus propios intereses. Un país al que, según sus propias palabras, “le sobran 20 millones de habitantes”. Ese camino solo puede empujar a una mayor decadencia nacional. Del otro lado de la limitada grieta capitalista, la regulación estatal se ofrece como promesa incumplida y fracaso. Como dura crítica discursiva que no resuelve los dramas que acosan a las grandes mayorías populares. Solo una perspectiva socialista y revolucionaria, que se proponga la superación del capitalismo, puede implicar una alternativa a ese continuo camino de hundimiento social y económico.




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