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Red Internacional

Un juicio con penas inferiores a la de los dirigentes independentistas por organizar un referéndum. Indultos para la inmensa mayoría por el gobierno de Felipe González. Un gran ejercicio de impunidad para estos golpista por "España y el rey".

Santiago Lupe@SantiagoLupeBCN

Martes 23 de febrero | Edición del día

El Tribunal Supremo condenó hace ya más de un año a penas de hasta 13 años de prisión a los presos políticos catalanes. Era el segundo gran juicio que el alto tribunal llevaba adelante contra presuntos "rebeldes". A pesar de que el tipo penal de "rebelión" fue descartado en la sentencia, acogiéndose al de "sedición" y "desobediencia", las penas contra el independentismo catalán fueron mucho más altas que las aplicadas a los "rebeldes" del 23F.

Nadie negará que aquello sí fue un golpe de Estado en toda regla. Al final el rey no lo bendijo, aunque en su preparación estuvo metido hasta un par de semanas antes como desveló la nada sospechosa Pilar Urbano en uno de sus últimos trabajos. El golpe como tal fracasó. Pero no sus objetivos políticos: poner freno a la descentralización, es decir defender la “unidad de España”, y fortalecer la monarquía.

¿Como juzgaron y condenaron entonces a los responsables del golpe los jueces del Supremo? Primero habría que decir que la búsqueda de “responsables” se quedó en el nivel raso. Solo aquellos mandos militares muy directamente implicados en los sucesos llegaron al banquillo. De la convivencia de políticos de diferentes partidos, periodistas y otros ilustres apellidos nada se investigó. Es más, se prohibió investigar y publicar sobre el tema.

Llegaron a ser juzgadas 33 personas, 32 de ellos militares. Las penas contrastan enormemente con el caso catalán: tres de ellos fue absueltos, ocho fueron condenados a 1 años de prisión, cinco a 2, otros tantos a 3, dos a 5 años, otros dos a 6 años, uno a 8 años, dos a 10 y dos más a 12. Por lo tanto la mayoría de los golpistas juzgados por el 23F fueron condenados a penas muy inferiores que las que hoy se demandan para los dirigentes independentistas presos.

De estos 27 condenados solamente los que lo fueron a penas inferiores a los 2 años – más de la mitad de ellos- cumplieron íntegra la condena. El coronel Miguel Manchado, condenado a 8 años, salió de prisión a los 3, lo mismo el coronel José Ignacio San Martín, condenado a 10, o el general Luis Torres, condenado a 12 y que quedó en libertad a los 7 años, y así otros 6 más, incluídos todos los condenados a 5 años o más. Algunos como el capitán Vicente Gómez Iglesias, condenado a 6 años, sería indultado por Felipe González en 1984.

Por si esto fuera poco, la mayoría de los condenados fueron ascendiendo en la jerarquía castrense. Los golpistas del 23F dieron al Ejército español al menos dos nuevos capitanes, tres comandantes, tres tenientes coroneles y tres coroneles.

Solamente tres militares superaron a los independentistas catalanes en el número de años de pena. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a cumplirlas, beneficiándose de un trato privilegiado por los siguientes gobiernos del PSOE. El teniente coronel Antonio Tejero fue condenado a 30 años y quedó en libertad a los 15 (si bien desde 1991 accedió al tercer grado). El general Milans de Bosch fue condenado con la misma pena pero fue puesto en libertad mucho antes, en 1991, solo cumplió 10 años. Pero el mejor parado fue el general Alfonso Armada, íntimo del monarca y exsecretario general de la Casa del Rey, condenado a 26 años pero indultado en 1988 por el gobierno del PSOE.

En aquel juicio del 23F se sentaba en el banquillo a una treintena de golpistas de manual. Aunque su plan ya no era el de la monarquía y el resto de los agentes del régimen, ellos eran “rebeldes” en defensa de la unidad de España y el rey. Por eso los trataron con guante de seda.

Muy distinto fue cuando el juicio sienta en el banquillo a todo un movimiento democrático que cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo catalán y que puede seguir abriendo nuevas brechas en el Régimen del 78, como evidencia el aumento del cuestionamiento a la monarquía en todo el Estado. La consigna es otra: aplastar sin condiciones al enemigo y apuntalar por la vía represiva y autoritaria un régimen que hace aguas.




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