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“Cuadernos de las coimas”: Bonadio procesó a Cristina Kirchner por “asociación ilícita”

El juez la acusa como jefa de un sistema de recaudación de coimas a empresarios que se favorecían con obras públicas. Estos también fueron procesados. También la embargó por 4 mil millones, dictó su prisión preventiva y reclamaría su desafuero. Acá, el fallo completo.

Lunes 17 de septiembre de 2018 | 22:30

El juez Claudio Bonadio, que lleva adelante la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, ordenó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como presunta “jefa de una asociación ilícita”. La acusa de pedir, junto a otras personas, sobornos a empresarios para otorgarles contratos en obras públicas.

Además, dictó la prisión preventiva de la ex presidente, aunque como es senadora para que se concrete la detención antes deben quitarle sus fueros. Bonadio le dictó un embargo por 4 mil millones de pesos, por "dádivas en 22 casos y cohecho pasivo en 5 casos".

Según el juez, la “asociación ilícita” estaba dirigida por la ex mandataria, Néstor Kirchner y Julio de Vido, junto a otros ex funcionarios de su gestión, que también fueron procesados. Varios de ellos se encuentran detenidos. La figura penal prevee un mínimo de 5 años de prisión.

También procesó a varios empresarios por la misma figura. Entre ellos se encuentran Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra-primo del presidente Mauricio Macri-, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, entre otros. Los empresarios también fueron embargados y se dictó su prisión preventiva, aunque esta no se hizo efecto por su carácter de "arrepentidos".

En la introducción de la denuncia, Bonadio sorprende con una frase, teniendo en cuenta su trayectoria y los intereses de la corporación judicial de la que forma parte. Allí se refiere a la "colusión" de empresarios y funcionarios que, entre 2003 y 2015, "hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc.,etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados".

Más tarde plantea que, “no pueden tenerse por válidos los argumentos relativos a las presiones sufridas, dado que las empresas involucradas fueron beneficiadas por contrataciones con el Estado nacional, realimentando este circuito macabro teniendo como motivación el lucro de participar de un sistema que expoliaba los bienes del Estado amañando licitaciones con fuertes sobreprecios”. Así describe el sistema por el que los empresarios del "Club de la obra pública" se veían beneficiados por parte del gobierno.

Analizando "el sistema", asegura que “de los primeros testimonios recolectados se desprende que el dinero pedido por los funcionarios y entregado por los empresarios se correspondía con “aportes de campaña”, cuestión que se fue relativizando a medida que los empresarios “aportantes” empezaron a reconocer que eran “gastos de la política” y luego solo reconocimiento de coimas”.

Bonadio asegura que “el flujo de dinero que circuló dentro de esta organización delictiva asciende a una suma aproximada a los cien millones de dólares estadounidenses (U$s 100.000.000)”.

Un caso de alto impacto político

Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la singular utilización de la figura del “arrepentido” y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un “blindaje” que hasta ahora rodea al presidente Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas. La principal defensa del kirchnerismo a sus presuntos negocios con la patria contratista, ha sido que se trata de "un caso de persecución política".

Así, en los últimos meses se ha transformado en una causa de alto impacto político.

Según lo informado en su momento, en la causa fueron indagadas 52 personas y hubo 26 detenidos, 11 de ellos recuperaron su libertad. Fueron 17 los imputados que declararon en calidad de "arrepentidos" y hubo "15 acuerdos de homologación en forma positiva".

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La lista total

Según el fallo, de 551 páginas, los presuntos integrantes de la asociación ilícita son:

"Se les imputa a Roberto BARATTA, Walter Rodolfo FAGYAS, Nelson Javier LAZARTE, Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN, Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS, Oscar Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI, Jorge Omar MAYORAL, Julio Miguel DE VIDO, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Néstor Carlos KIRCHNER, Héctor Daniel MUÑOZ, Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Armando Roberto LOSON, Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO, Ángel Jorge Antonio CALCATERRA, Francisco Rubén VALENTI, Carlos José MUNDIN, Jorge Guillermo NEIRA, Gerardo Luis FERREYRA, Claudio Javier GLAZMAN, Juan Carlos DE GOYCOECHEA, Héctor Alberto ZABALETA, Luis María Cayetano BETNAZA, Hernán DEL RÍO –alias “Hernán/Elpelado”, Jorge Juan Mauricio BALÁN, Rodolfo Armando POBLETE, Juan CHEDIACK, Eduardo Hugo Antranik EURNEKIAN, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Alejandro Pedro IVANISSEVICH, Juan Carlos LASCURAIN, Germán Ariel NIVELLO, Néstor Emilio OTERO, Norberto Mario OYARBIDE, Oscar Isidro José PARRILLI, Raimundo PEDUTO, Ernesto CLARENS, Carlos Alberto RODRÍGUEZ, Aldo Benito ROGGIO, Benjamín Gabriel ROMERO, Rudy Fernando ULLOA IGOR, Claudio UBERTI, Manuel Santos URIBELARREA, Raúl Víctor VERTÚA, Hugo Alberto DRAGONETTI, José Francisco LÓPEZ, Jorge Ernesto RODRÍGUEZ, Sergio TASSELLI, Alberto TASSELLI, Osvaldo Antenor ACOSTA y Enrique Menotti PESCARMONA, el haber integrado una asociación ilícita, junto con otras personas aún sin identificar, la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015 (...) ".

En la acusación el juez asegura que había distintos "círculos" en el "sistema de recaudación", concluyendo que "finalmente, quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio, que por cierto, no es el único, según el conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron en este tribunal o son de público y notorio, son Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".

El juez podría pedir la detención de Cristina Kirchner, aunque para eso debe cursar el pedido de desafuero en el Senado. Ante las versiones que circularon este fin de semana, adelantando el fallo, Miguel Ángel Pichetto aseguró que no tratarán un pedido así hasta que no haya sentencia firme. "La etapa de instrucción, es una etapa preliminar donde hay elementos, pero que no configura la responsabilidad penal, entonces es imposible producir el desafuero y la detención de un senador, presidente, ministro" aseguró el líder peronista.

Acá podés ver el fallo completo de Claudio Bonadio.

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