En dos números consecutivos, el quincenario de Izquierda Socialista sostiene como "la" política excluyente frente a la causa de "los cuadernos", que "todos los corruptos deben ir presos, sin excepción". Pero detrás de ese sentido común se esconde una posición muy lejana del programa que debemos levantar desde la izquierda revolucionará frente a la corrupción en el Estado.
Jueves 30 de agosto de 2018 | 13:41
Lo de IS y "los cuadernos" es una política espejo a la que sostuvieron sobre la situación en Brasil, defendiendo en los hechos al "lava jato" y a sus jueces, una política llevada adelante una de las instituciones más antidemocráticas del régimen democrático burgués al servicio del capital imperialista. Esta posición los llevó a no cuestionar la destitución golpista de Dilma Rousseff y la prisión y proscripción de Lula, poniéndose a la derecha del Comité de Derechos Humanos de la ONU que sostuvo a través de un dictamen que al ex presidente petista se le debería permitir hacer campaña electoral.
Este posicionamiento fortalece y embellece al Poder Judicial, compuesto por jueces y fiscales puestos a dedo, con estrechos y probados vínculos con la política de Estados Unidos y, tanto en Brasil como en Argentina, ligados a las mafias policiales y colonizada por los servicios de inteligencia. Es la misma "Justicia" que tiene presos a decenas de miles de jóvenes pobres por supuestos delitos menores, la mayoría sin condena. Son los mismos jueces que tienen con miles de causas penales persecutorias a luchadores, un instrumento que la burguesía utilizará sin piedad en caso de un ascenso revolucionario de los explotados y oprimidos.
La causa de Bonadío y Stornelli
En las notas e intervenciones de IS no se cuestionan hechos aberrantes de la instrucción judicial llevada a cabo por Stornelli y Bonadío que los compañeros quieren que se lleve "hasta el final". Por ejemplo la figura del "arrepentido" (un símil de la "delación premiada" de Brasil). Si una persona "canta" lo que quiere escuchar el juez, se va en libertad. Es decir, la utilización de la prisión como un instrumento de tormento para que la persona delate. La figura del "arrepentido" le da plenas potestades a los jueces para determinar discrecionalmente quién sale libre y quién queda adentro. Consecuentemente con esta caracterización, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, los entonces diputados del Frente de Izquierda, son los únicos que se negaron a votar a favor en la Cámara de esta reaccionaria figura, impulsada por la derecha de Cambiemos y apoyada por el peronismo, el kirchnerismo y el Frente Renovador de Massa. ¿Qué hubiera hecho el compañero Giordano si era diputado?
IS y la "presunción de culpabilidad"
"Lo que hay que hacer es simple: todos los corruptos, sin excepción, tienen que ir presos y devolver lo que robaron. A todos los denunciados se les tiene que invertir la carga de la prueba: que sean ellos los que demuestren su inocencia", dice una de la notas. Izquierda Socialista quiere instaurar la "presunción de culpabilidad" o lo que es lo mismo, a condenar a una persona sin que ésta haya sido juzgada. Su política liquida de un plumazo una conquista democrática que se logró con la Revolución Francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789: la llamada presunción de inocencia. Esto es que formalmente todas las personas somos inocentes y es el Estado y sus magistrados los que deben demostrar con pruebas fundadas su culpabilidad. Para IS un juez debería tener la potestad de condenar a un funcionario con una mera denuncia por corrupción. Esto es un tremendo disparate que atenta contra las más elementales garantías democráticas y pone al arbitrio de cualquier denunciante la privación de la libertad de tal o cual funcionario, dando pasto para que las distintas camarillas capitalistas y de los servicios de inteligencia se tiren con denuncias y carpetazos entre bandos... No habría cárceles que alcanzaran para recluir a tantas personas.
Asimismo quieren convertir en una norma el reaccionario instituto de la "prisión preventiva", es decir una condena por mera sospecha.
¿Cómo habría que hacer en Estados Unidos, donde las coimas están legalizadas a través del instituto del lobby? ¿Cárcel a todos los Representantes y Senadores del Congreso?
Los derechos democráticos que se tardaron siglos en conquistar, como el derecho a la presunción de inocencia, al igual que a no declarar contra nosotros mismos o a no confesarnos culpables, IS los despacha con un chasquido de dedos, lo que de implantarse es evidente que será utilizado más temprano que tarde contra los revolucionarios, en primer lugar contra los legisladores de izquierda nacionales, provinciales y muncipales, que en términos legales también son "funcionarios".
Una política que nada tiene ni de izquierda ni socialista
Para los socialistas las cárceles son parte de los instrumentos punitivos que utiliza el Estado burgués para ejercer su dominio. Nunca en la historia los revolucionarios utilizaron la exigencia al propio Estado burgués y sus corruptos jueces vitalicios a que metan presos a todos sus oponentes.
Nos preguntamos: ¿Cuál es el sentido de esta política? ¿Estarían las masas explotadas y oprimidas con más moral para la lucha revolucionaria si en vez de una veintena de funcionarios y ex funcionarios presos, hay miles privados de su libertad sin condena por parte de jueces "que vayan hasta el final"? No lo creemos.
No hay capitalismo sin corrupción. Creer que el combate a la corrupción es un problema que se resuelve con más personas presas es un dislate total. Nuestra lucha es por acabar con este sistema de explotación, el Estado burgués y su régimen con sus reaccionarias instituciones, como el presidencialismo, el Senado y la casta de jueces vitalicios. En ese camino defendemos todos los derechos y garantías democráticas contra el poder del Estado.
En cuanto al escándalo de los "cuadernos" y el entramado del "club de la obra pública" y el poder político burgués sostenemos la apertura de todos los libros de contabilidad de estas empresas, un plan de obras públicas controlado por los trabajadores y técnicos de las universidades nacionales y juicios por jurados populares a todos los sospechosos de haber incurrido en la corrupción con dineros públicos.
Llamamos a los compañeros de Izquierda Socialista a rever estas peligrosas posiciones.
