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Crece la bronca por abajo y los sindicatos siguen de luna de miel con el Gobierno de Perotti

Pobreza, desocupación y pico contagios atraviesan una provincia donde empieza a surgir desde abajo la respuesta de los más precarizados.

Martes 20 de octubre | 15:07

Es una situación compleja la que se está viviendo en Santa Fe, con problemas sociales y económicos que se profundizan con la pandemia y la falta de respuesta del gobierno. En los principales conglomerados de la provincia aumentaron considerablemente las cifras de pobreza, indigencia y desocupación. En el Gran Rosario la pobreza creció hasta el 41,8%, y la indigencia subió al 13,3% en la primera mitad del año. La desocupación en el Gran Rosario saltó del 12,9% en el primer trimestre al 17,9% en el segundo y en Santa Fe, la situación fue peor, se triplicó: pasó del 6,2% al 20,3%. Para ver cifras así hay que ir al 2002.

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Ante esta situación desesperante, la respuesta empieza a surgir en distintos puntos de la provincia donde las familias trabajadoras vienen organizándose para tener un lugar donde vivir. Como en el barrio Tío Rolo, en Magaldi y Benteveo y en Villa Constitución, que reclaman un pedazo de tierra para construir su casa y que el estado garantice el acceso a luz y agua potable. Estas familias están tratando de subsistir con la solidaridad de las y los trabajadores, los niños y niñas se suman a las ollas populares que empezaron a surgir en muchos puntos de la región como en Villa Gobernador Gálvez, en la zona oeste de Rosario y en varias escuelas. Y como en muchas otras tomas que están transcurriendo en el país, la postal de las mujeres en la primera fila de organización se ve también en estos territorios.

Progresistas y peronistas muestran su verdadera cara ante la pelea de tierra para vivir, en una ciudad como Rosario donde hay 80 mil viviendas vacías y 50 mil familias sin casa, defienden a los especuladores inmobiliarios. A mediados de julio la respuesta del gobierno municipal fue la de tirar abajo las casas con topadoras en los terrenos de Tío Rolo, pocas semanas atrás desalojaron en la ciudad de Santa Fe a 60 familias sin techo con Gendarmería y la Policía Federal y ahora amenazan a los vecinos de zona oeste con el desalojo.

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En los barrios estas experiencias de organización y solidaridad obrera se oponen por el vértice a la burocracia sindical de la CGT y la CTA que vienen de avalar un salario mínimo de miseria que es una burla para miles de asalariados: en marzo de 2021 llegará a $ 21.600, menos de la mitad de lo que costó en agosto de este año la canasta de pobreza: $ 45.478, que incluso no comprende el pago de un alquiler.

La fuerza de los trabajadores y trabajadoras se mostró en las calles este año con las y los choferes de UTA que salieron a defender su salario o con los aceiteros que se enfrentan a las agroexportadoras, y pone sobre la mesa la necesidad de discutir en los sindicatos recuperados como AMSAFE Rosario y Aceiteros cuál va a ser la política para ligarse a los sectores más empobrecidos y precarizados que se están levantando por un derecho elemental como el de la vivienda y trabajo digno. Para ponerse al servicio de fortalecer la lucha de los sectores más golpeados por la crisis y exigirle a las centrales sindicales para que abandonen la tregua con el gobierno y las patronales.

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La derecha entendió que tiene que ganar la calle para imponer su agenda, ahora las mujeres, trabajadores y la juventud precarizada tienen por delante el desafío de preparar la pelea en la calle por una respuesta integral al déficit habitacional, la desocupación y la pobreza. Desde la izquierda queremos pelear en la calle un programa que rechace el acuerdo con el FMI y el pago de la deuda.

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Es hora de afectar los intereses de los miserables, para lograr como propone la Red de Precarizadxs e Informales una IFE mensual de 30 mil pesos para todos los y las jóvenes precarizados y desocupados en base a un impuesto a las grandes fortunas, como se plantea desde el proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad y que bajo la necesidad de vivienda de cientos de miles de familias en todo el país, la expropiación y reparto de los terrenos ociosos y un plan público e integral para tener un lugar digno para vivir, bajo control de los trabajadores.







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