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Corte admite "controversia" contra Ley de Seguridad Interior

Con la admisión a trámite se inicia una etapa donde se analizará la constitucionalidad de la ley impugnada por la alcaldía de Cholula, Puebla.

Miércoles 17 de enero de 2018

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una controversia constitucional presentada por la alcaldía de Cholula, Puebla, contra la Ley de Seguridad Interior aprobada en diciembre pasado y que diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos ha calificado por su carácter represivo y por conducir a la militarización del país.

El máximo tribunal informó este lunes que la controversia, presentada la semana pasada, fue admitida para su estudio y se notificará de la misma al Congreso, que la voto, y al Ejecutivo, que la promulgó.

La controversia contra esta ley, votada por el Partido del Revolucionario Institucional (PRI) y promulgada por el gobierno de Peña Nieto el 21 de diciembre de 2017, fue presentada por la alcaldía de Cholula, Puebla. El repudio contra la ley ha alcanzado a levantar el reclamo de organizaciones civiles, sociales, figuras reconocidas y organismos internacionales.

La alcaldía de dicho estado señala que la ley, que establece el despliegue de militares en casos de amenaza a la seguridad por tiempo indefinido, "violenta de manera flagrante su autonomía". La primera impugnación fue presentada el pasado 5 de enero. Entre los organismos que se han pronunciado se encuentra el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que prepara otra controversia constitucional ante la Suprema Corte.

Al promulgar la ley, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.

La ley busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar por la supuesta “guerra contra el narcotráfico” que lanzó el gobierno panista de Felipe Calderón durante su sexenio.

La Corte no tiene un plazo fijo para resolver la controversia, y todavía pueden ser promovidas hasta el 20 de enero, sin embargo, es necesaria la presencia en las calles y la presión de la población que es la que realmente se ha visto amenazada por estas medidas, dejando miles de muertos, desaparecidos y desplazados a manos del ejército mexicano.







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