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EMERGENCIA SANITARIA

Coronavirus: ¿qué propone la izquierda para enfrentar la pandemia?

Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Cuáles son las verdaderas medidas de emergencia por las que debe luchar la clase trabajadora, las que hacen falta para enfrentar la crisis del coronavirus, con una gran inversión en salud y asistencia social, invirtiendo las prioridades: primero la salud, no los especuladores ni los grandes empresarios.

Jueves 12 de marzo | 23:23

En los últimos días la crisis del coronavirus ha comenzado a cobrar más fuerza en Argentina, si bien hasta el momento no tiene la magnitud que ya alcanzó en otros países como China o Italia, entre otros, y que viene dejando al desnudo la crisis de los sistemas de salud y los desastres a los que lleva la irracionalidad capitalista.

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Al momento de publicar esta nota, ya son 31 las personas infectadas en nuestro país. Junto a los casos de viajeros que retornaron de otros países, también han comenzado a conocerse en las últimas horas casos "no importados".

En este marco, en la noche de este jueves el Gobierno nacional presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia declarando la Emergencia Sanitaria por el lapso de un año.

La medida, anunciada por Alberto Fernández en lo que fue su primera cadena nacional, se presenta como una respuesta urgente ante la posibilidad de un salto en la expansión del coronavirus.

Sin embargo, los puntos planteados en el decreto dejan más incertidumbres que certezas.

Un problema atraviesa al anuncio de conjunto: para enfrentar la pandemia es necesario disponer una fuerte inversión de recursos desde el Estado, pero la realidad es que el país está atravesando una fuerte crisis económica que no hace más que profundizarse con los efectos de la crisis del coronavirus, que ya está causando un fuerte impacto en la economía mundial, pero también en la nacional. En un nuevo "jueves negro" cayeron otra vez las principales bolsas del mundo, mientras que se desacelera la actividad económica, caen los precios de las materias primas y también los precios del petróleo (en el marco de una disputa económica y geopolítica).

Esta situación no puede desligarse del siguiente dato: desde el comienzo de su mandato, para Alberto Fernández la "disciplina fiscal" es la principal prioridad, con el objetivo de renegociar una deuda ilegal, ilegítima e impagable con el FMI y los acreedores privados.

Las primeras víctimas de esta orientación habían sido justamente los que hoy están más expuestos al riesgo del coronavirus, los adultos mayores. Desde diciembre a millones de jubilados se les suspendió el "sistema de movilidad" justo cuando le iban a ganar a la inflación (y apenas un magro aumento para quienes cobran la mínima), mientras que a los asalariados se les niegan aumentos acordes para recuperar lo perdido bajo el macrismo e incluso medidas elementales como la cláusula gatillo para no seguir perdiendo frente a la inflación.

Hoy el problema se presenta con agudeza en un tema grave de salud pública como es la pandemia de coronavirus.

La Emergencia Sanitaria decretada este jueves otorga grandes prerrogativas al Estado nacional en un amplio abanico de temas, tanto en lo que hace a la salubridad directamente pero también para el control social de la población, por ejemplo le permite al Ministerio de Seguridad recibir información por medio de Migraciones para "contribuir a la identificación y localización de las personas que puedan reunir la condición de ´caso sospechoso´, así como de quienes hubieran estado en contacto estrecho con ellas". Disposición peligrosa teniendo en cuenta el historial de las fuerzas represivas del Estado.

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Sin embargo, las definiciones del DNU sobre salubridad no parten de un hecho incontrastable: la profunda crisis del sistema de salud pública en la Argentina. Una crisis que se arrastra desde hace décadas y que en los años del macrismo no hizo más que profundizarse, de la mano de las diversas políticas de ajuste.

Esa crisis se hizo evidente ya en los primeros casos detectados, como fue señalado por los trabajadores y trabajadoras del Hospital Argerich, donde falleció una persona por coronavirus.

Pero en un tema de esta magnitud, tenemos que ser claros. Cualquier emergencia debería partir de algunas medidas elementales que partan de este diagnóstico del sistema de salud nacional, y de la necesidad de una fuerte inversión para implementar un aumento de emergencia de los presupuestos de salud y asistencia social, dejando de pagar la deuda externa e imponiendo impuestos progresivos a las grandes fortunas.

Para la clase trabajadora y los sectores populares es urgente luchar por un programa económico con estas y otras medidas económicas como la nacionalización de la banca o el monopolio del comercio exterior, entre otras, indispensable también para revertir los fuertes padecimientos que vienen sufriendo las grandes mayorías con la crisis económica.

Pero para eso es necesario invertir las prioridades: nuestras vidas valen más que sus ganancias. Es necesario tomar medidas urgentes en defensa de la población:

1) Que el estado garantice la distribución gratuita de todo lo necesario para la detección temprana: alcohol en gel, ¡jabón!, mascarillas, guantes, así como los kits de test para que se realicen en forma gratuita y masiva a todo el que tenga síntomas. Confiscación de las empresas que producen todo esto y puesta a producir bajo control de sus trabajadores y técnicos. Producción a cargo el estado de todos los medicamentos que tengan efectividad (probada por los organismos de control) para enfrentar la pandemia.

2) Centralización de todo el sistema de salud para crear todas las instalaciones necesarias para recibir a los eventuales infectados que necesiten internación, confiscando o fabricando los respiradores y salas que hagan falta (hoteles, etc.), tomando el control de todos los recursos necesarios de la sanidad privada.

3) Licencias con goce de sueldo (a cargo de las empresas) de toda persona enferma y mayor de 65 años, así como de padres y madres que no pueden enviar sus hijxs a las escuelas que cierren. Duplicación inmediata de emergencia de todos los planes de asistencia social, para que los beneficiarios que tienen empleo no se vean obligados a ir a trabajar enfermos. Prohibición de despidos y si hay licencias o suspensiones por cierre de establecimientos, que estas sean al 100 % del salario incluyendo presentismo.

4) Reincorporación de todo el personal médico y de enfermería despedido en los últimos años o desocupado.

5) Comisiones independientes integradas por profesionales idóneos, especialistas de las universidades públicas y miembros de las organizaciones de trabajadores y populares, que controlen toda la información que maneje el estado sin ningún tipo de censura: datos de la evolución de la epidemia, comparación con otras epidemias, medidas preventivas que se aconsejan a la población, etc. No puede quedar en manos del estado, que siempre responde a los lobbys de las grandes empresas, la información sobre la salud pública.

6) Comisiones de Higiene y Seguridad en todos los lugares de trabajo, con plenos poderes para investigar, consultar, cuestionar, las medidas que hacen a la seguridad de las y los trabajadores y usuarios (en caso de servicios públicos). Este jueves, los trabajadores aeronáuticos de la empresa GPS dieron un ejemplo cuando decidieron, en una asamblea en Aeroparque, avanzar en el camino de constituir comisiones de salubridad. Lo hicieron luego de enfrentar la negligencia de la administración de Aerolíneas Argentinas.

Hay que afectar los intereses capitalistas

Este paquete de medidas de emergencia no es posible, por ejemplo, sin tocar los intereses de los grandes laboratorios, algo que no se desprende ni del texto del DNU ni de las propias acciones del Gobierno. Al contrario, la buena sintonía evidenciada con grandes popes del sector -como Alejandro Roemmers o Hugo Sigman- hablan en sentido contrario.

Para dar otro ejemplo, el artículo 12° del texto presentado en la noche de este jueves señala que “el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL establecerá las condiciones de trabajo y licencias que deberán cumplir quienes se encuentren comprendidos en las previsiones del artículo 7° del presente decreto”. Se trata del artículo que hace referencia a las personas que sean sometidas a aislamiento.

Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, sería el encargado entonces de garantizar la situación de los trabajadores. Se trata, paradójicamente, del funcionario que deslizó públicamente la necesidad de subir la edad jubilatoria. De la cartera que se niega a tratar seriamente reclamos de despedidos, como es el caso de quienes vienen reclamando en el ferrocarril Roca. Significa consagrar la arbitrariedad de las decisiones de un ministro que, desde el primer momento, ha justificado el ajuste que se llevó a cabo contra jubilados que cobran $ 20.000.

En cuanto a la indispensable información sobre la crisis, el DNU presentado por el Gobierno concentra el conjunto de la información existente en manos del Poder Ejecutivo. Esto significa dejar a su criterio la información que llegará a la población de conjunto.

Pero lo que vienen demostrando las últimas semanas es que los gobiernos del mundo manipulan la información en función de sus propias necesidades. Desde China a EE.UU., la administración estatal ha filtrado a la sociedad lo que ha considerado útil a sus intereses.

Es por todo esto que es necesario denunciar la crisis a la que nos llevan los gobiernos capitalistas y levantar con fuerza otro programa de emergencia para la lucha de la clase trabajadora, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.







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