Economía

PANORAMA ECONÓMICO

Coronacrisis: la guerra de clases no entra en cuarentena

Esteban Mercatante

@EMercatante

Jueves 9 de abril | 22:03

Los multimillonarios paquetes implementados por numerosos países ante una crisis que no conoce precedentes, no evitarán una severa caída económica como no ocurre casi en 90 años. Así volvió a manifestarse el jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien advirtióque la crisis global que genera la pandemia de coronavirus tendrá “las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión”. Y “así como la crisis sanitaria impacta más duro sobre las personas más vulnerables, lo peor de la crisis económica caerá sobre los países más vulnerables”, agregó.

Hace tres meses, el FMI esperaba para este año un crecimiento económico en 160 de sus países miembros, mientras que hoy pronostica que 170 terminarán el año con caídas.

De acuerdo a las estimaciones del organismo, sostuvo Giorgieva, los países emergentes sufrieron en los últimos dos meses una salida de capitales que ya supera los USD 100 mil millones. Esto supera tres veces lo sufrido en un período equivalente durante la crisis de 2008. Los “exportadores de commodities están sufriendo un doble impacto por el colapso el los precios de las mismas”, agregó.

La titular del FMI sostuvo que el escenario de base es una recuperación en 2021, pero subrayó que “hay una tremenda incertidumbre alrededor del pronóstico; podría empeorar dependiendo de muchos factores variables, incluyendo la duración de la pandemia”.

Masiva destrucción del empleo

Las previsiones del FMI se agregan a las realizadas el martes por la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo. En su reciente informe afirmó que en el segundo trimestre del año la pérdida laboral en todo el mundo podría alcanzar el equivalente a las horas trabajadas por 195 millones de asalariados, aunque según el informe es de esperar que parte de estos puestos se recuperen cuando pase la pandemia. El pronóstico de un desempleo mundial de 25 millones de trabajadores para fin de año realizado por esta organización semanas atrás, se va a quedar seguramente corto.

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Ayer se conoció también que otros 6,6 millones de estadounidenses solicitaron seguro de desempleo, lo que suma la escalofriante cifra de 16,8 millones de trabajadores que solicitaron el beneficio en EE. UU. en apenas tres semanas. El ritmo de destrucción de puestos de trabajo causados por esta crisis en la principal potencia imperialista no conoce ningún precedente.

¿Quién paga la crisis?

La línea de acción de los gobiernos, para contener el colapso de la economía como resultado de las medidas impuestas para enfrentar la pandemia, ha pasado principalmente por inyectar dinero en las empresas: pago de sueldos total o parcialmente a cargo del Estado, reducción de impuestos o postergación de vencimientos, créditos subsidiados, etc. Al mismo tiempo aumentaron las transferencias personales para los sectores que no cuentan con un ingreso regular, ya sea dando mayor monto por seguro de desempleo o implementando transferencias de emergencia (como el Ingreso Familiar de Emergencia implementado acá). Estas medidas han sido comparadas con una “economía de guerra”. Pero no se asemejan para nada a esta en un aspecto fundamental: se espera que la eventual recuperación sea asegurada por empresas que, a pesar de las inyecciones fiscales, van a salir de la crisis más endeudadas o directamente quebradas. En vez de este salvataje al capital privado, dirigir recursos a la inversión pública en gran escala (que incluye poner en discusión la propiedad de los principales medios de producción) es lo único que podrá permitir salir del pozo de la depresión al que nos dirigimos.

Los mismos empresarios que los Estados se empeñan en salvar, y a los que el fisco viene asignando generosos recursos para contener la situación mientras avanza la emergencia sanitaria, han mostrado que no van a esperar a que pase el coronavirus para imponer su salida a la crisis. Bajas de salarios (por ahora “momentáneas” pero que, podemos anticipar, establecerán un marco para la discusión poscrisis) y desvinculaciones son la norma en todo el mundo. Esto va en paralelo con el empeño de retomar la actividad en aquellos sectores en los que fue suspendida (algo que varía mucho en cada país) aunque esto signifique arriesgar vidas (ya lo sabemos: el capital, como un vampiro que no extrae sangre sino plustrabajo, no vive, no se valoriza, si la actividad económica no sigue su marcha). Esto lo hemos podido ver en todos los países.

Acá se sumó ayer un nuevo capítulo en la Provincia de Buenos Aires. El frigorífico Penta se negó a pagar salarios e inició un lockout (cierre compulsivo) para imponer despidos. Esto, a pesar de que desde la semana pasada rige un decreto que supuestamente impediría este accionar (y que numerosas patronales vienen mostrando todos los días que lo ignoran de manera ostentosa, desde McDonald’s y Danica hasta el “miserable” de Paolo Rocca, que logró el acuerdo de la burocracia sindical para avalar la echada de 1.500 empleados de Tecpetrol). ¿Se ligó alguna reprimenda del presidente Alberto Fernández o del gobernador Axel Kicillof? Para nada. Por el contrario, la patronal contó con la asistencia de la policía bonaerense de Berni que cayó sobre los trabajadores con toda la fuerza con que no le cae a ningún empresario que incumple el decreto de prohibición de despidos. Al menos un trabajador termino hospitalizado de gravedad como resultado de la represión.

La lógica de los patrones es muy simple: si hay crisis, que la paguen otros. El Estado debe volcar recursos en masa, otorgar créditos, auspiciar algún alivio en las deudas del sistema financiero (que también exige a cambio que sea el estado que pague cualquier “perdón” crediticio con más subsidios o fondos de garantía). Y al mismo tiempo, los asalariados, que en tiempos normales crean con su trabajo diario la única fuente de la que surgen las ganancias empresarias, ya desde ahora deben hacerse a la idea de que tendrán que resignar todo o parte de sus salarios durante esta crisis para mantener el “privilegio” de continuar en el futuro enriqueciendo a sus patrones. Desde ahora, también vuela en el aire la perspectiva de rebajas salariales que se mantengan más allá de la crisis.

Frente a ese chantaje, el gobierno hizo la semana pasada gestos de dureza que ya se probaron impotentes, mientras aplicó resoluciones cuyo único objetivo era tratar de posponer por unos meses los conflictos de fondo. Los empresarios han mostrado que no piensan esperar. Es necesario responder a la altura de estos ataques patronales, para frenar todo intento de despidos o baja de salarios.

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