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Red Internacional

El CeProDH, Organismos de DDHH, Laura Vilches Legisladora Provincial (FIT) y abogados laboralistas que defienden los derechos de los trabajadores, efectuaron en el día de ayer una presentación conjunta ante la Fiscalía General de la Provincia, donde cuestionaron la intervención del Ministerio Publico Provincial en causas donde está en cuestión el ejercicio de derechos gremiales y la libertad sindical.

Miércoles 7 de octubre de 2015 | Edición del día

Recordemos que Cesar “Aguja” Quiñones cuenta con un fallo de reinstalación a su favor dictado el 3 de Julio pasado, en el cual se declara la nulidad del despido llevado adelante por la firma demandada en Julio de 2013 y que con fecha 15 de Septiembre del 2015, la Sala X de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba, presidida por el Dr. Carlos Toselli, dictó una nueva resolución judicial de contenido cautelar, a través de la cual ordenó y autorizó a Cesar Quiñones para participar de las elecciones a delegados que debían realizarse el 17 de Septiembre pasado, elecciones que fueron suspendidas sorpresivamente por el Sindicato de Camioneros minutos antes de su comienzo, en un claro acto que atenta contra la libertad sindical, alzándose en contra de las resoluciones emanadas de los tribunales constitucionales de la Provincia de Córdoba.

Leticia Celli, abogada del CeProDH y representante de Quiñones declaró, “estamos ante un hecho inédito, un sindicato que no solo intempestivamente suspende un proceso electoral para no dar cumplimiento a una medida judicial, sino que además litiga contra un trabajador que quiere ser reinstalado ante un actuar discriminatorio de la patronal, interponiendo un recurso de casación contra la medida cautelar dictada a favor de Quiñones. Queda claro el rol que cumplen los organismos del estado, cuando se trata de resguardar los intereses de los empresarios, en este caso la Fiscalía General de la Provincia ante una presentación efectuada por la patronal solicitó con extremada premura las actuaciones judiciales donde discute el despido y la reinstalación de un activista sindical, pero cuando nosotros hemos puesto en conocimiento de esta misma Fiscalía hechos de criminalización de la protesta o de persecución penal a trabajadores que adoptaron medidas gremiales como sucedió con el conflicto de Valeo, no hubo un solo requerimiento de parte del Ministerio Publico Fiscal. Es importante resaltar que la conducta del Sindicato de Camioneros no solo se violenta el derecho judicialmente reconocido de Quiñones a participar de la elección a delegados, sino que además estamos ante un avasallamiento de los derechos del conjunto de los trabajadores de Cargo Renault, a quienes se los está privando de poder elegir a sus representantes después de años sin tener representación gremial dentro de la planta”.

Por su parte, Cesar “Aguja” Quiñones relató al salir de la presentación: “En el juicio quedó demostrado que mi despido tuvo un claro contenido discriminatorio y antisindical, y de que lado se colocó el Sindicato frente a este ataque patronal –recordemos que el abogado del gremio fue testigo de la empresa-. Hoy hemos venido nuevamente a dejar en evidencia la connivencia de la patronal con el Sindicato de Camioneros, en pos de evitar que los trabajadores ejerzamos nuestros derechos, aún cuando la justicia nos de la razón. Ante una medida cautelar que ordenó mi participación de las elecciones a delegados convocadas para el 17 de septiembre, el sindicato procedió a suspenderlas y la empresa cuestionó ante el Ministerio Publico el actuar de la justicia. Queda claro que en Córdoba los derechos gremiales y la libertad sindical, cada vez están más pisoteados, sobre todo cuando los propios trabajadores cansados de no obtener respuestas de nuestros dirigentes sindicales buscamos organizarnos para reclamar por nuestros derechos. Creo que mi caso muestra que si nos organizamos se puede dar esa pelea. Pero las patronales y los gremios se preparan para llevar adelante y colaborar con los planes de ajustes que aplicara el próximo gobierno que asuma, intentando descargar la crisis sobre nosotros los trabajadores, para lo cual necesitan comenzar a limitar o impedir que se dicten resoluciones como las que conseguimos en mi caso junto a los abogados del CeProDH”.




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