Géneros y Sexualidades

Aborto Legal

Demoras en la implementación del aborto legal en Córdoba

Desde el 30 de diciembre de 2020, el aborto es legal en Argentina. El 24 fue promulgada la ley n° 27610, sin embargo, en provincias con gran peso de los sectores reaccionarios y con el peronismo en contra, la implementación efectiva viene con demoras. Las legisladoras del Frente de Izquierda piden explicaciones a los gobiernos del PJ.

Laura Vilches

Concejala PTS - FIT Córdoba. Legisladora provincial PTS-FIT (mandato cumplido) | @VilchesLaura

Martes 9 de febrero | 08:05

Después de décadas de lucha, el aborto es legal en la Argentina hasta la semana 14, periodo tras el cual se sostiene como legal la interrupción del embarazo cuyas causales sean violación o peligro de la salud o la vida para la persona gestante.

El pasado 24 de enero, el gobierno nacional promulgó la ley y esta entró inmediatamente en vigencia. Sin embargo la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo presenta obstáculos y diaciones en su implementación y ejecución en Córdoba y otras provincias.

En el sector privado, clínicas vinculadas a la institución clerical como el Hospital Privado, la Clínica Reina Fabiola o el Sanatorio Allende ponen las primeras trabas, apoyándose en las ambigüedades de la ley que cuestionamos desde el Frente de Izquierda.

El primero de estos hospitales, a través de comunicación interna para su personal, declaró una inexistente “objeción de conciencia institucional” desde una directiva interna cuyo único objetivo es presionar a los y las trabajadoras que revistan en su planta, para que se declaren objetores de conciencia personalmente, algo que sí está previsto por la ley 27610.

Las denuncias de algunas pacientes que nos llegan porque las derivaciones no se hacen conforme a la ley, ya empiezan a plasmarse en los formularios del 0800

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Schiaretti y Llaryora no tienen plan para garantizar IVE

En el terreno de la salud pública, preocupa la implementación de IVE, ya que no ha habido comunicaciones ni capacitaciones oficiales de parte de los gobierno provincial y municipal. Esto no es casualidad, dado que la posición pública que adoptaron los dirigentes del schiarettismo en el Congreso cuando se debatió la ley, fueron de clara oposición.

Los diputados Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio votaron negativamente y desde los locales céntricos de la coalición gobernante salían columnas celestes para las marchas contrarias al aborto.

Esto no es un dato menor, ya que la propia Vigo, esposa del gobernador con peso en la dirección del PJ de la ciudad capital, impone su alianza con las iglesias también en el ámbito local, no sólo en el interior provincial. Hasta la responsable del Polo de la Mujer, Claudia Martínez, salida de su riñón político y declarada "verde", se terminó pronunciando contra el aborto legal.

Las trabajadoras de la salud por el aborto legal

Según denuncian las trabajadoras y trabajadores de la salud, frente al aumento de las consultas por IVE en algunos los centros de atención primaria provinciales y en los dispensarios municipales, desde que se aprobó el aborto legal el 30 de diciembre, las respuestas son dispares.

En muchos casos, los servicios casi completos de ginecología, como el caso del Hospital Municipal Príncipe de Asturias, se declararían objetores de conciencia, por lo que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (así como antes la Interrupción Legal) es garantizada por médicos y médicas generalistas.

Además, hay especial preocupación por la falta de acceso a la medicación para la práctica segura del aborto hasta la semana 14, así como la ausencia tanto de contraindicaciones del método del legrado (que desde hace años es desaconsejado por la propia OMS) como la falta de indicaciones para la intervención con el método de AMEU (Aspiración Manual Endouterina) en prácticas de mayor complejidad en el segundo semestre o frente a abortos incompletos.

Intimidaciones y trabas de los sectores antiderechos

Por otro lado, la acción de los sectores reaccionarios que quieren bloquear la ley con maniobras judiciales (como el Portal de Belén en Córdoba) e intimidaciones a través de cartas con amenazas de judicialización al personal médico.

Esto se combina con la ausencia de directrices oficiales claras que garanticen la aplicación de la Ley n° 27610 en los hospitales provinciales y municipales, y en todos los dispensarios: la resultante es que numerosos profesionales que no intervienen directamente en la realización de la práctica de aborto como bioquímicos, instrumentistas, entre otros, pretendan ejercer la "objeción de conciencia".

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Desidia estatal para garantizar la ley

Son los propios profesionales de la salud, muchas veces en soledad, quienes han comenzado a organizar charlas y reuniones en los centros de salud para explicar los alcances y límites de la objeción de conciencia, claramente estipulado por la ley como reserva exclusiva para quienes actúan directamente en la práctica de la interrupción legal del embarazo.

A su vez, la falta de claridad ante situaciones como las que se presentan cuando los profesionales de un nosocomio privado que se declaran objetores de conciencia y a la vez integran mayoritariamente áreas de los hospitales públicos como ocurre en el caso del Hospital Misericordia. Allí, según señalan las trabajadoras de la salud, el servicio de ginecología y obstetricia de la clínica privada Reina Fabiola, integra casi completa el área del Misericordia. En casos como estos, ¿quién va a garantizar la aplicación efectiva de la Ley n°27610?

Preguntas cómo estas abundan ya que no hay indicaciones precisas ni de nación, ni de provincia ni de la municipalidad respecto a cómo se centraliza la información sobre el personal de la salud objetor de conciencia, cómo se realiza la declaración jurada, quiénes llevarán los registros al respecto, cómo se van a centralizar las denuncias sobre las derivaciones que realicen los hospitales privados que no respeten ni garanticen el trato digno a las personas gestantes que soliciten una interrupción del embarazo; o bien, impongan dilaciones, obstáculos y negativas que están penalizadas por la propia ley.

Una vez más: confiar en las propias fuerzas

Son las organizaciones de Socorro Rosa, la Red de Profesionales por el Derecho a decidir, así como médicos y médicas que integran Pan y Rosas y otros colectivos de mujeres en la provincia y la ciudad, quienes como en el Hospital provincial Rawson o el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, garantizan desde hace años el acceso a ILE y hoy buscan la ejecución sin dilaciones ni obstáculos de la IVE.

Junto a mi compañera, Noel Argañaraz, presentamos en la Unicameral y el Concejo Deliberante, sendos pedidos de informe y citamos a las y los funcionarios para que den respuestas. Solicitamos que concurran a los parlamentos y brinden datos públicos sobre cronograma y modalidad de las capacitaciones, aprovisionamiento de misoprostol y medicamentos necesarios para la práctica de IVE e ILE, así como todos los detalles para garantizar que las instituciones del sistema de salud tanto públicas como privadas ejecuten la ley.

Para ello, nos dirigimos al Secretario de Salud Municipal Ariel Aleksandroff (en la ciudad, ni siquiera hay áreas específicas atendiendo la problemática) y al Ministro Diego Cardozo, así como a las Directoras de Maternidad e Infancia, la Dra. Marcela Alicia Yanover, y del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, Dra. Beatriz Fernández responsables de las áreas implicadas.

Comisiones de la "marea verde" para el aborto legal

Al mismo tiempo, como propone Pan y Rosas a nivel nacional, también desde las bancas del Frente de Izquierda, impulsamos la necesidad de mantener la organización del movimiento de mujeres y disidencias que permitió conquistar el aborto legal, para garantizar ahora el cumplimiento de la ley.

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Será fundamental, en los hospitales y centros de salud, crear comisiones o comités de pacientes, familiares, estudiantes de medicina, derecho y todas las carreras, que junto a las trabajadoras y trabajadores de la salud que jugaron un rol clave desde hace años para garantizar el aborto no punible y hoy están en pie para garantizar la IVE.

Son las y los trabajadores, junto a las mujeres y disidencias movilizadas y organizadas que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otros colectivos, quienes evitarán las dilaciones, obstáculos, maniobras y todo tipo de trampas de los sectores antiderechos que quieren trabar la aplicación de la Ley n° 27610.

Tenemos que pensar en común las acciones y movilizaciones públicas (así como repuestas legales si fueran necesarias) para denunciar todas las trabas, porque el aborto #EsLey. Tenemos que decir claramente, #YNuestroDerechoSeCumple.

La pelea por la separación de la Iglesia del Estado, se vuelve urgente. Los sectores fundamentalistas están vinculados por múltiples lazos económicos y políticos con el estado y quieren bloquear nuestro derecho, por eso, esta demanda también tiene que estar presente en esta organización desde abajo. Es la única manera de hacerlo efectivo y acabar con los privilegios de quienes históricamente se han opuesto a los derechos de las mujeres y disidencias sexuales.

Sobre estas bases, tenemos el desafío de poner en pie una enorme movilización para el próximo 8 de marzo que exija la implementación de IVE en todo el país y sea partera de la campaña para que Iglesias y estados sean, definitivamente, asuntos separados.







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