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Red Internacional

A continuación algunos elementos sobre el proyecto de ley presentado por el peronismo cordobés y que también acompaña el radicalismo.

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Sábado 5 de noviembre | 17:04

Tal y como hemos reflejado en la izquierda diario el peronismo cordobés y el radicalismo unificaron criterios para modificar el Código de Convivencia (antes conocido como Código de Faltas) e introducir una redacción que límite o directamente prohíba la protesta social.

La redacción del artículo 80 bis que se propone incorporar quedaría de la siguiente manera:

Artículo 80 bis. Uso del espacio público. Toda manifestación pública debe ser notificada ante la autoridad competente con una antelación no menor a las 48 horas. En esa notificación deberá indicarse; lugar en que se llevará a cabo, tiempo estimado y objeto de la manifestación correspondiente y/o actividad en el espacio público cualquiera sea su objeto. En tal sentido, para llevar a cabo dicha manifestación y uso del espacio público, luego de efectuar la notificación ante autoridad competente, se deberá contar con la debida AUTORIZACION DE DICHA AUTORIDAD COMPETENTE.

Acá el proyecto completo:

Detengamos un momento acá, para empezar a desglosar lo regresivo de este proyecto: Este artículo lo que propone es que toda manifestación debe ser planeada 48 hs cómo mínimo e informada. Esto sabiendo que muchas manifestaciones suceden de forma espontánea, por ejemplo Familiares de víctimas de Gatillo Fácil o familiares de víctimas de las redes de trata, que no pueden esperar 48 hs para salir a marchar y mucho menos la autorización correspondiente.

En la parte siguiente, cuando establece la necesidad de una autorización ya termina de demostrar que el proyecto es un sinsentido jurídico, que llegaría a establecer por ley, por ejemplo, que la gente debería pedirle autorización al gobierno para protestar contra alguna medida que el mismo gobierno tome. Los jubilados, en ese caso, deberían pedir permiso al mismo gobierno que les recorta las jubilaciones permiso para poder protestar, pudiendo los gobiernos decidir qué movilizaciones si se pueden hacer y cuáles no. Esto además es profundamente anticonstitucional ya que va en contra del derecho constitucional de manifestarse, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución. Es decir, una ley provincial, modificaría a las garantías de la Constitución simplemente por el interés del gobierno de turno.

Para asegurar que el límite quede establecido se llega al punto de prever en el artículo siguiente la lista de sanciones de hasta 15 días de arresto a quienes se movilicen sin autorización. Incluso a responsables de las movilizaciones o a quienes colaboren con la misma. Llega al punto de establecer que si, por ejemplo, una empresa de transporte traslada a gente que se manifieste, ingresan en un registro que no puede contratar con el estado por el plazo de 5 años, en un claro intento aleccionador, que busca aterrorizar a cualquiera que colabore con una manifestación.

Los alcances del articulado son tan vagos, que por ejemplo, los trabajadores que colaboren o se solidaricen con los acampes de desocupados podrían ser objeto de sanciones por la ley, simplemente por solidarizarse. Además, es claro que la ley se orienta a atacar a partidos políticos que acompañen las movilizaciones y a organizaciones sociales, ya que prevé sanciones a sus responsables también.

Sobre la solidaridad de los diferentes sectores y en rechazo a esta política ya se han empezado a expresar voces de rechazo a esta iniciativa.

Hace unos días , Javier Musso dirigente del PTS, expresó en la legislatura una argumentación sobre el proyecto y las intenciones políticas del oficialismo, que para no repetir dejamos el vídeo aqui.

Si bien el intento de limitar la protesta social a través de una ley siempre tiene el límite de la realidad misma donde la protesta no va a dejar de existir, por que las causas para protestar no dejan de estar presentes, está ley se inscribe en un intento del régimen cordobés para modificar parcialmente la relación de fuerzas (o intentarlo al menos). No es la primera vez que se intenta sancionar algo similar (El Kirchnerismo también había intentado a nivel nacional, por el año 2014 de la mano del diputado Kunkel, introducir una discusión para que las protestas tuvieran que tener autorización y fracasó rotundamente) pero en el marco del ajuste en curso la unión de peronistas y radicales puede terminar dándole cuerpo a la modificación. Buscan así, un concenso para que gobierne quien gobierne, tengan más herramientas para limitar la protesta o al menos evitar que se produzca en los lugares más visibles de la ciudad, a dónde muchas veces se trasladan las manifestaciones justamente para que sean escuchados cuando los gobiernos no dan respuesta.

Párrafo aparte, es parpadojico, que el código que se intenta modificar nació, en cierto sentido, como una respuesta del régimen por la movilización popular, para desviarla. El código de Convivencia es como paso a llamarse el famoso "Código de Faltas", que con su figura de "Merodeo" había sido la herramienta predilecta de la policía para la detención arbitraria de jóvenes de los barrios populares, que no podían pisar el centro, y con la cual se acumulaban cientos de detenciones todas las semanas en las comisarías de la ciudad. La respuesta a esto fue un movimiento muy amplio que se expresaba en las Marchas de la Gorra, quizás la movilización más masiva en esa época luego de los 24 de Marzo y con una presencia muy grande de los barrios populares de la ciudad que marchaban denunciando los abusos policiales. Producto de eso el gobierno optó por reformar el codigo, cambiando el nombre y moderando las figuras más controvertidas, cómo una maniobra para evitar su derogacion. Si bien la herramienta siguió existiendo solo se logró cambiar y evitar que se siga usando masivamente la figura de Merodeo de esa manera: gracias a la movilización.

Las modificaciones jurídicas que pretenden introducir son una herramienta más para reprimir la protesta, para evitar que se escuchen los reclamos e incluso para intentar desarticular cualquier intento de unidad entre trabajadores ocupados, desocupados, precarizados. Sobran ejemplos de que muchas luchas, sociales, por los derechos de las mujeres, contra los abusos policiales, por los aumentos de sueldo, por condiciones dignas de vida y una larga lista de etcéteras no hubieran triunfado sin la movilización, es por eso que es fundamental rechazar de plano y sin medias tintas cualquier intento de limitar la protesta.

Desde el Frente de Izquierda Unidad y muchos sectores más se está preparando una gran movilización para el día 16 y las asambleas del PTS del fin de semana del 12 será una instancia para profundizar sobre este intento de limitar la protesta y para profundizar sobre cómo a estos intentos se los enfrenta de manera organizada y de conjunto, contraponiendo a sus intentos de limitar la protesta, la unidad de todos los que luchan.


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