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Red Internacional

La incertidumbre y el malestar frente al deterioro cada vez más pronunciado de las condiciones de vida se sienten con fuerza en el mayor conglomerado urbano del país. El peronismo intenta socavar la fuerza de las organizaciones sociales para ejercer un mayor control mediante los intendentes, mientras se preparan nuevas movilizaciones contra el ajuste en curso.

Viernes 22 de julio | 12:32

Los últimos datos de inflación y de precarización laboral no dejan lugar a dudas: sigue profundizándose el deterioro de las condiciones de vida de la población, y detrás de las estadísticas millones de vidas se ven impactadas por la crisis. Recientemente el Instituto de Investigación Social Política Económica Ciudadana (ISEPCi) informó que entre diciembre de 2019 (cuando asumió el actual gobierno) y junio de 2022 los alimentos de la canasta básica aumentaron un 212,25% en el conurbano bonaerense, el mayor conglomerado urbano del país con más de 10 millones de habitantes. Las cifras son peores aún en artículos “de lujo” como las milanesas, cuyo precio escaló un 306%. Se espera que julio termine con un nivel de inflación aún mayor que el mes anterior, y el fantasma del hambre se hace cada vez más nítido en muchos hogares.

Esto ocurre en un país donde, según el último estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, un 40% de la población es pobre, y donde además 5 de cada 10 trabajadores cumplen sus tareas en la informalidad o bajo alguna forma de precarización laboral. La situación social viene agravándose desde hace bastante, y ya durante el gobierno de Macri la cantidad de planes sociales entregados para paliar necesidades urgentes se había multiplicado enormemente. Con la llegada de la pandemia, el gobierno de los Fernández volvió a hacer uso de este recurso. Según un informe de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), en el año que va de 2020 a 2021 se entregó un 90% más de planes sólo en la provincia de Buenos Aires, pasando de 310.562 a 591.234. Planes que son insuficientes, y por los que además se exige una contraprestación laboral sin siquiera entregar herramientas para realizarla en muchos casos. Frecuentemente son utilizados por los municipios como mano de obra ultraprecarizada y sin ningún tipo de derechos, mientras gran parte de los trabajadores municipales se encuentran bajo distintas modalidades de contratación precaria, con salarios bajísimos. Este es el modelo que el peronismo y la derecha buscan convertir en algo permanente bajo el disfraz de “trabajo genuino”, con el traspaso de la gestión de los planes al Poder Ejecutivo.

En este contexto, el gobierno acaba de demostrar con los últimos anuncios de la ministra Silvina Batakis y el aumento del transporte público en el AMBA que proseguirá en la senda de complacer al FMI con más ajuste. Esto llevó a que incluso sectores ligados al gobierno como la CTA Autónoma o la UTEP de Juan Grabois se movilizaran este miércoles 20, y a que la CGT y la CTA dirigida por Yasky llamen a una movilización “contra la inflación”... ¡y recién para agosto!. Pero la resistencia real al cogobierno con el FMI comenzó mucho antes, con movilizaciones impulsadas por la izquierda y un amplio sector de organizaciones políticas y sociales desde 2021.

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Resistencia y ataques contra quienes salen a luchar

Durante los últimos meses hubo procesos de lucha de distintos sectores en la provincia de Buenos Aires, entre los cuales podemos mencionar a los trabajadores del neumático, docentes, trabajadores de la línea 60, la alimentación y la salud. Muchas de esas luchas continúan, y a ello se suma que los sectores donde más viene golpeando la crisis, es decir los trabajadores informales y desocupados, protagonizaron importantes movilizaciones a lo largo y ancho del país, con especial centralidad de quienes se organizan de forma independiente del Estado. La capital del país fue el escenario donde enormes columnas llegadas de todo el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires, es decir CABA y el conurbano que la rodea) llevaron adelante marchas y acampes que fueron duramente atacados por los grandes medios de comunicación y por muchos referentes de la política de todo el espectro patronal.

De los ataques verbales pronto se pasó a los hechos: durante las últimas semanas hubo allanamientos y apertura de causas a militantes y referentes sociales, donde el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad actuaron como la mano ejecutora de una política persecutoria respaldada por los discursos políticos que defenestran a esas organizaciones. El punto cúlmine se dio en el Jujuy del radical Gerardo Morales, donde se recurrió también al espionaje ilegal contra varias organizaciones sociales y la izquierda.

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Este martes el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta atacó también a las organizaciones sociales, nada más y nada menos que desde la Sociedad Rural Argentina, un lugar que es símbolo de lo más rancio de la oligarquía agroganadera. La kirchnerista Juliana Di Tullio salió a contestarle que durante el gobierno de Juntos se habían entregado “un millón de planes sociales” como forma de chicana: ambas coaliciones burguesas se echan en cara cuántos planes otorgó cada una durante sus gestiones como forma de recriminación a sus opositores, en un patético espectáculo que quienes apenas subsisten con esos planes de miseria deben mirar perplejos. No puede sorprender que el descontento y el malhumor vayan en aumento, cuando el solo hecho de alimentarse se está convirtiendo en una odisea en muchos barrios del país, y en particular del conurbano bonaerense donde los contrastes son brutales y están demasiado cerca del centro de poder político y económico del país para pasar desapercibidos.

Allí tiene lo más grueso de su base electoral el kirchnerismo, en particular en la Tercera Sección (que abarca centralmente La Matanza y 18 distritos al sur de CABA) y es por eso que todas las miradas del FdT están puestas en contener el malestar creciente y garantizar que los intendentes fortalezcan el control sobre los barrios y las calles. Un mes atrás, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó de un plenario de la CTA en Avellaneda, donde expresó que había que terminar con la “tercerización” de los planes sociales. En criollo: que el manejo tiene que volver al Estado, en este caso a través de los intendentes, que utilizarán a las universidades para ejercer un control sobre quienes reciben planes Potenciar Trabajo, según trascendió días después. Cualquiera que conozca un poco el conurbano sabe que el manejo de la caja en los municipios es absolutamente discrecional y que los punteros son quienes se encargan de gestionar el día a día en los barrios en función de los intereses de quien gobierna, lejos de la pretendida transparencia que alegan quienes defienden estas propuestas. Es muy difícil creerle a los funcionarios peronistas cuando dicen que quieren cambiar planes sociales por trabajo genuino, ya que como planteamos más arriba los trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires sufren condiciones de precarización que muestran lo que le espera a cualquiera bajo el mando de los caciques comunales.

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Si bien CFK posteriormente pareció intentar dialogar con ese sector de su propia base social que estaba atacando, apoyando la propuesta de Salario Único Universal que vienen levantando Juan Grabois y otros dirigentes del espectro peronista dentro de los movimientos sociales, la piedra ya había sido arrojada. Otros la tomaron con gusto para profundizar su ataque contra estos sectores, donde se organizan miles de los trabajadores más precarizados o directamente desocupados que justamente no consiguen “trabajo genuino”, es decir con derechos garantizados y un salario acorde a la canasta familiar.

Hay que decir que Cristina no fue la primera en denostar los planes sociales desde el peronismo, aunque su grado de influencia es ostensiblemente superior: el dirigente de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social de la provincia Andrés Larroque viene siendo uno de los portavoces de esta política. En una entrevista con Letra P la semana pasada, el “Cuervo” fue bastante directo al ningunear a su par en Nación Juan Zabaleta diciendo que el verdadero ministro es Emilio Pérsico. Este, además de ser funcionario nacional bajo las órdenes de Zabaleta, dirige el Movimiento Evita. Contra esta organización, que tiene importante peso territorial, vienen apuntando también sus dardos los kirchneristas, por razones que exceden al control del territorio (aunque eso es lo central): el Evita viene mostrando intenciones de presentar candidatos propios en las próximas elecciones, y perfilando a una dirigente de su espacio como precandidata a intendenta nada más y nada menos que de La Matanza, desafiando al cacique Fernando Espinoza, aliado de los k. Pérsico y otros referentes de ese espacio vienen mostrándose como los más férreos defensores del presidente Alberto Fernández ante cada ataque de la vicepresidenta, y diferenciándose del kirchnerismo, que los acusa de haber negociado beneficios con el macrismo durante el gobierno anterior.

Volviendo a Larroque -quien además sigue sin cumplir con su compromiso de entregar lotes a las familias que fueron desalojadas en Guernica el año pasado- el funcionario se despachó nuevamente con críticas al gobierno nacional en Letra P, diciendo que solo se pone una “curita” para emparchar y no se atacan los problemas de fondo que sufre la población. Si no se lo conociera, leyendo sus declaraciones no se sospecharía que es un dirigente del mismo FdT que gobierna. Su jefe Axel Kicillof, además, fue quien garantizó el éxito de una reunión entre los intendentes bonaerenses y la ministra Batakis este miércoles, en un claro gesto de apoyo al plan de ajuste feroz que comienza a aplicar la jefa de Economía.

El ya mencionado “Juanchi” Zabaleta, ministro directamente vinculado al territorio ya que es intendente de Hurlingham (en goce de licencia), fue entrevistado también por Letra P. En el mismo medio podía leerse a Larroque dando un panorama funesto del accionar gubernamental, y a Zabaleta diciendo que, a pesar de las dificultades, la mesa de los más necesitados del Estado estaba garantizada. La contradicción entre pares de Nación y Provincia expresa las del propio Frente de Todos, pero hay que mirar más sutilmente detrás de la interna peronista. No solo el gobernador Kicillof garantizó junto a su jefe de Gabinete Insaurralde (también cacique de Lomas de Zamora) el apoyo de los intendentes al plan de Batakis, sino que la propia Cristina Fernández de Kirchner avaló a la ministra con un silencio cómplice. No pudo leerse ninguna de sus airadas cartas o tuits luego de que se lanzaran medidas más antipáticas aun que las que venía anunciado Guzmán.

Crece el malestar y se avecina una nueva jornada de lucha

Mientras Kicillof y Alberto Fernández recorren la provincia anunciando obras y entregando algunas viviendas, en los barrios, los lugares de trabajo y de estudio la preocupación se hace cada vez más notoria y es parte de las charlas cotidianas, máxime cuando acechan los tarifazos en los servicios y en el transporte, que comenzarán a aplicarse en poco tiempo. El descontento creciente es lo que desvela tanto al peronismo como a la oposición patronal de Juntos, que ya vivió en carne propia la experiencia del “que se vayan todos” dos décadas atrás y sabe que el malhumor social que no se contiene puede llevar a estallidos donde la clase política sea puesta en cuestión sin diferenciar partidos.

En medio de una crisis que se profundiza, con el capital financiero y las grandes empresas contribuyendo a crear un clima de tensión que tienen en vilo a todo el país, los trabajadores y sectores populares son los convidados de piedra; o eso pretenden tanto el gobierno como la oposición patronal. Pero quienes ya están luchando no bajan los brazos y preparan nuevas medidas, y en ese marco está anunciada una nueva jornada de lucha para el miércoles 27 de julio. Allí confluirán distintos sectores, entre los cuales algunos exigen una medida parcial como el Salario Básico Universal, y otros plantean objetivos que van más allá de paliativos coyunturales.

La izquierda trotskista convoca a esta jornada llamando a enfrentar el cogobierno con el FMI y a no confiar en que ninguna variante burguesa dará una solución a los problemas más sentidos por las amplias mayorías de la población. El ejemplo de la lucha de Bagley en Córdoba, donde confluyeron recientemente trabajadores de la empresa y desocupados para doblegar a la multinacional de la alimentación, muestra la senda que hay que seguir, uniendo lo que el gobierno, las empresas y los intereses sectoriales mantienen separado. ¿Cuánto más espera el gobierno que resistan quienes tienen ya tan poco por perder? ¿Hasta cuándo piensan que van a poder imponer el discurso de la resignación? De esta crisis solo puede salirse con un programa que ataque directamente los intereses de los grandes capitalistas, como explica Fernando Scolnik en este diario, y poniendo por delante un objetivo superador.




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