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Red Internacional

ABUSO ECLESIÁSTICO E IMPUNIDAD.Conmoción en el Arzobispado de La Plata: ordenaron la detención del cura Sidders

El juez de Garantías Carlos Crispó hizo lugar al pedido del fiscal Álvaro Garganta. El cura facho y misógino, protegido de Héctor Aguer y Tucho Fernández, está acusado de graves abusos sexuales contra una exalumna del colegio San Vicente de Paul. Denuncian que durante dos décadas abusó de decenas de niñas, niños y adolescentes.

Daniel Satur@saturnetroc

Lunes 30 de noviembre de 2020 | 17:51

Faltan pocos días para que se cumpla el primer aniversario del supuesto suicidio del cura y capellán del Servicio penitenciario Bonaerense Eduardo Lorenzo, muerto el 16 de diciembre de 2019 (aparentemente de un tiro en el pecho) en la sede de Cáritas de La Plata cuando pesaba sobre él una orden de detención por graves abusos sexuales sobre adolescentes.

Mientras esa efeméride se acerca, el Arzobispado de La Plata vuelve a conmocionarse porque se conoce una orden de detención para otro de sus abusadores protegidos.

Mirá toda la cobertura del caso de Eduardo Lorenzo

Este lunes el juez de garantías Carlos Crispó hizo lugar al pedido de detención del cura Raúl Anatoly Sidders realizado la semana pasada por el fiscal Álvaro Garganta. El titular de la Unidad Fiscal 11 de la capital bonaerense investiga la denuncia por los abusos sexuales contra Rocío (nombre sustituto), cometidos durante años por el sacerdote.

Según pudo confirmar La Izquierda Diario, el juez Crispó aceptó detener a Sidders bajo los cargos de presunto autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo (de 2004 a 2008), doblemente calificado
por derivar en un grave daño en la salud mental de la denunciante y por ser Sidders ministro del culto católico.

A su vez también se le imputa el delito de corrupción de menores
agravado, por ser la víctima menor de trece años al momento de los hechos.

En un comunicado difundido este lunes Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, abogades querellantes, afirman que “este gran paso es posible por la enorme valentía de ‘Rocío’, denunciante, quien padeció los abusos del religioso entre sus 11 y 14 años, con graves consecuencias y secuelas para su salud”.

Como fue denunciado con anterioridad, luego de que la querella de Rocío pidiera la detención de Sidders se supo que el cura se había ido hacia el área de la Triple Frontera, más precisamente a Puerto Iguazú, lo que implica un grave riesgo de fuga. Sin embargo, como dicen Gallego y Garralda, “la detención fundada ante el cuadro probatorio abrumador que lo señala como autor de los crímenes, constituye además un duro golpe al operativo de impunidad de las autoridades del Arzobispado de la Plata”.

Leé también Habla la denunciante del cura Raúl Sidders: “Abusó de decenas de adolescentes”

Les abogades agregan que el propio arzobispo Víctor “Tucho” Fernández y su par de Puerto Iguazú Nicolás Baisi (hasta hace muy poco obispo auxiliar de La Plata), son parte de ese entramado encubridor, ya que llegaron a decir públicamente que la denuncia de Rocío (y de otras víctimas en las redes sociales) era mera fake news.

“El encubrimiento de la jerarquía eclesiástica se manifiesta en que, a pesar de la causa en su contra, Sidders mantiene tanto su cargo eclesiástico como público, ya que también es capellán de la Gendarmería Nacional”, denuncian Gallego y Garralda.

Vale decir que si bien fuentes del Ministerio de Seguridad afirman off the récord que Sidders ya no pertenece más al cuerpo de capellanes de la Gendarmería (y por lo tanto tampoco estaría cobrando su sueldo del Estado), desde la querella denuncian que la cartera que conduce Sabina Frederic aún no lo demostró públicamente.

“El nuevo escándalo ocurre a sólo un año de comprobarse los delitos de igual índole perpetrados por Eduardo Lorenzo, párroco de la misma diócesis de La Plata, cuyo fallecimiento fue anunciado tras trascender su pedido de detención”, recuerdan les abogades de Rocío en su comunicado, y finalizan recordando que “sobre Sidders recae asimismo la prohibición de salida del país”.

Rocío, sus patrocinantes legales y el conjunto de organizaciones de derechos humanos, de mujeres y de la izquierda que la acompañan exigen una investigación a fondo de los hechos denunciados “y que recaigan las consecuencias penales sobre el autor de los hechos, sus cómplices y/o encubridores”.

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