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Red Internacional

Repudiable. Conflicto en Caspalá: el Gobierno avanzó con obras con fuerte operativo policial

Durante el día martes efectivos policiales llegaron al pueblo de Caspalá para custodiar maquinaria pesada que avanzó sobre terrenos de la familia Cruz expropiado por la Legislatura a pedido del Gobierno de Jujuy.

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Miércoles 11 de enero | 14:03
Fotos: Facebook Caspalá caspala

Integrantes de la comunidad indígena de Caspalá venían advirtiendo de la fuerte presencia policial en estos días en el pueblo. Ayer martes, los mismos custodiaron el accionar de una máquina de Vialidad que destruyó un terreno familiar, sin consentimiento de la misma. En ese momento se hizo presente la comunera Lucía Apaza, quien ante la situación tensa, se descompensó y tuvo que ser asistida.

El terreno es de la familia de Pablo Cruz, quien fue notificado ayer de la expropiación de sus tierras por parte del Estado. Y si bien la orden otorga un plazo de 10 días para que la familia abandone el lugar la maquinaria ingresó al terreno, con custodia de la policía e infantería, destruyéndolo. En diciembre, durante una conferencia de prensa de la comunidad, Cruz había declarado que no tuvo contacto con ninguna autoridad, y que sus tierras heredadas desde hace generaciones son el único sostén de él y su familia.

Recordemos que este conflicto viene desarrollándose desde noviembre del año pasado ante la denuncia al Gobierno de Jujuy por parte de la comunidad indígena, que dio cuenta que el mismo pretendía construir una escuela en el predio de la cancha histórica que tiene el pueblo. Que estos hechos se realizaron sin garantizar la consulta previa, libre e informada, y que ha generado un fuerte rechazo de las familias del pueblo.

El 18 de noviembre sufrieron una brutal represión policial y se mantuvo presencia policial y hostigamiento constante sobre el pueblo de 300 habitantes ubicado en la quebrada jujeña. Además, se suspendió a una vocal que apoyó el reclamo de la comunidad.

La comunidad del pueblo kolla de Caspalá viene denunciando todos los atropellos y viene peleando porque su postura tiene sea escuchada, denunciaron en diferentes ocasiones que no hubo consulta previa, libre e informada como marca la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT, que ampara a las comunidades indígenas.

El ejecutivo más que escuchar a las familias de la comunidad, se reunió con el comisionado para dar cuenta que había respaldo y consentimiento y avanzó en la expropiación de la cancha para construir la escuela, y del terreno de la familia Cruz para construir una cancha, de manera express en la Legislatura provincial. La ley 6329 la votaron los diputados del oficialismo y del PJ, todo sin el consentimiento del pueblo caspaleño.

Una vez más queda a la vista el accionar del régimen policíaco contra los pueblos originarios pero también contra quienes defienden el derecho a decidir en sus territorios o barrios, cómo planificar los mismos, cuáles son las prioridades y dónde hacerlas. Así también lo habían denunciado las familias del barrio obrero Campo Verde, que defendieron a pesar de la represión y el hostigamiento la cancha del barrio y el lugar elegido para la construcción de la escuela.

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