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Red Internacional

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones salteña por mayoría, al rechazar los planteos de las defensas del empresario Levín, y otros tres imputados, entre ellos el ex jefe de personal de la empresa, un ex comisario y un ex policía. De esta manera se confirman los procesamientos en la investigación por la privación ilegítima de la libertad y torturas a 17 empleados de la empresa durante la última dictadura.

Miércoles 4 de agosto | 08:53

Este es el tercer procesamiento por delitos de lesa humanidad para Levin, quien ya fue condenado en una primera instancia por el secuestro y la tortura del delegado Víctor Cobos, aunque por una anulación posterior continúa en libertad, una muestra más de como les sigue siendo garantizada la impunidad a los genocidas, en especial a los empresarios.

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En diciembre pasado, Levín había sido procesado por el Juzgado Federal N°1 de Salta, como instigador del delito de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra 17 trabajadores de la Veloz del Norte, y se le trabó embargo por $1.200.000 sobre sus bienes.

La misma resolución fue adoptada contra del ex jefe de Personal de la empresa, José Antonio Grueso, del ex comisario Víctor Hugo Almirón y del ex oficial auxiliar Enrique Víctor Cardozo ambos de la Comisaría Cuarta de la capital provincial.
Grueso, Cardozo y Almirón, fueron imputados como partícipe necesario, coautor y autor mediato, respectivamente, trabándoles embargos por $600.000 a cada uno.

Esta resolución fue atacada por las defensas de los imputados, que cuestionaron las declaraciones de los testigos y la falta de pruebas que las respalden. También resaltaron supuestas falencias respecto a los motivos por los que las víctimas se consideraban perseguidas.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta por mayoría con el voto de los jueces Marina Catalano y el juez Ernesto Solá, rechazó los planteos y los procesamientos quedaron firmes. Uno de los jueces, Alejandro Augusto Castellanos, se pronunció en favor de dictar la falta de mérito para Levín, Grueso, Cardozo y Almirón.

En su voto, la jueza Catalano consideró que la resolución cuestionada estaba debidamente fundada “porque determina las razones por las que debía procesarse a Levin, Grueso, Cardozo y Almirón”, ya que se tuvo en cuenta las declaraciones de las víctimas y de otros testigos, la época en la que acontecieron los hechos y la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso. En el voto la jueza aseguró: "Por ende, es posible afirmar que no se trata de un resolutorio carente de fundamentación".

En relación a los testimonios de las víctimas, la camarista señaló que todas ellas “fueron contestes al declarar que eran llevadas a una habitación que se encontraba en el fondo de la dependencia en donde les propinaban golpes de puño, los tiraban en un colchón mojado con los ojos vendados y atados de pies y manos para someterlos a una ‘picana’ eléctrica”, y resaltó su valor probatorio.

Finalmente, consideró acreditado el carácter de lesa humanidad de los delitos imputados al empresario, su jefe de Personal y los dos policías. En tal sentido sostuvo: “En virtud de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, es claro que para sostener que un hecho constituye delito de lesa humanidad no sólo debe determinarse si los sujetos investigados desempeñaban funciones dentro del Estado -más precisamente en las fuerzas de seguridad-, sino también si se valieron del aparato estatal o utilizaron sus recursos o aplicaron los mismos patrones y procedimientos que el último gobierno de facto en perjuicio de ciudadanos para obtener beneficios personales o económicos”.

En su voto la jueza agregó que “resultaría adverso al sentido común afirmar que todas las personas que trabajaron en el Estado durante dicha época son responsables de los crímenes de tal índole cometidos, mientras que quienes no formaban parte del ‘aparato estatal’ fueron inocentes, aunque existan evidencias de su participación en ellos”.

Testimonios de trabajadores sobrevivientes

Los testimonios presentados en la elevación de esta causa y los aportados durante el juicio por Víctor Cobos, mostraron que Levín junto a Grueso, Almirón y Cardozo montaron una maquinaria para perseguir, detener ilegalmente y torturar a los trabajadores. El objetivo era avanzar sobre el grupo de empleados que apoyaba a Cobos, delegado gremial de la UTA, quien era la cabeza visible de un reclamo salarial en La Veloz del Norte.

El modus operandi incluía la confección de una lista de choferes y empleados para su detención ilegal en la Comisaría Cuarta. Allí eran sometidos a todo tipo de torturas para amedrentarlos o que confiesen falsos robos en perjuicio de la empresa. Con esas “confesiones” se armó la fachada legal de una causa penal por delitos de defraudación contra trabajadores de Salta y Tucumán.

La persecución contra los trabajadores de la Veloz del Norte y otras empresas tenía antecedentes. Durante los años 1973 y 1976 los trabajadores de la UTA protagonizaron en Salta una serie de luchas reivindicativas, centralmente en las empresas La Veloz del Norte y Atahualpa (propiedad de Balut).

Tras el golpe de Estado de 1976, los dirigentes sindicales fueron centro de la acción represiva. Carlos Norberto Hoyos, secretario General de la UTA-Salta, fue detenido el mismo 24 de marzo. Días antes, el 2 de marzo, la UTA nacional había declarado el estado de alerta en todas las provincias del NOA por aumentos de salarios, mientras que el 19 la UTA-Salta había anunciado un paro por tiempo indeterminado que fue ilegalizado por el Gobierno. En esos procesos de lucha participó como delegado de La Veloz del Norte, Víctor Cobos quien fue parte de los trabajadores perseguidos por Levin.

Impunidad garantizada para los empresarios genocidas

La impunidad para los genocidas y en especial para los empresarios que participaron en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, fue y sigue siendo garantizada desde hacen más de cuatro décadas por todos los gobiernos y por el Poder Judicial.

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Muchos sobrevivientes no lograron ver en cárcel común a quienes los secuestraron, torturaron y mantuvieron en cautiverio. Un ejemplo de esto es la triste noticia del fallecimiento de Pedro Troiani el pasado domingo, que a pesar de haber logrado con la lucha junto a sus compañeros de Ford la condena a dos de los gerentes imputados hacen casi tres años, todavía siguen cómodamente es sus casas.

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