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Red Internacional

Los hechos ocurrieron en 2017, cuando el joven de 14 años recibió un balazo en la cabeza mientras caminaba con sus amigos por la calle y se cruzó con un grupo de efectivos “fuera de servicio”. Entre ellos estaban Cristian Alejos (quien mató a Banuera), Maximiliano Aguirre y Lucas Bullosa, declarados culpables este lunes por el TOC 2 de Quilmes. El gatillo fácil, un modus operandi que sigue creciendo en la provincia de Buenos Aires.

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Miércoles 14 de septiembre | 10:19

Este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Quilmes, a cargo de los jueces Cecilia Maffei, Rodrigo Bagini y Félix Roumieu, dio a conocer la sentencia en el juicio contra tres efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense por el crimen del adolescente Matías Banuera (de 14 años), ocurrido el 29 de julio de 2017 en Quilmes Oeste.

El juicio comenzó el 31 de agosto. Allí el oficial Cristian Alejos fue juzgado por el “homicidio calificado” de Banuera y por la “tentativa” del mismo crimen contra Franco Giménez, uno de los amigos de Matías. En tanto que Maximiliano Aguirre y Lucas Bullosa fueron juzgados por “encubrimiento” del hecho. Finalmente este lunes el TOC declaró culpables a los tres, aunque en el caso de Alejos lo absolvió de la tentativa de homicidio de Giménez. Los montos de las penas que se les aplicará a cada policía se darán a conocer este viernes al mediodía.

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La querella de las familias de Banuera y Giménez estuvo representada legalmente por abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quienes pidieron el máximo estipulado para los delitos contemplados en el juicio: prisión perpetua para Alejos (por ser policía y autor material del homicidio agravado de Matías y la tentativa de homicidio agravado de Franco); y seis años de prisión para Aguirre y Bullosa (por ser policías y autores del delito de encubrimiento). La Fiscalía a cargo de Sebastián Videla coincidió con el pedido de esas penas para los tres.

Vale recordar que en marzo pasado un cuarto efectivo, Manuel Argañaraz, también acusado de encubrir el crimen, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión “de ejecución condicional” tras aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado.

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Juicio a Alejos Aguirre y Bullosa | Foto Agencia Andar
Juicio a Alejos Aguirre y Bullosa | Foto Agencia Andar

“Presunto robo”

La noche del 29 de julio de 2017 Banuera, Giménes y otros cuatro adolescentes caminaban por la esquina de Vélez Sarsfield y 402 bis de Quilmes Oeste. Según la reconstrucción de los hechos, al pasar frente a una casa fueron increpados e insultados por los cuatro policías, que en ese momento estaban “fuera de servicio”, quienes alían de una casa donde festejaban un cumpleaños.

Al cruzarse con el grupo de jóvenes, Alejos, Aguirre, Bullosa y Argañaraz comenzaron a hostigarlos. Uno les dijo “la concha de su madre, ustedes no son del barrio, están de visitantes”. Tras un cruce de insultos, los pibes salieron corriendo y los policías empezaron a perseguirlos a los tiros con sus armas reglamentarias.

Se presume que Argañaráz fue el único que no disparó su pistola. Los otros tres sí. Según las pericias, la bala que terminó alojada en en la cabeza de Matías salió del arma de Alejos, quien también intentó matar a Franco (de 13 años) cuando éste buscaba socorrer a su amigo y pedía a gritos ayuda en el vecindario.

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Los cuatro efectivos fueron detenidos horas más tarde. Y su versión de los hechos buscó en todo momento culpar a los pibes de un supuesto robo de una moto, hecho por el cual justificaron su accionar. Según su versión ensayada (probablemente junto a sus jefes de Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Cristian Ritondo) los jóvenes intentaron sustraer el vehículo de un patio lindero a la casa donde festejaban un cumpleaños. “Los encontramos en la esquina, les dimos la voz de alto y nos identificamos”, dijeron los acusados. Pero no hubo un solo vecino de los que atestiguaron en el juicio que los haya escuchado.

Pese a las versiones difundidas por medios zonales en las primeras horas posteriores a los hechos, las pericias también descartaron que los jóvenes atacados por la Policía hubieran portado algún tipo de arma y, mucho menos, disparado contra los uniformados. Sin embargo los acusados usaron esa posibilidad como parte de su coartada. “No existe ningún dato objetivo sobre la efectiva utilización de un arma de fuego, distintas a las empleadas por los ahora imputados”, dijo el fiscal Videla en el juicio.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal los cuatro miembros de la Bonaerense (obviamente con el aval de sus superiores) incurrieron en infinidad de irregularidades. “En una clara mancomunión, Alejos, Bullosa, Aguirre y Argañaraz decidieron no dar aviso a la autoridad local, cuando su deber legal imponía haberlo hecho”, dijo Videla, “máxime cuando según sus propios dichos al menos tres de los cuatro habían efectuado disparos con sus armas reglamentarias”.

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Sobre el uso de sus 9 milímetros, Videla se preguntó por qué Aguirre y Bullosa dispararon “si ante su campo visual no había persona alguna que pudiera representarles una potencial fuente de agresión”. Pregunta que ninguno de los acusados ni sus abogados pudieron responder.

Lo cierto es que, producto del habitual accionar de la Bonaerense (y de todas las fuerzas represivas del país), esa madrugada perdió la vida Matías Banuera y estuvo a punto de hacerlo Franco Giménez. “Sólo pedimos, junto a José y Blanca (padre y madre) que extrañan a su niño, justicia por Matías, justicia por Franco y por todos los pibes y pibas víctimas del gatillo fácil en nuestro país”, dijeron los abogados de la CPM en su alegato final previo a la sentencia que se conoció este lunes.

Familiares de Matías Banuera | Foto Facebook familia
Familiares de Matías Banuera | Foto Facebook familia

Modus operandi

Según datos recopilados por la propia Comisión Provincial por la Memoria, tomando de conjunto el período que comprende las gestiones de María Eugenia Vidal (Cambiemos) y de Axel Kicillof (Frente de Todos), el “gatillo fácil” a manos de policías no dejó de crecer. En 2017 la CPM registró 109 casos de “uso letal de la fuerza en territorio bonaerense” (el 10 % de los casos ocurrieron en Quilmes). Para 2021, esa cifra se elevó a 120 personas asesinadas por la Policía. Dos de cada tres víctimas eran menores de 30 años, mayoritariamente pobres.

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Más allá del caso de Matías Banuera (donde se descartó cualquier acción delictiva previa por parte de la víctima), la CPM registró que, de los 120 casos de gatillo fácil de 2021, 59 “fueron en el contexto de una tentativa o robo de bienes personales del personal policial”, lo que demuestra una reacción criminal directa de los uniformados cuando se enfrentan a un hipotético peligro subjetivo. De allí que la CPM sugiera la “derogación del estado policial” (es decir el uso de armas y de “chapas” aún estando fuera de servicio) “porque no impacta en la prevención del delito pero sí en la letalidad de las acciones policiales”.

“Estas violaciones estructurales de derechos humanos, sustentadas en la práctica sistemática de la tortura, no son una novedad: son la continuidad de las políticas punitivistas o de la mano dura que se implementan en el territorio provincial desde hace muchos años”, detallan desde el organismo presidio por Dora Barrancos y Adolfo Pérez Esquivel, quienes lejos están de ser considerados opositores al actual gobierno (del que, paradójicamente, forma parte el encubridor serial de criminales de uniforme, Sergio Berni).

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En su libro La disciplina de las balas. Análisis en primera persona el gatillo fácil y la represión de la protesta en Argentina (Ediciones IPS, 2019), Carla Lacorte plantea que hablar de ese modus operandi de las fuerzas represivas es hablar, lógicamente, de la Policía y de sus víctimas, pero también de política, de Estado y gobiernos, del Poder Judicial, de negocios ilegales y crimen organizado con participación directa del Estado. Y es hablar de la criminalización de la juventud pobre, de su control social en clave clasista.

En palabras de la autora (sobreviviente de gatillo fácil en 2001 en Quilmes), “no hay que concederles a los asesinos de uniforme y a sus sostenes políticos y judiciales eso que tanto ansían: que nos consideremos víctimas individuales, que a lo sumo consiguen como toda compensación alguna condena a alguno de esos criminales en tanto individuos (fusibles lógicos del sistema), y desistamos de organizarnos hasta ser una gran fuerza social que de una vez por todas les cobre las cuentas a todos y cada uno de los culpables… con el socialismo”.

Este miércoles 14 de septiembre, Lacorte estará presente en el stand de Ediciones IPS de la 10° Fiesta del Libro y la Revista en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui). Desde las 18 la autora de La disciplina de las balas estará conversando con las lectoras y lectores que se acerquen al puesto de la editorial impulsada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda Unidad.


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