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Red Internacional

A través de un comunicado de prensa las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Guayatayoc denunciaron la convocatoria a licitación pública por parte del Gobierno de Gerardo Morales para la exploración y factibilización de un proyecto de extracción de litio en los salares de estos territorios que abarcaría 11 mil hectáreas.

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Jueves 17 de noviembre | 19:39

Compartimos Comunicado de Prensa y documento para adherir:

LLAMADO AL CESE INMEDIATO DE LICITACIONES, INICIATIVAS Y ACTIVIDADES MINERAS EN LA CUENCA DE SALINAS GRANDES Y LAGUNA DE GUAYATAYOC EN LA PROVINCIA DE JUJUY

El pasado 9 de noviembre se conoció el llamado a licitación pública para la “Exploración y Factibilización de Proyecto de Recursos de Litio en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en la Provincia de Jujuy”, convocado por la provincia de Jujuy a través de la empresa provincial “Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado” (J.E.M.S.E.) y promovido por la firma Lithos Desarrollos Energéticos S.A.

Según se informa, la iniciativa contempla inversiones para la prospección geológica, exploración y factibilidad de un proyecto minero de litio en propiedades mineras de titularidad de J.E.M.S.E., divididas en dos áreas o cuencas principales ubicadas en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy. Para poder acceder al pliego, cuya venta estará abierta hasta el 28 de noviembre, debe afrontarse un costo de 55.000 dólares estadounidenses. Este requisito resulta violatorio de derechos fundamentales de acceso a la información, ya que no permite conocer ni determinar cómo se verán afectadas las comunidades de la zona ni el ambiente, ya que no se llevaron adelante los procesos informativos de participación temprana, ni de consulta libre, previa e informada correspondientes.

Además, este llamado a licitación se constituye en un nuevo hecho en un conjunto de estrategias del gobierno de la Provincia de Jujuy de avanzar en la explotación de litio a cualquier costo. Sobre la base de la justificación de su accionar en la necesidad de divisas para el repago de la deuda, y también en que el litio es necesario para la transición energética, se pone en riesgo un ecosistema hídrico muy frágil, con valiosa biodiversidad, que brinda innumerables beneficios a la sociedad en general y del que dependen la vida y cultura de las comunidades que habitan en la zona. El avance de la actividad sin tener en cuenta los impactos ambientales de manera integral harán imposible la permanencia en el territorio de quienes lo habitan ancestralmente.

Las excusas económicas se utilizan para pasar por alto derechos reconocidos en la Constitución Nacional y tratados y acuerdos con jerarquía superior a la leyes, como el derecho a un ambiente sano, al acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales reconocidos (Acuerdo de Escazú), y, en el caso de las comunidades indígenas, a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, a la libre determinación y a fijar las prioridades de su desarrollo, y a la consulta libre previa e informada (Convenio Nº 169 de la OIT y Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

Este hecho se conoce a apenas unas semanas de haberse buscado la modificación del decreto provincial Nº 5772/2010 que regula la evaluación de impacto ambiental para la actividad minera, y cuyo borrador achica la instancias de participación de las comunidades en contra de la manda legal. Además, la vulneración de derechos, en particular el derecho de acceso a la información pública ambiental, fue recientemente reconocido por el Juzgado Ambiental de Jujuy, al condenar al estado provincial a la entrega de manera integral y completa de la información vinculada a proyectos mineros existentes en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (del lado de la provincia de Jujuy).

Las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc vienen luchando por la vigencia de sus derechos desde hace más de 12 años, y han emprendido distintas estrategias de organización, movilización y resistencia que incluyó por ejemplo, la judicialización inicial de sus reclamos ante el máximo tribunal del país en el 2010, y el desarrollo del Kachi Yupi, un protocolo comunitario sobre cómo tiene que llevarse a cabo la consulta previa, libre e informada para que resulte culturalmente apropiada como manda la legislación internacional.

Recientemente, en el 2019, algunas comunidades junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales iniciaron un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de requerir la suspensión de todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la cuenca Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, hasta tanto se garantice que no se generará un daño irreversible en el ambiente. Esta acción, si bien posee un dictamen favorable de la procuración general respecto a la competencia originaria, sigue a la espera de que el máximo tribunal acepte su competencia originaria por tratarse de una cuenca inter-jurisdiccional que comparten las provincias de Salta y Jujuy.

Ante ello, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, mediante el siguiente manifiesto llaman al inmediato cese del avance de iniciativas y actividades sobre su territorio, - iniciativas justificadas en la llamada transición energética de carácter corporativo que reproduce las lógicas de desigualdad y exclusión -, que vuelven a vulnerar derechos fundamentales, e invitan a solidarizarse y a visibilizar este avasallamiento, en particular en el norte global en donde se buscan inversores para avanzar en esta licitación.


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