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Red Internacional

"La Justicia Penal en Malargüe alimenta la impunidad, el racismo, la desigualdad y la violencia institucional contra los Pueblos Originarios, sus comunidades de familias campesinas y puesteras", denunciaron desde la Organización Identidad Territorial Malalweche. Detallaron una serie de hostigamientos, entre los que se encuentra la detención de un puestero, acusado de "haber robado sus propios animales"

Martes 8 de junio | 20:53

A través de un comunicado, la organización identidad Territorial Malalweche, hizo pública la situación que vienen sufriendo las comunidades mapuches del sur provincial de hostigamiento y persecución por parte de la Justicia mendocina.

"Tanto el juzgado penal de Malargüe a cargo del Juez Olmedo, como la fiscalía local a cargo de Andrea Llorente, vienen estableciendo hitos para reunir en esta denuncia pública una lista de casos que confirman la impunidad, el racismo, la desigualdad y la violencia institucional", denunciaron. El último hecho, que se sumó a una larga lista de amedrentamientos, fue la detención de un puestero durante 5 días, acusado de robar sus propios animales.

"El Estado y sus tres poderes acumulan una deuda histórica para con los Pueblos Originarios y sus comunidades de familias campesinas y puesteras en toda la extensión de la Provincia de Mendoza, no es la Justicia quien debe resolver esta situación, pero si es la responsable de garantizar la NO VIOLACIÓN de Derechos Humanos y de Derechos Indígenas protegidos en la Constitución Nacional y en Convenciones Internacionales", exigieron.

A su vez, solicitaron la solidaridad y difusión de estos graves hechos contra las comunidades que resisten el avance del fracking sobre sus terrenos ancestrales.

Entre otros hechos, las comunidades mapuches denunciaron la situación vivida en la comunidad Lof Suyay Leufu, donde "luego de un intento frustrado de desalojo dictado por la jueza Cubillos, se denunciaron el robo de dinero y de elementos personales".

A continuación, reproducimos los hechos de violencia denunciados:

  •  Caso Lof Laguna Ibera, Familia Mendez, a pesar de que esta comunidad posee personería jurídica otorgada por ReNaCI – INAI, y tener el relevamiento técnico jurídico catastral exigido por la ley nacional 26.160 y sus prorrogas proceso de denuncias, las denuncias sobre robos, destrucción de viviendas, afectación a la vida comunitaria en la veranada de la comunidad, han sido pasadas a archivo o ignoradas sin una investigación por la fiscalía local ni el juzgado local
  •  Caso Lof Chenqueko, la familia Gajardo en el año 2016 se realizó un desalojo violento de una familia de la comunidad, donde hubo destrucción y robos, y aunque se identificó claramente a los responsables, entre ellos Sergio Rostagno personaje que esta repetido en diferentes situaciones, no se avanzó con la investigación por parte de la fiscalía ni se llevó a cabo la solicitud de allanamiento de morada para el terrateniente acusado y sus cómplices.
  •  Caso Lof Epu leufu, familia Marquez, En diferentes situaciones se han realizado denuncias sobre presiones, abuso de poder, violencia institucional, mal procedimiento, en especial por agentes del Departamento General de Irrigación, así como también por representantes del Holding de inversión que retiene más de 500.000 hectáreas conocido como “los Malayos” empresas Nieves de Mendoza y Vallles Mendocinos, o Campo Las Leñas. Tampoco ha habido avances de investigación y permanentemente se pone en dudas el accionar de las familias de la Comunidad.
  •  Caso Lof rukache, familia martinez – Cortes. El caso de las familias de esta comunidad es uno de los más irregulares y de larga data. A pesar de existir una medida cautelar de no innovar sobre el avance de alambrados sobre el territorio de la comunidad por parte de la Justicia Civil a favor, la justicia Penal, la fiscalía y por lo tanto la policía de la zona no hacen cumplir la orden, y presionan de esta manera a los miembros de la comunidad que si se AJUSTAN a la LEY. Esta situación es realmente PREOCUPANTE ya que con argumentos cruzados se valida la impunidad y la violación de leyes, aquí la fiscal Llorente expresa con mayor ensañamiento su Racismo, su actitud discriminatoria y violencia institucional.
  •  Caso Lof El Sosneado, familia Verón. En la situación de esta comunidad que se encuentra en la costa norte del río Atuel, la Fiscal se desentiende flagrantemente sobre el caso argumentando que es de otra jurisdicción, pero también demoró las comunicaciones sospechosamente sobre las denuncias de robo y destrucción de una casa de la comunidad, situación que terminó impactando negativamente a la comunidad que paso de ser víctima a ser denunciada y varios de sus miembros imputados. Pasados dos meses del hecho se les retiró la acusación, pero nunca aparecieron las denuncias y presentaciones realizadas por la Comunidad. las denuncias de la comunidad por usurpación de su territorio por parte de perdida de denuncias, complejizar procesos de denuncias
  •  Caso Lof el morro, familia Verdugo. Esta Comunidad viene siendo víctima de presiones y violencia institucional agravada ante la inacción, nuevamente, de la Fiscal Andrea Llorente, que incluso da lugar a las acusaciones infundadas de agentes municipales denunciados, pero no da curso a las graves denuncias iniciadas por la Comunidad, aquí el rasgo político y de impunidad se hace muy evidente.
  •  Caso Lof Tremunko, Familias Hernández. La comunidad se encuentra en la zona de Pata Mora, distante 300 km de la ciudad de Malargüe y ha sido recurrente que las denuncias realizadas queden en espera o pasen a archivo, pero las presiones del gobierno provincial y municipal no cesan en su intención de desconocer a la Comunidad, en complicidad con personajes apoderados de campo o terratenientes. De fondo VACA Muerta y Potasio Río Colorado. Siempre esta comunidad ha estado dispuesta al Diálogo Intercultural, pero nuevamente el manto de sospecha corre en contra ante la inacción y falta de resolución de las denuncias por parte de la Fiscalía local
  •  Caso Lof Auka lihuen, aunque no hubo resistencia en el año 2019 esta comunidad sufrió un desalojo y destrucción total del puesto histórico de la familia con más de 100 años de presencia en la zona. El proceso de notificaciones y acusaciones, así como la orden de desalojo sospechosamente se producen una semana antes de las elecciones provinciales y una semana antes del anuncio, por parte del Gobierno provincial a cargo en ese entonces de Alfred Cornejo, del acuerdo de cese de la concesión de Vale sobre el proyecto Potasio Río Colorado. Nuevamente la sospecha esta sobre la comunidad, aunque nadie podría sospechar de la acción sistemática que se evidencia en este Caso con una connivencia entre el Poder Ejecutivo y la Justicia Penal. , Ahora si se puede ver al Juez Olmedo, que garantiza permanentemente el accionar de la Fiscal Llorente.
  •  Caso Lof Galdamino, es último caso es realmente todo lo contrario a una APLICACIÓN DE JUSTICIA, la prueba más clara es que en casi 400 hojas de dos expedientes que se abrieron para desalojar violenta e ilegalmente a la comunidad y después acusarlos de delitos tapando la violencia institucional y uso desmedido de la fuerza; solo en 3 o 4 fojas se nombra a algún miembro de la comunidad, entre ellos cuando se constató que estaban haciendo posesión del Territorio y otra cuando se les notificó que estaban en un proceso de denuncia. Nunca se les informa de la acusación por Usurpación y menos se les permitió incorporar ni la más mínima prueba sobre sus derechos territoriales. Finalmente, todo esto en el marco de la fase 2 de cuarentena y con una Pandemia mundial que establecía claramente que no debía ejercerse ninguna acción en contra de la comunidades indígenas, campesinas o sectores vulnerables.


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