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Red Internacional

Integrantes del pueblo atacama, de San Juan de Quillaques, Coranzuli y Collamboy denuncian que se ha instalado en territorio indígena una minera sin consentimiento de la comunidad. Desde el sábado que están acampando en el lugar y exigen que la empresa se vaya. La policía respondió con intimidaciones a quienes defienden sus derechos.

Natalia MoralesDiputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Lunes 14 de marzo | 17:39

No es la primera vez que comunidades indígenas denuncian el atropello de empresarios mineros que se instalan en sus territorios sin consentimiento de quienes viven y habitan esos lugares desde tiempos ancestrales.

Justamente en estos días, es la comunidad de San Juan de Quillaques, y la familia Quispe, quienes dan cuenta de la instalación de la empresa "Minerales Australes S.A." en los predios de la familia indígena.

Como sucede en todos los casos, una persona a cargo dice tener la autorización pero no muestra ningún papel. El sábado 12/3 fue Gabriel Cortés, quién estaba presente en la zona con diez operarios, afirmó tener la autorización para trabajar en el lugar, aunque fueron las mismas familias quienes se plantaron, exigiendo no sólo los papeles, sino denunciando la ilegalidad del accionar y la usurpación en sus territorios.

La comunidad realizó una asamblea el mismo sábado en el paraje Tanques y decidió hacerse presente en el lugar y acampar hasta que la minera se vaya. Junto con San Juan de Quillaques, también se sumaron familias de las comunidades de Coranzuli y Collamboy, quienes son colindantes en la cuenca de Olaroz, en el departamento de Susques, y vienen denunciando hacer varios años el avance de las empresas mineras con el extractivismo del litio afectando sus fuentes de agua.

Como menciona un comunicado de prensa que difundieron las comunidades afectadas, la familia Quispe había realizado una denuncia por usurpación el 22/2 pasado en la comisaría de Tilcara. Sin embargo, como sucede en todos los casos, las mismas quedan archivadas, mientras el Estado garantiza la instalación de las empresas en los territorios indígenas.

Con las medidas de protesta y las denuncias públicas, la ayudante fiscal de Tilcara, María Eugenia Di Pietro intimó a la empresa para que presente las autorizaciones competentes cuyo plazo vencía hoy al medio día. A la par, integrantes de la familia Quispe, fueron notificados e intimidados a abandonar la medida de protesta, con un posible desalojo, a favor de la empresa minera.

La situación en este momento es de bastante incertidumbre. Queda clara la vulneración de los derechos indígenas de las comunidades afectadas que luchan en defensa de sus territorios y del agua, donde empresas, el Gobierno de Gerardo Morales, y el Estado, más allá del discurso a favor de los pueblos originarios, accionan en desmedro de los mismos.

Así lo remarca en un video Asenciona Quispe, quien denuncia que el Gobierno realizó un camino en su parcela para que se instale la empresa minera. Un atropello brutal que atenta contra su derecho a decidir sobre el territorio donde vive. Ella afirma que no está de acuerdo... que no quieren que la molesten... y no está de acuerdo con la minería en su casa.

Otro ejemplo del atropello y accionar del Estado es la presencia de Gabriel Cortés, quién se presentó en nombre de Minerales Australes y denunció a la comunidad indígena por interrumpir el trabajo de la misma. En la web Linked In Cortés figura actualmente como docente de la UNJu y responsable del Área Ambiental y Social del JEMSE - Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Consultor de patrimonio arqueológico de Mineras Autrales, de Sales de Jujuy, y otros emprendimientos mineros, que tienen varias denuncias en contra.

Alejandro Vilca, diputado nacional del PTS/FIT-U se solidarizó con las comunidades indígenas que están acampando y exigió que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada, como también la defensa de los territorios y del agua.

Compartimos comunicado de prensa:

SOLITUD DE URGENTE DESALOJO DE LA EMPRESA MINERA "MINERALES AUSTRALES S A" EN LA ZONA DE ATACAMA.

Aproximadamente a las 9 de la mañana del día 12 de marzo, se realizó una pequeña asamblea en el paraje de Tanques dpto.de Susques, en la cuál se tomó la decisión de hacerse presente en el lugar dónde se instaló una minera ilegalmente, al llegar al lugar se encontraba presente un Sr. Que dijo llamarse Gabriel Cortés, junto de alrededor de 10 operarios, Gabriel Cortés, se acercó para hablar con los poseedores ancestrales del lugar(comunidades originarias) y los hermanos solicitaron que se retiren inmediatamente desalojando el lugar y por supuesto paralizando todo trabajo desde ese mismo momento, este sr. Intentó defender el hecho de que la empresa minera esté instalada en el Territorio Comunitario de la comunidad de San Juan de Quillaques, específicamente en el territorio de la familia Quispe, diciendo que poseen las autorizaciones correspondientes pero sin exhibirlas ni mucho menos.

Siendo aproximadamente a hs. 11 y ante la imprerante situación de impotencia, se decidió que el Sr. Quispe reiterara la denuncia, (ya que la había realizado con anterioridad en la seccional de Tilcara con fecha 22 de febrero) por usurpación y solicitando que la policía se haga presente en el lugar del hecho, en el destacamento de Susques, tras realizar la denuncia, la ayudante fiscal hizo lugar a la solicitud, ordenando que la patrulla se hiciera presente en el lugar. Al presentarse la policía en el campamento minero, hace conocer la denuncia que pesa en su contra y la orden de fiscalía donde los intima a presentar la documentación pertinente dentro de 48hs. a los representantes de la empresa minera, a lo cuál estos se defienden diciendo que las Comunidades Originarias los estaba cortando el tránsito, e impidiendo el ingreso y egreso a su lugar de trabajo. Tras escuchar tal barbaridad, las comunidades allí presentes insisten en exigir el inmediato desalojo de la empresa minera, y en que no se retirarán del lugar mientras eso no ocurra.

Después de un intercambio de palabras entre, las comunidades, los empleados mineros y la policía y ante la negativa de retirarse de allí de parte de las Comunidades, los empleados mineros comunican el cese de toda actividad desde ese momento y el retiro del personal quedando solo 3 empleados como custodia, y aclarando que habrán dos turnos. Tras lo cuál las comunidades en Asamblea aceptan y deciden acampar en el lugar a la espera de una solución de parte de la fiscalía. El día lunes 14 de marzo al mediodía día se cumple el plazo dado a la empresa minera para presentar la documentación, mientras las Comunidades Indígenas continúan acampando a la espera del desalojo de la empresa minera del territorio comunitario, por está razón los hermanos en acampe solicitan la solidaridad de todos los hermanos que se puedan acercar al lugar el lunes al mediodía para exigir el inmediato desalojo de la empresa minera, puesto que no existió un procedimiento legal para su instalación en el Territorio Comunitario. Las comunidades originarias presentes en este lugar son la Comunidad Originaria de Coranzulí (miembros), la Comunidad Originaria de Collamboy, su presidenta y vice presidente y otros miembros de esa comunidad, y los damnificados miembros de la comunidad de San Juan de Quillaques.




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