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Red Internacional

Las condiciones existentes en el lugar son preocupantes y no existen garantías de seguridad sanitaria ni para los jóvenes detenidos ni para quienes trabajan en las distintas áreas del complejo: escuela, administración, cocina, entre otras.

Nahuel RodriguezDelegado Departamental Suplente | Agrupación Docentes D-Base en el FURU

Lunes 26 de abril | 00:50

En el Complejo Esperanza, centro socioeducativo para menores en conflicto con la ley penal, aumenta la preocupación en plena escalada de contagios. El lunes de esta semana, con 44 años, falleció de Covid-19 Daniel “Chino” Córdoba, empleado de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que se desempeñaba como guardia en el módulo San Jorge.

Además de Córdoba, se produjeron otros 9 casos positivos en el mismo módulo, son 4 jóvenes, una trabajadora administrativa y 3 de cocina, y en el módulo Nuevo Sol hubo otros 3 contagiados, entre ellos una socioeducadora, un guardia y un menor.

A partir del primer contagio se activaron los protocolos y el aislamiento de infectados y contactos directos, pero las condiciones existentes en el lugar son preocupantes y no existen garantías de seguridad para los trabajadores ni para los jóvenes allí detenidos.

Hacen falta recursos

El Complejo Esperanza se caracteriza por mantener cerrado todo bajo llaves, o rejas, incluso hasta la información; pero en el último tiempo esta condición se agravó. Todo contagio, caso sospechoso y medida de aislamiento o cierre lo maneja el Centro de operaciones de emergencias (COE) de manera unilateral y centralizada. Los jóvenes, sus familias y los trabajadores se enteran qué ocurre cuando las decisiones ya fueron tomadas.

A la falta de información se suma que, salvo el personal médico y del servicio penitenciario, las y los trabajadores todavía no han sido vacunados contra el COVID-19, entre ellos quienes se desempeñan en la escuela del Complejo.

En marzo del 2020, por medio un decreto del gobernador Juan Schiaretti, se incorporó al personal del Complejo Esperanza entre los considerados servicios esenciales y áreas críticas indispensables para afrontar la situación, aunque en la realidad todavía sean tratados y sigan figurando como “administrativos”.

En los institutos las condiciones de vida y trabajo nunca fueron buenas y con la pandemia esta situación ha empeorado. A la falta de vacunación hay que agregar que la provisión de alcohol, barbijos, máscaras y guantes es insuficiente y tardía, la cantidad trabajadores es escasa para la cantidad de puestos que se necesitan cubrir y los salarios son de pobreza. Una gran parte de la planta de Senaf está precarizada (contratado o monotributista) y son sometidos a sobrecarga laboral permanente. Los menores pasan frío, están hacinados en habitaciones entre 10 y 14 personas y la alimentación es de mala calidad e insuficiente.

Y ni hablar del transporte interurbano. Trabajadores y familias están obligados a viajar en la única línea que llega al predio, de la empresa Sarmiento, que además de tener muy poca frecuencia (cada 2 o 3 horas) no cumple con los protocolos para viajar sin riesgo.

Con los dirigentes a la cabeza o…

Con la firma del secretario general, José Pihen, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) emitió un comunicado solicitando "con urgencia" la vacunación de empleados y menores, la entrega de ropa de trabajo, ampliación horaria del personal en residencias del interior, un bono salarial y el régimen especial jubilatorio.

Tuvo que haber una muerte para volver a tener noticias sobre el SEP y su Secretario General en su octavo mandato (29 años en la conducción del gremio), legislador por Hacemos por Córdoba y aliado del Gobierno provincial, José Pihen, quien, no olvidemos, se jubiló dos días antes de que se aprobara la reforma de la ley previsional que ajustaba haberes jubilatorios y pensiones y que fue impulsada por el propio PJ al que pertenece.

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Cabe recordar que el Complejo Esperanza, como en el resto de las dependencias provinciales, existe gran cantidad de trabajadores que están precarizados y de los cuales el “Pepe” se olvidó de nombrar dentro de las urgencias. Frente a esta situación, la legisladora Noel Argañaraz del PTS-Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley para que se disponga el pase a planta permanente de todo el personal de la Administración Pública Provincial que revistaba como contratado o monotributista a diciembre de 2020.

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El SEP tiene que llamar a asambleas en el Complejo Esperanza y en todas las dependencias de la provincia para que los trabajadores puedan debatir cómo organizarse frente a las demandas no escuchadas y poner en pie Comisiones de Seguridad e Higiene para exigir al gobierno que garantice condiciones de trabajo sin riesgo junto a un plan de lucha en perspectiva de unidad y coordinación con diferentes sectores.




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