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Red Internacional

Política sanitaria.¿Cómo llegó Argentina a superar las 60.000 muertes por covid-19?

Mientras el Gobierno y sus voceros mediáticos ponen el foco en la “responsabilidad individual” y en la puja por las clases presenciales con Juntos por el Cambio, el número de fallecimientos en lo que va de la pandemia desnuda la realidad de una política de salud pública con sello capitalista y antipopular.

Luján CalderaroTrabajadora Social - Becaria UBA | @tete_calderaro

Jueves 22 de abril | 12:38
Foto Agencia Uno

El sistema de salud argentino está al borde del colapso. Como afirman desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), colapso significa que "no haya más camas". El Ministerio de Salud registra una ocupación de camas del 65,5 % a nivel nacional, y un 75,4 % en el AMBA.

Más allá de los porcentajes y más cerca de la realidad que se vive en los hospitales y sanatorios del país, la situación es más alarmante: varias instituciones ya colapsaron. En AMBA y en provincias como La Rioja, Río Negro, Neuquén, Chaco, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego, cada vez son más las instituciones sanitarias que ya alcanzaron el 100 % de ocupación de camas UTI o están cerca de hacerlo.

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El colapso sanitario impide la posibilidad de responder rápidamente ante la necesidad de acceder a una atención personalizada. El domingo 18 murió una enfermera porque no había camas de terapia intensiva disponibles. Luego de esperar 48 horas para ser atendida en el Sanatorio Julio Méndez, de la obra social que atiende a empleados municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

La médica intensivista del Hospital Fernández Luciana Previgliano dijo, en diálogo con medios televisivos: “después de la primera ola pensé que no iba a ser peor esta segunda ola y me equivoqué. Los pacientes son más jóvenes y están más graves. Requieren de una atención en una forma más temprana que la vez pasada. Esta ola es claramente peor”.

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En esto coincidió Rosa Reina, médica intensivista y referente de la SATI. En diálogo con el programa “Y ahora quién podrá ayudarnos” que conduce Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, la médica alertó que la muestra de un informe realizado por la SATI, registra un promedio de edad de personas internadas en terapia intensiva de 53 años, "Creemos que es porque esa gente está en la calle, se moviliza ya sea para trabajar o para algún evento social, muchos con comorbilidades y creemos que es la población que más está afectada en estos momentos, ya que es la que más circula y la que se está vacunando menos”.

El martes el Hospital Garrahan confirmó que hay 39 niños internados, 3 de ellos en terapia intensiva. Otros tres fallecieron por el coronavirus. En total, al día de hoy hay medio centenar de niños internados con covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires.

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La salud en la Argentina: un historial de desinversión y negocios privados

En el sector privado la situación es más crítica. Este miércoles el presidente de la Unión Argentina de la Salud y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, dijo que "estamos al 100 %" porque los sanatorios no cuentan con los respiradores necesarios para tratar pacientes graves".

En lugar de invertir en recursos sanitarios para mejorar sus servicios -teniendo en cuenta los altos montos que pagan los afiliados mes a mes-, los empresarios de la salud privada se han dedicado a acumular ganancias a costa de la salud privada y las obras sociales. Por eso hoy son los primeros en colapsar y se ven obligados a apoyarse en la salud pública: el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, hizo saber este martes en conferencia de prensa que el Gobierno porteño entregó “en calidad de préstamo cerca de 50 respiradores al sector privado”.

Tanto la escasez de recursos como las situaciones heterogéneas que atraviesan las instituciones sanitarias del país, obligan a tomar decisiones sanitarias en función de la disponibilidad de camas y recursos. Si bien el Ministerio de Salud de la Nación habla de la derivación de pacientes entre el sector público y privado, esta medida no alcanza.

La unificación del sistema de salud público y privado, planteada por el Frente de Izquierda junto a trabajadores de la salud, es una decisión urgente a tomar frente a un principio de colapso del sistema sanitario. Se trata de disponer centralizadamente de todos los recursos, poniendo a todo el sistema de salud en la órbita del Estado y bajo gestión de sus propios profesionales y trabajadores.

Un plan de testeos y rastreo centralizado permitiría un mayor control epidemiológico, para detectar contactos estrechos tempranamente y así frenar lo más posible la circulación del virus.

Eduardo López, médico infectólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y miembro del comité de expertos que asesoran al Gobierno, consultado por "Alerta Spoiler" en La Izquierda Diario remarcó la importancia de los testeos para disminuir la circulación del virus: "El testeo lo que permite es detectar al caso, aislarlo, y estudiar los convivientes estrechos, que eso es uno de los déficit que habitualmente tenemos. Me parece que aumentar los testeos, es una medida importante, porque permite tener una magnitud de cuanto esta circulando el virus. Necesitamos testar mas, sin ninguna duda. Tiene que formar parte de un plan, el testeo tiene que hacerse sistemático".

Las camas y respiradores no alcanzan. La especialista Elisa Estenssoro, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Sociedades de Terapia Intensiva y exjefa de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos San Martín de La Plata y consultada por La Izquierda Diario, afirmó que "No es cualquier cama, hablamos de camas de terapia intensiva. Esto incluye respiradores, sistema de provisión de gases medicinales, monitores de alta complejidad, bombas de infusión y el personal que asiste al paciente", explicó. Todo esto requiere inversión.

La pregunta necesaria es por qué, conociendo el desarrollo de la pandemia del covid-19 en otros países que alcanzaron hace tiempo la segunda ola, las autoridades nacionales no invirtieron en los insumos básicos necesarios para enfrentar las internaciones graves en una situación con alto número de pacientes graves como la actual. Por el contrario, el presupuesto en salud se recortó en un 11,8 % en términos reales, con una inflación esperada de 40 %. En cambio, se destinaron $ 116.584 millones del Presupuesto Nacional al pago de intereses de deuda pública.

La situación es más compleja aún: más allá de que se expandan las camas en hospitales y clínicas, el problema de fondo es la escasez de personal que pueda ponerse al frente de esa atención de pacientes con coronavirus. Rosa Reina de la SATI explicó que "se pueden expandir las camas hasta un cierto punto, pero después no se pueden expandir más y no hay personal suficiente para atender tantas camas. Se está haciendo toda una ingeniería en diferentes instituciones, no solamente con intensivistas sino con profesionales de otras especialidades para poder colaborar en la atención de más pacientes”.

Frente a este problema, las decisiones recaen en trabajadores de la salud, que hacen malabares para sostener la atención sanitaria. Mientras tanto las autoridades políticas se abstienen de realizar una contratación masiva de profesionales y de capacitar a quienes haga falta hacerlo.

Pero las palabras de Rosa Reina deberían alertarnos sobre un problema estructural: la falta de trabajadores de la salud suficientes para enfrentar esta situación es producto de una desinversión histórica de las políticas sanitarias y por que no, de las políticas educativas, cada vez más restrictivas. En la Argentina ni la salud ni la educación han sido una prioridad, pero sí fueron foco de recortes presupuestarios en reiteradas ocasiones, con el fin de "reducir el déficit fiscal" para cumplir con pagos de la deuda. Las consecuencias de años de desfinanciamiento en políticas públicas se tornan muy evidentes hoy. La memoria es necesaria para entender un poco más por qué hoy hablamos de colapso. No toda la culpa la tiene el coronavirus.

Son sus negocios o nuestra salud

La situación alarmante que vive el país requiere de una reflexión más profunda. ¿Alcanza con la responsabilidad individual para frenar los contagios? Claramente no. La cuestión más absurda en estos momentos tal vez sea el problema de la "escasez" de vacunas.

Con la producción del principio activo en el laboratorio mAxbience, del Grupo Insud-Pharma, de propiedad del millonario empresario Hugo Sigman, sumado a la capacidad de envasar la vacuna del laboratorio Richmond, Argentina ya reúne las condiciones técnicas y logísticas para producir la vacuna contra el covid-19. Sin embargo, "la economía" le ganó a la salud: los principios activos que se producen en el laboratorio Sigman se exportan a México.

Por eso, organizaciones de la salud junto con el Frente de Izquierda Unidad presentaron un proyecto para declarar de utilidad pública al laboratorio de Sigman, una medida que priorizaría la salud de la población en lugar de los negocios privados de los laboratorios.

Este proyecto apunta a utilizar toda la capacidad técnica-científica del país y la inversión que sea necesaria en los laboratorios públicos, para terminar el proceso de envasado en el país, y así acceder de manera masiva a la vacuna que debe ser considerada un bien social.

Sumado a esto, es necesaria la liberación de las patentes de las fórmulas de las vacunas, única medida a la altura de las respuestas que demanda la emergencia sanitaria actual.

Las medidas del Gobierno nacional, por el contrario, continúan privilegiando los intereses privados, en lugar de tomar las medidas necesarias para poner la salud de la población en el centro de la gestión de la pandemia.

Este miércoles Alberto Fernández participó en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y pidió promover "activamente un sistema efectivo de concesión de licencias" que reconozca "las patentes" de los fármacos contra el coronavirus pero que "garantice la oferta global de vacunas". En lugar de profundizar una campaña internacional para liberar las patentes, Alberto Fernández continúa protegiendo el negocio millonario de los laboratorios. Así, el laboratorio Richmond producirá de manera privada la vacuna Sputnik V luego de recibir créditos del Estado por más de $ 29 millones.

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¿Economía versus salud?

El Gobierno nacional, los grandes medios de comunicación y la oposición de derecha se encargan de señalar los momentos de ocio y recreación social casi como responsables absolutos de la suba de contagios. El Presidente Alberto Fernández llegó a negar que los lugares de trabajo fueran focos de contagio. Pero omiten que al mantener la mayoría de las actividades económicas abiertas, a la mayoría que no tiene la opción de hacer teletrabajo no le queda otra que atestarse en el transporte público (otro servicio que hoy muestra las consecuencias de décadas de desinversión).

Desde el inicio de la pandemia, La Izquierda Diario ha recibido denuncias de trabajadores, por protocolos no aplicados en sus actividades laborales. Es una constante que las patronales no garantizan las condiciones de higiene y seguridad, por representar un costo que no están dispuestas a pagar. Para esto son necesarias las Comisiones de Seguridad e Higiene independientes, formadas y elegidas por los y las trabajadoras, con el asesoramiento de profesionales y para garantizar las mejores condiciones de higiene y seguridad en las fábricas, establecimientos, escuelas y oficinas, para evitar o reducir el riesgo de contagio.

Pero si bien el gobierno y las empresas defienden la apertura de las actividades económicas, aún las medidas de fondo brillan por su ausencia, en un país donde, el índice de pobreza llegó al 42 % al término del segundo semestre del 2020, 6,5 puntos porcentuales por encima del 35,5 % de igual período de 2019. Hoy, alcanza a 19 millones de personas.

Las medidas que se han tomado hasta el momento son insuficientes. Sumado a las medidas ya mencionadas, este es el plan de conjunto que propone el Frente de Izquierda ante la segunda ola:

• El Gobierno supuso que no habría segunda ola y eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el Presupuesto 2021. El bono de $ 15.000 por única vez es insuficiente ante el aumento de la pobreza. Hay que restituir un IFE de $ 40.000 para los que se quedaron sin empleo. Así como también, un salario mínimo de $ 50.000 para activos y jubilados como medida de emergencia, mientras se pelea para que cubra el costo de la canasta familiar. Subas de salarios igual a la canasta y cláusula gatillo para hacer frente a la inflación.

• Las centrales sindicales tienen que terminar la tregua y convocar a un plan de lucha por las demandas de trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares.

• Prohibición efectiva de los despidos y de suspensiones con rebaja salarial.

• Millones de familias viven hacinadas, sin acceso a los servicios básicos. Por un plan de obras públicas, de infraestructura y viviendas.

• Un nuevo acuerdo con el FMI significará mayores ajustes contra el pueblo trabajador. Recursos hay, pero se destinan al pago de la deuda. Es necesario el desconocimiento soberano de la deuda, junto a medidas como la nacionalización de la banca, que asegure los depósitos para los pequeños ahorristas y otorgue crédito barato, y del comercio exterior que hoy está privatizado en pocas empresas que chantajean al país y manipulan sus operaciones con filiales extranjeras.




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