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Red Internacional

Los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos durante 1980. Se los juzga por delitos contra once víctimas, en su mayoría oriundas de la localidad de Laguna Paiva y militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y trabajaban en el Frigorífico Nelson.

Viernes 14 de mayo | 16:07

Este viernes, el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe comenzó a juzgar hoy a seis policías provinciales acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de once luchadores durante la última dictadura entre febrero y abril de 1980. La causa se conoce como “Causa Chartier”.

Los represores son el exjefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva, Fernando Sebastián Mendoza; el oficial ayudante de la División de Informaciones “D-2”, Eduardo Enrique Riuli; el sargento de la División de Informaciones “D-2”, Rubén Oscar Insaurralde; el cabo de la División Robos y Hurtos de la U.R.I, Antonio Rubén González; el cabo del Departamento Operaciones Policiales “D-3”, Omar Epifanio Molina; y el jefe de la División de Informaciones Policiales de la Unidad Regional 1, German Raúl Chartier.

La mayoría de las víctimas eran originarias de la localidad de Laguna Paiva y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Se trata de Daniel Emilio Acosta, Roberto Manuel Soria, Arnaldo Catalino Páez, Mario Ángel Páez, Juana Tomasa Medina de Paéz, Ricardo Nicolás Galván, Juan Carlos Oliver, Hugo Alberto Silva, Juan Carlos Sánchez, Pedro Pablo Moncagatta y Juan Anselmo Miranda.

Muchos de ellos trabajaban en el Frigorífico Nelson. Allí habían conformado la agrupación sindical “La Lucha”. Uno de ellos era Arnaldo Catalino Páez, quien falleció en 2016, fue secuestrado el 15 de febrero de 1980 en un horno ladrillero en la localidad bonaerense de Lima, junto a su esposa, Juana Tomasa Medina, y el hijo mayor de ambos, Mario Ángel Paéz, por entonces de 14 años.

Medina y Páez declararon este viernes e identificaron durante su declaración a Eduardo Riuli como integrante del grupo de personas que los secuestró. También brindaron su testimonio los restantes hijos de la familia, Mónica, Ramón y María Teolinda “Tati” Páez, que eran menores de edad al momento de los hechos y quedaron abandonados tras el secuestro de su madre y su padre.

En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía señaló que luego de ser secuestradas, las víctimas pasaron por diferentes centros clandestinos de detención (CCD) de la ciudad de Santa Fe para luego ser derivadas a distintas prisiones del país.

Se relató que en los CCD "fueron objeto -según cada caso en particular- de golpes, amenazas, ’tabicamiento’, inmovilización de piernas y brazos, suministro de corriente eléctrica mediante el instrumento conocido como ’picana’ al momento de los interrogatorios, condiciones de salud e higiene inaceptables, deplorable alimentación y a veces nula hidratación, aislamiento, prohibición del uso de la palabra y otras formas de comunicación, burlas y humillaciones, desnudez forzada, entre otras formas de padecimiento físico y psíquico. Todo ello con la finalidad de neutralizarlas ideológicamente y obtener información en contra de su voluntad."

Las acusaciones

"Los sucesos ilícitos que en esta oportunidad se reprochan a Chartier, formaron parte del plan sistemático de persecución política ilegal, pergeñado por la dictadura cívico militar en nuestro país; constituyendo delitos de lesa humanidad", así expresa la fiscalía la acusación contra Chartier

Por su lado, a Mendoza, se lo acusa de haber sido parte en las privaciones ilegítimas de la libertad y en las torturas padecidas por Moncagatta, Acosta, Oliver, Sánchez y Silva. A que Riuli se lo sindica como responsable de los mismos delitos en perjuicio de Arnaldo Catalino Páez, su esposa Juana Tomasa Medina y el hijo de ambos Mario Ángel Páez. Por otro lado, a Insaurralde se lo acusa por las torturas y la privación ilegal de la libertad de Daniel Emilio Acosta y las torturas padecidas por Juan Anselmo Miranda. González y Molina fueron acusados por los casos que tuvieron como víctimas a Ricardo Nicolás Galván y Roberto Manuel Soria, respectivamente.

Hay que señalar que en esta causa se encontraban acusados los exagentes Ángel Roberto Córdoba y Juan Antonio Fernández, quienes fallecieron. Como señalamos en muchas oportunidades, la impunidad de la biología se impone frente a la lentitud de los tribunales.

Este juicio comenzó recién este viernes 14 de mayo de 2021 mientras la investigación comenzó casi siete años atrás, el 5 de noviembre de 2014, luego de una denuncia del entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Horacio Andrés Coutaz.




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