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CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL

Comenzó el proceso de consulta a comunidades indígenas por las represas del río Santa Cruz

Tercera mesa de diálogo sesionó en marzo en Comandante Luis Piedra Buena. Consulta contará con seis etapas. En 2017 el juez federal Aldo Suárez había dado lugar al amparo presentado por el Lof Fem Mapu.

Laura Borse

Periodista | @lauraborse

Martes 23 de abril | 11:27

El pasado miércoles 13 de marzo se realizó la tercera mesa de diálogo entre las autoridades tradicionales políticas de los pueblos originarios de la provincia de Santa Cruz, funcionarios del Estado nacional, del Estado provincial y de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que lleva adelante la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa en el río Santa Cruz.

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La mesa de diálogo se llevó a cabo en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena para dar inicio al proceso de consulta. Los demandados (Estado nacional, Estado provincial y UTE) aceptaron la propuesta presentada por las autoridades políticas indígenas sobre los pasos a seguir. En este sentido, es importante aclarar que las mesas de diálogo no equivalen al proceso de consulta, sino que son una etapa previa en la que las partes involucradas deben acordar el mecanismo y las etapas para implementar dicho proceso.

El proceso de consulta a los pueblos originarios

La Constitución Argentina ratifica el Convenio N° 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, quedando configurado entre las normas de jerarquía supranacional, previstas en los términos del art. 75 inc. 22. Su aplicación es obligatoria en todos los casos en que las comunidades indígenas se vean afectadas.

En favor de esta ley, la comunidad Lof Fem Mapu realizó un amparo en octubre de 2017 para pedir que se frenen las obras y se realice la consulta correspondiente con las comunidades afectadas. El juez Aldo Suárez, del Juzgado Federal de Río Gallegos, dio lugar al pedido en una sentencia del día 30 de octubre de 2017 afirmando que la comunidad “efectivamente posee y representa intereses difusos de valor colectivo”, obligando a las partes a iniciar el proceso de diálogo.

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La primera mesa recién se concretó en marzo 2018 y, tras un intervalo de nueve meses, se realizó la segunda mesa en diciembre de 2018. En esa segunda oportunidad las autoridades políticas indígenas demandaron al Estado una reparación, por no haber hecho la consulta con carácter previo, y una indemnización por los daños que estas obras producen a las comunidades.

Acuerdos y desacuerdos

En el acuerdo alcanzado se estableció que el proceso de consulta consta de seis etapas, que deben cumplirse obteniendo el consentimiento antes de avanzar a la siguiente. Para cubrir la reparación que le corresponde realizar al Estado por la falta de consulta previa (según ordena el Convenio 169 de la OIT) se trabajará en el diseño de proyectos de desarrollo integral, uno de los primeros pasos exigidos por las comunidades. La implementación de estos proyectos no condiciona la consulta, dado que el consentimiento es independiente de la ejecución de los mismos.

Otro de los acuerdos alcanzados es la incorporación de “técnicos interculturales indígenas” (denominados veedores) para acompañar el relevamiento realizado por el equipo de arqueología que se encuentra trabajando en la zona. No obstante, persiste un desacuerdo en el grado de participación: el Estado propuso que sean dos técnicos interculturales indígenas, mientras que las comunidades proponen que sean seis.

Una obra que comenzó y continúa de forma ilegal

Otro de los cuestionamientos es el inicio de la recolección de objetos culturales que se está realizando, bajo liderazgo de un equipo de antropología, pero sin consulta con los pueblos originarios, quienes denuncian “que los objetos que dicho equipo está clasificando y almacenando en tres contenedores (dos de 6 metros y uno de 12 metros) son fundamentales para la reconstrucción de su memoria y que, por lo tanto, tienen derecho a gestionarlos y a decidir sobre su destino final”. Además, según trascendió por medios de comunicación, la UTE firmó un acuerdo con la provincia para construir un museo hace más de un año, algo sobre lo que tampoco fueron consultados.

“Una de sus preocupaciones es si existen enterratorios de los antepasados (en las zonas de obra o en las zonas que serán inundadas) y qué pasará con esos lugares de donde serán exhumados, debido a que la Dirección de Patrimonio Provincial —dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura— aún no ha consensuado con las comunidades indígenas un protocolo para el tratamiento de los restos humanos. Más allá de que el equipo de arqueología realice un riguroso “rescate”, no restaurará el equilibrio cosmológico dañado al pueblo mapuche y mapuche-tehuelche ni el curso interrumpido del río. Tampoco salvará de la destrucción ni recuperará los antiguos caminos y paraderos del pueblo tehuelche descriptos por cronistas de distintas épocas, que continúan siendo narrados por la memoria colectiva”, afirman las comunidades.

A pesar de que el Estado argentino omite cumplir con las leyes nacionales e internacionales sobre el diálogo y consulta a los pueblos originarios en numerosos proyectos extractivistas que afectan directamente sus derechos, en el caso de estas represas y a pesar de las controversias legales en que las obras empezaron y continúan, el trabajo en conjunto de las comunidades indígenas logró que se haga valer su derecho a la consulta adeudada y que el Estado acepte el planteo de reparación por falta de consulta previa y de indemnización por los daños causados.







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