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Red Internacional

Con el marco de la histórica lucha contra la megaminería en nuestro país, el diputado del PTS-Frente de Izquierda busca que cese esta práctica extractiva y contaminante que afecta la salud y la calidad de vida de comunidades y ecosistemas.

Valeria Foglia@valeriafgl

Domingo 21 de marzo | 00:03
Foto: Aníbal Aguaisol

Nicolás del Caño elaboró un proyecto de ley para prohibir el uso de sustancias contaminantes en la minería y la minería metalífera a cielo abierto en todas sus etapas y en todo el territorio nacional. El diputado del PTS-Frente de Izquierda Unidad lo presentará este lunes 22 de marzo a propósito del Día Mundial del Agua, por el que habrá movilizaciones en todo el paíspara denunciar las consecuencias que de conjunto tiene el extractivismo sobre este bien natural fundamental.

La iniciativa de Del Caño, que cuenta con el acompañamiento de la diputada Alcira Figueroa (FDT), se inspira en las luchas históricas contra la minería contaminante a nivel nacional, como en Mendoza, Chubut, San Juan, Catamarca y La Rioja, a partir de las cuales se ha acuñado el lema popular El agua vale más que el oro. “Sabemos que solo la lucha y la movilización del pueblo, la juventud y la clase trabajadora pueden derrotar esta ofensiva de saqueo y contaminación”, afirma el diputado.

“El avance de la megaminería asociada a empresas multinacionales como Barrick Gold es una política compartida transversalmente por los partidos capitalistas de la Argentina”, se puede leer en sus fundamentos. A fines de 2019 el pueblo de Mendoza derrotó en las calles el acuerdo entre el gobernador Rodolfo Suárez de la UCR y el Gobierno de Alberto Fernández, que buscaba imponer la megaminería contra la ley 7722 que protege el agua de las sustancias tóxicas usadas por aquella. Pero el plan extractivista no se detuvo y encontró otro capítulo de lucha y resistencia en Chubut, provincia que hace casi veinte años conquistó la ley 5001 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Hoy promueven la Iniciativa Popular, con más de treinta mil firmas, y resisten la persecución del Gobierno de Arcioni al servicio de Pan American Silver.

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La megaminería contamina y saquea cursos de agua, daña la biodiversidad y no genera puestos de trabajo reales y a largo plazo, dice Del Caño, quien cita que en 2017 hasta el Parlamento Europeo solicitó la prohibición del cianuro en minería, que el lobby minero, algo muy extendido también en nuestro país, logró impedir que se convierta en norma aplicable. Las multinacionales externalizan los riesgos ambientales y eligen países como Argentina, Brasil, Chile y Perú, que los Gobiernos entregan como “zonas de sacrificio” y cuyas comunidades padecen emergencia hídrica, que, además de afectar el consumo de agua y la agricultura, llega a imponer turnos hasta para regar jardines o lavar autos.

“Las feroces disputas entre el peronismo y Cambiemos que tiñen la mayoría de las discusiones de la política nacional no tienen eco en este campo”, dice Del Caño con respecto a la orientación extractivista que comparten el Gobierno nacional y los provinciales ante una resistencia cada vez mayor de las comunidades. En algunos casos, como el del peronismo en San Juan -cuyo modelo minero no dejan de elogiar-, los Gobiernos se unen al ataque de las multinacionales a la ley sancionada en 2010 para proteger los glaciares.

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“La lucha por salvar nuestra cordillera, nuestros ríos y glaciares, la vida de nuestras comunidades es parte de la lucha por darle un futuro a la juventud, que no es otra cosa que darle un futuro al mundo”, dice el diputado de la izquierda, que a través de su proyecto espera dar herramientas para pelear por un cambio profundo en la matriz productiva, sin los condicionamientos del extractivismo, a través de la nacionalización del petróleo, que permitiría usar la explotación y refinación convencional para financiar un plan de obras públicas que ayuden a mejorar el uso del agua, atender la necesidad de viviendas, fijar tarifas de combustibles y servicios que dependen de este, y “financiar un plan de reconversión profunda y estratégica hacia una matriz energética limpia y renovable” para abandonar progresivamente los combustibles fósiles que aportan al calentamiento global y la contaminación del planeta.

Claves del proyecto

Fin de la megaminería. De sancionarse la ley, en la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, prohibiría “la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales”, incluidas las minas actualmente operativas, que deberán adecuarse a la ley a partir de los tres meses de su sanción.

Sustancias tóxicas, prohibidas. El proyecto de ley prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, cianuro de sodio, bromuro de sodio, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, xantatos, entre otras, y todo aquel químico contaminante, tóxico o que represente un peligro para los bienes y recursos naturales. En los tiempos en que Alberto Hensel, secretario nacional de Minería, era funcionario en San Juan, Barrick Gold protagonizó el mayor derrame de sustancias contaminantes provenientes de la actividad minera de la historia argentina sobre cinco ríos de la provincia.

Qué pasa con los trabajadores. Las empresas que posean concesiones de yacimientos minerales metalíferos deberán garantizar el pago íntegro de salarios a sus trabajadores. En el caso de adecuación de actividad o cierre del emprendimiento, dice el proyecto, se suma además el pago de indemnizaciones y salarios actualizados hasta que encuentren otro empleo. Más aún, resguarda a los trabajadores para que, en caso de no encontrar empleo seguro y registrado, las empresas se hagan cargo de sus ingresos hasta la jubilación.

Riesgos a la salud, cubiertos por las empresas. Tanto para trabajadores como para pobladores en un radio de cien kilómetros del emprendimiento minero y durante diez años como mínimo.

Crea Comités de Control Obrero y Comunal. Serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la ley sean Comités de Control Obrero y Comunal Autónomos con carácter vinculante, cuyos representantes, entre trabajadores, pueblos originarios, organizaciones socioambientales y profesionales de universidades públicas, sean elegidos por voto directo, con proporcionalidad y la posibilidad de ser revocados. El proyecto también estipula la identificación de los daños ambientales que puedan existir o que se produzcan en el futuro con causa en la actividad minera a los fines de exigir administrativamente la remediación del daño, o en su defecto requerir la misma según el procedimiento judicial.

Leé el texto completo:

Proyecto de Nicolás del Cañ... by La Izquierda Diario




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