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Red Internacional

Este jueves 12 se votará en la Legislatura porteña la Ley de titularización y reforma del estatuto docente que impulsan Larreta y Soledad Acuña, atacando los derechos de la docencia porteña. En las escuelas crece la bronca y habrá paro masivo y movilización.

Camila MartínezDocente de Nivel Primario

Martes 10 de mayo | 17:57
Télam

El jueves 12 de mayo se debatirá en Legislatura porteña la Ley de titularización y reforma del estatuto docente que impulsa el gobierno de Rodríguez Larreta y su ministra de Educación Soledad Acuña.

En las escuelas crece la bronca y el rechazo a esta modificación inconsulta que ataca los derechos de la docencia porteña. El sindicato Ademys convocó paro y movilización para ese día y UTE realiza hoy martes un plenario de delegados y delegadas para discutir qué acción llevar adelante. Desde la agrupación docente 9 de abril- Lista Marrón, opositora a la conducción del sindicato, plantearán la necesidad de un paro en unidad junto a otros sectores de trabajadores ocupados y desocupados que se manifestarán ese mismo día.

En apoyo a la pelea de la comunidad educativa, los legisladores porteños Alejandrina Barry, Gabriel Solano y Amanda Martin del Frente de Izquierda presentaron la semana pasada un despacho por minoría en la Legislatura porteña, que propone archivar el proyecto de reforma de Juntos por el Cambio y titularizar a todos los docentes de forma masiva, fotográfica y en cascada, para garantizar su continuidad laboral.

El proyecto

¿Cuáles son los aspectos que consideramos más relevantes a tener en cuenta de las ochenta y siete páginas que componen la propuesta? A continuación te compartimos cinco claves a tener en cuenta:

1. Salario y formación docente. Es importante subrayar que, sin proponer ninguna medida que reconozca y atienda el trabajo domiciliario extra clase de los y las docentes, se abre la posibilidad de atar el salario a la productividad y la formación en línea con la política educativa de esta gestión (desarrollada más arriba). Es decir, el o la docente que se forme en la UNICABA por fuera de su horario laboral recibirá “una premiación salarial” de un 20%.

Nos preguntamos, ¿por qué no partir de reconocer y remunerar la carga horaria laboral que los y las docentes tenemos en nuestros domicilios para planificar nuestras clases? ¿Por qué no considerar el derecho de percibir un salario que cubra la canasta básica familiar por cargo? ¿Por qué no apostar a una oferta diversa, sistemática, pública, gratuita y en servicio de cursos, postítulos y carreras? Esta nueva reforma continúa naturalizando que los y las docentes tengamos jornadas laborales, de mínima, de 40 horas cátedra semanales, sin tener en cuenta el tiempo destinado a la planificación de clases y preparación de material didáctico en nuestras casas.

Es sobre esta realidad que miran para otro lado, individualizan y responsabilizan a quien “elige” no formarse: en palabras de la ministra, “los docentes que quieran crecer pueden quedarse dentro del aula”. Con largas jornadas laborales para llegar a fin de mes y una oferta, cada vez más escasa, de cursos y postítulos públicos por parte de “Escuela de Maestros”, ¿realmente podemos hablar de “elección”? La formación docente continua es una necesidad urgente del sistema educativo pero este proyecto, claramente, no la resuelve.

2. Creación de nuevos cargos. Se trata de las nuevas figuras mencionadas en el Artículo 8: “Maestro Especialista” (ME) en los niveles inicial y primario, “Maestro Coordinador de Trayectorias Escolares” (MATE) en el nivel primario y “Preceptor Tutor” (PT) en nivel medio. Sobre los dos primeros (ME y MATE) es preocupante que el acceso se daría a través de “capacitación y concurso” sin necesidad de tener experiencia previa en el aula, la cual, actualmente, es un requisito excluyente para ejercer cargos de ascenso.

Al margen de que no se especifica qué tareas y cómo las llevarían adelante quienes ocupen estos cargos, es evidente la intencionalidad de quienes elaboraron esta reforma: las maestras/os secretarias/os ya no tendrían la responsabilidad como coordinaras/es pedagógicas/os de ciclo (primer ciclo -1°, 2° y 3° grado- o segundo ciclo -4°, 5°, 6° y 7°-) cumpliendo, así, un nuevo rol pura y exclusivamente administrativo, mientras que se le asigna a las/os MATE un salario mayor sin necesidad de experiencia previa en el aula. Por otro lado, es llamativo que quienes ejercerían estos cargos y necesiten trasladarlos “deberán contar con previa autorización del Ministerio de Educación” (Artículo 31°) cuando hasta ahora esto siempre se dió a través de la participación de actos públicos de traslado.

Nos preguntamos, ¿cuál es el fundamento pedagógico de la creación de estos cargos jerárquicos? ¿Por qué prescindir de la experiencia en el aula como requisito para el ejercicio de estos cargos? ¿Quién y cómo se valida que un o una docente pueda ejercerlos? ¿Algún tecnócrata del gobierno, la UNICABA o la conducción de uno de los sindicatos amigos a través de cursos afines? ¿Cuántos cargos se abrirán con esta figura, dónde se ejercerán, quiénes los podrán tomar y por qué? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que lejos de pensar estrategias de trabajo colectivas, como la implementación de parejas pedagógicas por curso o el trabajo interdisciplinario a partir de horas concretas en las que se trabaje Educación Sexual Integral, que dejen atrás la obsoleta individualización del trabajo docente, se alienta a la competencia con un discurso meritocrático construido a medida de los intereses del mercado y las empresas.

3. “McDonalización” de la educación. Nadie puede estar en contra de que haya más trabajadores y trabajadoras en las escuelas pero, viniendo de Acuña, todo está por verse. No es la primera vez que esta gestión se mete con los derechos de los y las docentes: hace menos de un año también han impuesto cambios (otra vez inconsultos) sobre el estatuto. Uno de éstos es la división de la carrera docente: por un lado, las y los profesores y, por el otro, los equipos directivos y de supervisión que, en esta nueva reforma, se propone engrosar con la creación de nuevos cargos jerárquicos. Está a la vista la mirada tecnocrática que Soledad Acuña tiene sobre la educación: en el proyecto se priorizan las tareas de control y gestión en vez de las tareas que hacen al proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre en las aulas. ¿Esta es la clave para “mejorar la calidad educativa” en las escuelas? Incomprensible.

Y más incomprensible aún es si tenemos en cuenta que el presente proyecto, en su noveno artículo, establece a la formación continua como “una de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera docente en cualquiera de sus opciones”, es decir, que la experiencia previa de enseñar en un aula deja de ser “una dimensión básica” para ejercer un cargo que, justamente, apunta a mejorarla. Claramente, se busca consolidar un personal jerárquico dentro de cada escuela que responda directamente a la política impulsada por Larreta y Acuña. En otras palabras, quieren sus “empleados del mes” a tono con su perfil mercantilista y liberal de la educación.

4. UNICABA en acción. El aumento de salario, la posibilidad de ascenso y el acceso a los nuevos cargos docentes está estrechamente ligado al rol de la UNICABA como la principal institución que permite estos cambios. De esta manera se condiciona la decisión de los y las docentes acerca de cómo y dónde capacitarse: si en la UNICABA y a través de aquellas organizaciones y sindicatos que presten una formación ideológicamente afín a la mirada que el Gobierno, o en otras instituciones críticas de este modelo meritocrático, mercantil y empresarial que pondera el emprendedurismo, la educación financiera y demás expresiones de este enfoque. Por otro lado, también hay que advertir que durante el inicio del ciclo lectivo 2022 para el ingreso a las carreras de formación docente, la UNICABA implementó una sorpresiva evaluación hacia quienes se inscribieron en los veintinueve profesorados de la Ciudad (no en la UNICABA). ¿Por qué? Nadie lo sabe.

5. Titularizaciones como extorsión. Desde hace décadas que en la Ciudad de Buenos Aires hay cientos y cientas de docentes trabajando como suplentes e interinos por el no cumplimiento del Ministerio de Educación de convocar a concursos para titularizar estos cargos. Este reclamo histórico de la docencia está siendo utilizado en este proyecto de reforma, estableciendo la titularización inmediata de todos aquellos y aquellas docentes en esta situación. Una clarísima extorsión para obtener la aprobación de la docencia de este nuevo estatuto que, por debajo de este artículo, esconde otros que impactan negativamente en nuestras condiciones laborales (tal como desarrollamos más arriba). Esto explica porqué la titularización masiva no es un proyecto en sí mismo (como ya ha ocurrido en otras oportunidades) sino que va de la mano de la reforma de otros artículos del estatuto: en un mismo proyecto de ley establecen la titularización por un lado pero quitando derechos por el otro.

¿Cual es el contexto de este proyecto de Acuña y Larreta?

Esta reforma no se impulsa en el vacío. Desde hace tiempo, los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires, advertimos con preocupación un proceso de mercantilización de la educación, que se ha profundizado sobre todo los últimos quince años a partir de la gestión del PRO/Cambiemos. Este notorio avance se expresa no sólo en los numerosos ataques hacia quienes construimos la escuela pública (como recortes de presupuesto, falta de vacantes, reformas inconsultas, entre otros), sino también a través del diplomático y amistoso vínculo que mantiene el Gobierno con diversas conducciones sindicales, como con los gremios afines “amarillos” y como con la que mantiene con la celeste de UTE-CTERA (el sindicato docente mayoritario de la Ciudad) que sólo se dedica a postear descargos en las redes.

Veamos. A modo de repaso, a lo largo de los últimos quince años, la educación de la Ciudad se vio afectada por: el aumento de la cantidad de niños y niñas sin vacante en escuelas públicas, el sucesivo recorte presupuestario votado y aprobado tanto por el oficialismo como por sectores del peronismo, el escandaloso curro de la tercerización de los concesionarios privados encargados del servicio de comedor escolar que precarizan a sus trabajadoras y sirven platos “que no responden a la dignidad de las personas” según un fallo judicial (que se conquistó junto a las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda), el cierre de escuelas (como el caso del jardín del hospital Ramos Mejía) y el intento de cierre de otras (como las nocturnas y los veintinueve institutos de formación docente), la extinción de las Juntas de Clasificación como organizaciones representativas de la docencia (integradas por maestros y maestras votadas por el conjunto de los y las docentes) y la imposición de proyectos en el nivel medio como la “Nueva Escuela Secundaria” y la “Secundaria del Futuro”.

El perfil mercantilista del que hablamos está a la vista: a través de estas iniciativas es evidente que el Gobierno viene adecuando y reformando la educación al servicio de sus intereses. Y se torna aún más evidente si tenemos en cuenta el reciente desembarco de empresas como Mercado Libre, Banco Santander y, aunque parezca increíble, Generación Zoe, en las escuelas públicas secundarias para dictar “educación financiera” a través de pasantías obligatorias, sin remuneración alguna, que a fin de cuentas ofician como un mecanismo de mano de obra barata para las grandes multinacionales. Es en este marco que se da la reforma del estatuto docente propuesta este martes por Soledad Acuña. El Gobierno expone una lógica clara que podemos resumir así: “necesitamos docentes con una bajada de línea pedagógica mercantil. Docentes precarios. Escuelas precarias. Formación mercantil”.

Ahora bien, el Gobierno de la Ciudad pretende dar un paso más a tono con la situación nacional actual. Saben que pactar con el FMI se expresa no sólo en la revisión (léase disminución) de los presupuestos educativos (tanto el nacional como el jurisdiccional) sino también, a través de ajuste fiscal, reformas previsionales, laborales por convenio (como la que quiere implementar Acuña) y una inflación descontrolada que deja un doloroso 60% de niños, niñas y adolescentes (es decir, nuestros y nuestras estudiantes) en situación de pobreza. Este crítico escenario alienta al Gobierno de Cambiemos a impulsar reformas como ésta.

Hay que enfrentar esta política educativa

Está claro que la estrategia que una vez comentó el ex ministro de educación Esteban Bullrich, de “lanzar veinte políticas para que pasen dos o tres de las más importantes”, sigue siendo un eje de esta gestión: divide y reinarás. Por lo tanto, no podemos enfrentar todo por separado.

Hay que juntar fuerzas tanto desde Ademys, como sindicato combativo, como desde la organización de las y los delegados opositores a la conducción celeste de UTE-CTERA, los centros de estudiantes en las escuelas secundarias e institutos terciarios, los movimientos sociales que hoy están luchando por vivienda y trabajo (y que están integrados por las familias de la escuela pública), el conjunto de los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires y el apoyo de las bancas de Alejandrina Barry y Myriam Bregman del Frente de Izquierda. El potencial que tendría semejante organización para debatir seriamente qué educación necesitamos y cómo conquistarla, sería enorme. Tenemos que unir por abajo lo que por arriba dividen.

Con esta fuerza seríamos miles en la Ciudad peleando por vacantes para todos los niños y niñas, por comedores escolares que sirvan alimentación de calidad y por la urgente construcción de escuelas (y la refacción urgente de todas las ya existentes que presentan gravísimos problemas edilicios). Seríamos miles que, con esta fuerza y junto a la independencia política de los sindicatos, podríamos imponerle a sus conducciones un plan de lucha en este sentido.

En un gremio de mayoría mujeres y sostenes de familia, que trabajan en dos o hasta tres cargos para llegar a fin de mes, y que además pagan de su propio bolsillo cursos privados para formarse luego de la larga y extenuante jornada escolar, se debe repensar la jornada laboral. Este panorama tan naturalizado, tanto que le preocupa la educación al Gobierno de la Ciudad, no hace más que precarizar día a día el proceso de enseñanza aprendizaje. Tenemos que organizarnos y luchar por una jornada de seis horas, de las cuales cuatro sean frente a clase y dos para las tareas pedagógicas, administrativas y de formación continua en servicio, con un salario que supere lo que indica la canasta básica familiar estipulada por el INDEC.

En perspectiva, creemos que tenemos que pelear por la organización democrática de las escuelas en asambleas junto a las familias, estudiantes y todas y todos los demás trabajadores de la educación (como auxiliares y de la cocina), donde podamos debatir otra perspectiva educativa, diferente a la que este Gobierno pretende imponer. Otro modo de trabajo que cuestione los contenidos y el carácter de clase de la educación, creativo, colectivo, liberador, coordinando tareas, trabajando en parejas pedagógicas, donde se pueda rotar la asignación de tareas entre los propios maestros y maestras y hasta también, porqué no, ejercer la elección directa en asamblea de los equipos de conducción. Organizarnos para defender esta perspectiva es la clave para conquistarla.




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