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Red Internacional

Entre peritajes con resultados confusos, pruebas extraviadas y (sobre todo) las dilaciones del Poder Judicial, pasaron cinco años desde el asesinato del joven mapuche a manos de un grupo de operaciones de Prefectura Naval avalado por Patricia Bullrich. Después de un nuevo y brutal desalojo contra la comunidad por la que Rafa dió la vida, la represión y la impunidad se dan la mano gobierno tras gobierno.

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Viernes 25 de noviembre | 09:31

A pesar de que pasaron cinco años, todavía no hay nadie procesado por el asesinato de Rafael Nahuel. El crimen ocurrió el sábado 25 de noviembre de 2017, bajo el el gobierno de Mauricio Macri. Ése mismo día, en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, era enterrado Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado 78 días después la represión de Gendarmería en Cushamen, Chubut.

Dos días antes, el jueves 23 de noviembre, en medio de un descomunal operativo que llevó adelante el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, fuerzas federales ingresaron en el territorio recuperado por la comunidad Lafken Winkul Mapu . Se trata de dos lotes que Parques Nacionales posee a orillas del Lago Mascardi, a 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

A raíz de una denuncia de Parques Nacionales contra la comunidad, el gobierno federal en coordinación con el Poder Judicial movilizó a más de 200 efectivos federales de distintas fuerzas, con tanquetas y un helicóptero, reprimieron y detuvieron a integrantes de la comunidad. Mientras algunos miembros eran detenidos, otros subieron cerro arriba, adentrándose en el territorio para resistir al desalojo. Pero los grupos especiales continuaron la cacería.

Finalmente el sábado, un grupo de tareas de Prefectura Naval Argentina asesinó a Rafa.

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La causa fue elevada a juicio recién en diciembre del año pasado luego de que la jueza federal subrogante de Bariloche Silvia Domínguez diera por concluida la etapa de instrucción del expediente. El Tribunal Oral Federal de General Roca declaró en octubre de este año inadmisible el recurso de casación que había presentado el defensor particular de los prefectos Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa y Sergio Guillermo Cavia. Con ese recurso, los acusados pretendían revocar la resolución del mismo tribunal que rechazó el 18 de agosto último los planteos de nulidad formulados por el defensor contra los informes de la autopsia que se hizo al cuerpo de la víctima, de las pericias y otros estudios técnicos que se incorporaron al expediente.

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La primera pericia oficial señaló que el proyectil salió del subfusil MP5 que portaba el cabo Pintos. El exjuez federal Leónidas Moldes procesó -sin prisión preventiva- a cinco miembros del grupo Albatros de Prefectura como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa. Sin embargo, ese procesamiento quedó sin efecto por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.

Después, peritos de Gendarmería hicieron una segunda pericia y concluyeron que la bala que mató a Nahuel no se correspondía ni al arma de Pintos ni de otro de los efectivos, Obregón. La tercera pericia la hicieron integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta y estableció que la bala salió del arma de Cavia.

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Pasan los gobiernos

Como todas las causas en las que los implicados pertenecen a las fuerzas represivas, el esclarecimiento del crimen cometido en Villa Mascardi lleva demasiado tiempo. El entramado político-judicial es parte de un aparato estatal creado en función de perpetuar este sistema de explotación y opresión.

Por eso los tiempos de resolución nunca son los mismos para quienes defienden a los poderosos y quienes luchan contra ellos. Mientras la causa por el asesinato de Rafita recorre los pasillos de la "Justicia", las cuatro mujeres detenidas en el último desalojo sufrido por la comunidad, ya tienen confirmado su procesamiento.

En la misma situación se encuentran varios miembros más de la lof que se dispersaron durante el operativo llevado adelante por el gobierno del Frente de Todos. La violación de derechos humanos a mujeres de Lof Lafken Winkul Mapu y la persecusión contra los otros miembros de la comunidad no son “excesos” de las fuerzas represivas de Aníbal Fernández. Son parte del despojo y la criminalización que el pueblo mapuche viene sufriendo a manos del Estado burgués argentino, sin grietas, desde Roca a Fernández.

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