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Red Internacional

La provincia adhirió al programa lanzado por el gobierno buscando congelar los precios de 1432 productos hasta el 7 de enero y abarca a las cadenas nacionales de supermercados. Un parche electoral teniendo en cuenta que los precios de los alimentos subieron un 53,4 % en los últimos doce meses, mucho más que los salarios y jubilaciones.

Jueves 28 de octubre | 16:53

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, adhirió al programa nacional de congelamiento de precios que impulsa el gobierno nacional de Alberto Fernández, el cual tiene como objetivo retrotraer los valores de 1.432 productos al 1 de octubre, teniendo vigencia durante 90 días, es decir hasta el próximo 7 de enero.

Días previos a esta medida un informe de Rodolfo Nahuel Peña planteaba que “La crisis sigue achicando el consumo en Chubut: Las ventas bajaron 8,5% en agosto”.
Señalaba que “El INDEC dio a conocer una nueva contracción del mercado en la provincia de Chubut. Producto de la galopante inflación y la reducción del poder adquisitivo las ventas en los supermercados localizados en la provincia se contrajeron un 8,5% durante agosto pasado. Desde hace un año las bajas en las facturaciones vienen siendo casi constantes y revelan el duro impacto que ha generado la pandemia y la propia crisis provincial en la capacidad de compra que tienen los chubutenses”.

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Congelamiento de precios: chantaje y parches ante una inflación que devora los salarios

El miércoles pasado el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 1050/2021, mediante la cual establece el congelamiento de precios hasta el 7 de enero 1.430 productos de almacén, limpieza e higiene y cuidado personal.

Sin embargo, la medida no es más que un parche que lejos está de resolver el problema del consumo y del acceso a los productos de primera necesidad para las grandes mayorías. La inflación de septiembre se aceleró y aumentó al 3,7 % según difundió el Indec. Así, en los últimos doce meses el incremento de precios acumulado alcanzó el 52,5 % y en los primeros nueve meses del año el IPC fue de 37 %. Los alimentos subieron, en los últimos 12 meses, un 53,4 %, un número mucho más alto que el de los salarios o las jubilaciones.

Entre la campaña y los chantajes del poder: una crisis que necesita salida por izquierda

La inflación castiga los bolsillos populares

¿Quiénes pierden? Los trabajadores y los sectores populares cuyos ingresos son devorados por la suba de precios. Se profundizó así la caída del poder adquisitivo de los últimos años. El costo de la inflación no la puede pagar el pueblo trabajador. Es necesario un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones del 20 % para recuperar lo perdido en los últimos cuatro años, y ajuste automático de acuerdo a la inflación.

El Gobierno ya buscó realizar acuerdos con distintos sectores y esta política ya fracasó, las empresas alimenticias y supermercadistas responden con el bolsillo. En vez de los fallidos controles de precios oficiales, una medida elemental para enfrentar la inflación son los comités de trabajadores y usuarios para el control de precios desde los lugares de producción, pasando por todos los canales de distribución hasta la venta, y la exigencia de apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que afirmen que tienen que ajustar sus precios.

Caída del consumo en Chubut

Martín Saez, docente y candidato a senador nacional por el PTS en el Frente de izquierda Unidad señaló: “es un gobierno que intenta manotazos de ahogado y ahora con una carga discursiva contra las empresas. Las empresas saben que es un gobierno que hace anuncios muy rimbombantes, pero después, a la hora de tomar medidas se hace poco y que este caso es muy grave. Las grandes empresas productoras de alimentos centralmente están haciendo una extorsión a punta de pistola sobre el gobierno por esa vía, sobre el bolsillo de toda la población”.
“Desde le Frente de Izquierda planteamos que salario, jubilaciones y asignaciones deben actualizarse por la inflación. La primera media antiinflacionarias es que nadie pierda contra la inflación”, puntualizó.

Pero agregó que hay que tomar medidas un poco más de fondo pero que para eso se necesita la movilización. Y en este punto se refirió a las centrales sindicales que son quienes deberían ponerse a la cabeza. "Se necesita el control popular sobre el valor de los precios. Que trabajadores y trabajadoras en las fábricas podrían estar controlando qué se produce, cómo se produce, cuánto cuesta. Cuando nosotros decimos que no puede ser que haya un oligopolio de unas empresas que controlan la entrada y salida de divisas del país mediante manejar del comercio exterior y que hay que ir a una nacionalización del comercio exterior, dicen ‘pero la izquierda’, ‘y si pero la izquierda’. Pero lo contrario es esto”, exclamó.

Finalizó diciendo “La medida, sin afectar las grandes ganancias y fuertes intereses de las grandes patronales alimenticias y del comercio, se vuelve impotente para combatir la inflación realmente. Ante una pobreza que supera el 40 % de la población y un deterioro profundo de las condiciones de vida, esta política tendrá un leve y efímero impacto. Se vuelve necesaria la organización de comités de trabajadores y consumidores para controlar los precios en las empresas y supermercados, junto a un aumento de emergencia de un 20 % de los salarios e ingresos de la población trabajadora, que sea indexado automáticamente por la inflación. También es necesaria la apertura de los libros de contabilidad de todas las firmas que intervienen en la cadena de valor de los productos de primera necesidad. Esas son algunas de las medidas que propone el Frente de Izquierda Unidad”.




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