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Red Internacional

Esta semana en las principales calles de todo el AMBA choferes de colectivos de distintas líneas de corta y mediana distancia pegaron carteles donde exigen a la dirección de su sindicato, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), una serie de reclamos salariales y de mejoras en las condiciones laborales.

Alan LescanoRedacción Zona Norte Gran Buenos Aires @lescano559

Roberto AmadorObrero de Madygraf y docente de escuela secundaria

Sábado 13 de marzo | Edición del día
Campaña de afiches de trabajadores del transporte autoconvocados - YouTube

En el cartel se puede leer: “UTA. Basta de bonos en negro. ¡Sueldos dignos ya!. $100000 para poder vivir. Plan de vacunación y plus para esenciales. Equiparación de sueldos entre técnica, administrativos y choferes” y está firmado como “Trabajadores del Transporte”.

El cartel expresa la bronca de un gran sector de trabajadores – jóvenes en su mayoría- hacia Roberto Fernández, actual conducción de la UTA, por haber firmado sin su consulta un acuerdo el pasado 25 de febrero con el sector empresario el cual consistió en el pago de una suma fija de $ 15.000 en tres cuotas con los haberes de marzo, abril y mayo. Un “bono” el cual es en negro, es decir, no va al sueldo básico.
Actualmente los colectiveros de empresas de corta y media distancia de todo el país están cobrando un básico de $63.051, un 27% menor al monto de la canasta de consumos mínimos para un hogar de dos adultos mayores y dos menores calculado por la Junta Interna de ATE Indec en enero de este año ($85590). Ni con la suma no remunerativa, extraordinaria y por única vez de $ 20.000 que recibieron con la última paritaria firmada en el pasado octubre alcanzaron esa cifra. Ante la escalada inflacionaria (consultoras privadas caracterizan que este año superará el 40%), los choferes piden 100000 pesos de básico en el marco de que hace una semana comenzaron las discusiones paritarias 2021.

Este monto debe ser para todos los empleados de las empresas de transporte público, tanto para los técnicos (mecánicos, gomeros), administrativos (oficinistas, inspectores) y choferes. Entre los dos primeros y el último hay una diferencia salarial del 15% a 20%.

La bronca también es hacia las empresas del transporte quienes no invierten en condiciones de higiene y seguridad. Ellos exigen cabinas de plástico en los asientos de los choferes para evitar la exposición al virus, ya que las lonas que se usan actualmente no son eficaces. La falta de insumos y protocolos expone no solo a los trabajadores y sus familias, sino también a los miles de usuarios. Ante el protocolo que solo pueden llevar 10 pasajeros parados, reclaman que haya más unidades.
Los trabajadores consideran que trabajaron durante toda la pandemia y fueron expuestos al contagio. Por eso consideran que al ser esenciales, el Estado debe darles un bono como hizo el año pasado con los trabajadores de la salud. A su vez, debe priorizar la vacunación para este sector.

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La campaña de afiches es impulsada también por los conductores de la Línea 60, reconocida por su organización independiente de la dirigencia de Fernández y con tradición de lucha. Los autoconvocados toman el ejemplo de autoorganización de sus compañeros de otras seccionales de la UTA (Córdoba, Rosario, Tucumán) que enfrentan la saturación del servicio y el pago en cuotas de sus sueldos. El creciente malestar de los choferes con sus cúpulas sindicales tiene alcance nacional.

El lector seguro sabrá que ninguna lucha se gana peleando solo. Si los choferes unen sus fuerzas junto a la de los usuarios, habrá más posibilidades de conseguir los reclamos. Muchos de esos usuarios son docentes, familias y estudiantes que se organizan en sus escuelas en comisiones de higiene y seguridad ante la falta de infraestructura que pone en peligro sus vidas. Muchos de ellos también son profesionales de la salud que están en la primera línea como los trabajadores del Hospital Larcade (que exigen aumentos salariales y que se termine la precarización) o como los de la Clínica San Andrés, ubicada en Caseros, que quieren que su expropiación por parte del Estado para seguir atendiendo a los miles de jubilados que van a allí.

La pelea por mejores salarios y por condiciones de higiene y seguridad es compartida por muchos. Si estos se organizan, estaremos más fuertes para resistir el ajuste que tanto gobierno como empresarios quieren descargar en nuestras espaldas




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