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Red Internacional

Análisis.Chano, el “brote” y el disparo policial: ¿y si hablamos en serio de salud mental?

Tres hechos violentos, uno detrás de otro. Los medios hablan livianamente de “brote psicótico” por consumo de sustancias. Sin más, se pasa por encima de lo estipulado por la Ley de Salud Mental. Mientras, el ministro Berni propone más y más violencia. ¿En un sistema que retroalimenta la brutalidad, quién quiere hablar en serio de las problemáticas de salud mental?

Lunes 26 de julio | 15:58
Axel Kicillof y Sergio Berni | Foto Letra P

En la mañana de este lunes nos encontramos con tres hechos brutales, todos con el mismo eje. Todo empezó cuando Santiago “Chano” Moreno Charpentier vivió una situación familiar en el barrio privado donde viven en Exaltación de la Cruz. Las instancias de ese suceso son públicas: al parecer el exlíder de Tan Biónica y su familia y el servicio de emergencia de su cobertura médica vivieron una situación violenta y un guardia del barrio llamó a la Policía.

Las noticias dicen que Chano agredió a su madre y a quienes intentaban contenerlo en lo que llamaron un “brote psicótico” inducido por consumo de alguna droga. Este es el primer hecho violento: hablar livianamente de brote psicótico por consumo de sustancias, sin preservar a la persona involucrada, planteando que el consumo de una droga, cualquiera sea, deriva en un incidente de salud mental.

Esto va en contra de la Ley Nacional de Salud Mental, pues implica usar públicamente un diagnóstico que tiene el efecto de estigmatizar a quien lo padece. ¿Qué es un brote? ¿De qué hablamos cuando decimos psicosis? Nada de esto importa, porque el titular impacta.

Pero desde ahí pasamos al segundo hecho violento. La Policía intervino tratando de reducir a Chano Charpentier y, al parecer, él intentó agredirlos con un palo o un cuchillo. Uno de los policías no tuvo menor problema en dispararle en el abdomen. Y el hecho familiar terminó convirtiéndose en un hecho médico: el cantante tuvo que ser trasladado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires para ser intervenido y así reparar los daños del balazo.

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Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, nos tiene acostumbrados a sus declaraciones cada vez que la Policía Bonaerense se ve mezclada en un acto violento que cobra notoriedad. Esta no fue la excepción. Declaró en los medios su defensa del accionar policial y fue más allá, porque avaló el uso de las armas eléctricas Taser, a las que definió como “armas no letales”, pero cuyo uso está cuestionado incluso por organismos internacionales. Estas declaraciones son el tercer hecho brutal de la mañana.

Detengámonos un poco a analizar estos hechos desde la perspectiva de la salud mental.

Las trabajadoras y los trabajadores de salud mental día a día estamos en contacto con pacientes en situaciones violentas, porque las padecen o porque las llevan a cabo. Las causas son múltiples. A veces se deben a los llamados brotes psicóticos, pero no todo brote es violento. Y no toda acción violenta podría llamarse psicótica.

Reducir este hecho a un episodio psicótico es, lisa y llanamente, hablar de más. Así como tomar livianamente un diagnóstico, la psicosis, que es eje de debates entre distintas disciplinas de salud mental en cuanto a su definición y las pautas a seguir en su tratamiento. Hay distintos abordajes dentro del mismo psicoanálisis, dentro de la psicología y al interior de la psiquiatría. El ámbito de la salud mental es dinámico y las definiciones, diagnósticos y tratamientos están en constante discusión.

En lo que sí debemos tener un acuerdo es en que la Policía es una fuerza represiva que tiene como eje el uso de la violencia y que la violencia no tiene ningún lugar en el tratamiento de los episodios de salud mental, si ese fuera el caso.

El abordaje de una persona que está viviendo un momento de emergencia o de urgencia psicológica debe ser llevado adelante por personas con elementos de psicología, de psiquiatría, enfermería, clínica, abordaje social, entre otros, específicos para tales situaciones, en un entorno seguro para el trabajador y el paciente, acompañado de sus personas cercanas. Repetimos que hay discusiones sobre el uso de la palabra, de los fármacos, etc., pero en ninguna de esas discusiones se plantea el uso de un arma, ya sea de fuego, eléctrica o de cualquier tipo.

Según Berni, un grupo de hombres armado disparó plomo contra una persona en un momento de supuesto padecer psíquico porque esa persona los amenazó con un cuchillo. Para Berni, la desproporción entre la amenaza y la respuesta no cuenta. Para muestra sobra un botón: para el ministro una probable situación de salud mental debe ser abordada con represión física. Debemos entender que el gobernador Kicillof y su espacio político opinan lo mismo, porque aún no salieron a repudiar sus dichos.

Mencionemos tres elementos que deben ser analizados. El primero es la notoria situación de clase y el papel de la Policía. Berni dice que si se usaran las pistolas Taser no habría casos de gatillo fácil. Es muy burdo pensar que el problema es el arma, un razonamiento propio de un profesional de la violencia de clase.

El problema no es sólo la letalidad de un arma o de otra, sino que es usada por un grupo armado que dispara fuego o electricidad para reprimir a un paciente, a un trabajador que pelea por sus derechos, a un joven que sale a robar para comer o a una familia que pelea por un pedazo de tierra.

Berni comanda una institución que primero dispara y después pregunta: jamás se plantea abordar las causas de la violencia enfocando en quién la genera. Y está a disposición del poder político, por eso no genera repudios en su propio espacio que se autodenomina “progresista”.

El otro punto, que sólo mencionamos acá, es el de suponer que el consumo o uso de drogas ya es de por sí una situación de salud mental o que deriva sí o sí en violencia. Nada más lejos de la realidad. Las causas de la violencia social pasan por otro lado, vinculado a la pobreza, el machismo y la violencia que sufren millones de personas. Sin contar con que el uso de drogas en una clase es visto como “recreación” mientras que en otra clase es “vicio y enfermedad”.

Por último, esto nos debe plantear la discusión de qué tipo de políticas de salud mental existen actualmente. La búsqueda de ganancias privadas se ve en el sector a través de empresas privadas de salud mental que dan atención incorrecta, ya sea ambulatoria o de internación. Se busca reducir a su mínima expresión la oferta de tratamientos ambulatorios porque no generan dinero. En cambio se ofrecen salidas centradas en psicofármacos carísimos o en internaciones que alejan a las personas de sus comunidades o de sus afectos y redes sociales.

Mientras los sectores con mayor poder económico acceden a una provisión ilimitada de drogas legales y clínicas privadas, los sectores de trabajadores sufren el abandono y hacinamiento en hospitales destruidos, donde los trabajadores de salud mental cobran miseria o tienen contratos precarios.

La Ley de Salud Mental promueve la desaparición de los manicomios y la sustitución por un tratamiento comunitario, interdisciplinario y con las menores restricciones a la libertad de las personas. Pero la misma ley deja abierta la puerta al lucro privado y desde 2010, año en que se promulgó, nunca se destinó un presupuesto real para generar esa transformación necesaria.

Ni presupuesto para más trabajadores de salud mental, ni para dispositivos como casas de medio camino: ni el peronismo ni el macrismo hicieron nada en ese sentido. Muy por el contrario, los únicos beneficiados fueron laboratorios de psicofármacos y empresas privadas.

Claro que no es sólo una cuestión presupuestaria: es necesario eliminar el lucro privado de la atención para poder brindar un sistema que tenga el eje en la prevención y en la atención de las personas. Es prioritario un sistema integral de salud mental, que se dé en el marco de un sistema unificado de salud pública. Necesitamos que laboratorios, instituciones de formación de profesionales y efectores de salud (hospitales, sanatorios, clínicas, casas de medio camino, hospitales de día y medio día, etc.) sean públicos, universales, gratuitos, de gestión estatal y dirigidos por sus trabajadores, los pacientes y la comunidad trabajadora.




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