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Red Internacional

El mismo día que el gobierno provincial reprimía a trabajadoras y trabajadores de S.A.M.E.P.P. que manifestaban en la ruta del puente Chaco – Corrientes junto a organizaciones sociales, el poder judicial eleva a juicio a dirigentes del sindicato que los agrupa.

Miércoles 27 de abril | 11:44
foto: anred

La fiscal de Investigación Penal N°10, Lilian Irala, firmó este miércoles el requerimiento de elevación a juicio correccional contra el secretario general y el tesorero del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (S.O.S.Ch.), Daniel Tabares y Daniel Rivero, respectivamente, a quiénes imputó como coautores por los presuntos delitos de instigación a cometer delitos. Es por los destrozos en la sede central de la empresa S.A.M.E.P.P. (servicio de agua y mantenimiento provincial) en el marco de una protesta gremial ocurrida el 1 de septiembre de 2021. En tanto, por daños agravados contra bienes del Estado fue requerido a juicio Denis Escobar, militante de base del sindicato.

Una causa que pretende criminalizar la protesta mientras lava la cara a la responsabilidad de los funcionarios burócratas del gobierno en el vaciamiento de los bienes del estado para brindar el necesario servicio esencial de agua a toda la población, como de los continuos ataques a trabajadoras y trabajadores de la empresa estatal.

En un país envuelto en el discurso estigmatizante de la protesta social, ambiental o política, a través de medios y dirigentes políticos sin ninguna sensibilidad ante la situación que sufren millones de familias, que buscan criminalizarlos, judicializarlos para que no reclamen más. El estado chaqueño no es menos en este escenario y despliega sus armas ante el único sindicato que enfrenta abiertamente las decisiones tomadas por el ejecutivo contra trabajadoras y trabajadores de la provincia, mientras beneficia a un puñado de empresarios, acostumbrados a “llevársela en pala”.

Los “tiempos de la justicia” no son los mismos, actúa según la clase a la que responde. Mientras eleva esta causa sobre un hecho ocurrido en el año 2021, continúa en periodo de instrucción el crimen de estado contra seis obreros de S.A.M.E.P.P. provocado en 2017, cuando fueron enviados a realizar tareas de refacción sin elementos de seguridad.

En todo el país hay miles de procesados y encarcelados por protestar, la lucha por el desprocesamiento y liberación de luchadoras y luchadores es parte de la lucha contra el ajuste que, a través de la inflación y la caída de la capacidad de compra de los salarios, manda a millones bajo la línea de la pobreza. Mientras los responsables civiles y del clero que organizaron y se beneficiaron del genocidio durante la última dictadura siguen gozando de la impunidad. La protesta no es un crimen, menos cuando son unos pocos los que gozan de los beneficios de la riqueza producida por millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país.




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