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Red Internacional

Casi un siglo después de ocurrida, la matanza de comunidades ocurrida en 1924 será el primer proceso por crímenes de lesa humanidad del Estado Argentino contra población originaria. La masacre dejó alrededor de 423 víctimas, entre ellas niños y niñas, aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa.

Miércoles 15 de septiembre | 10:28
Foto: Indymedia

Las comunidades originarias sufrieron todo tipo de crímenes a lo largo de la historia, y en la actualidad siguen resistiendo contra el arrebato de sus tierras, la pobreza y contra la represión estatal.

La denominada Masacre de Nalpalpí fue perpetrada el 19 de julio de 1924. Recién después de casi 100 años, la "justicia" determinó que la investigación de estos crímenes sea considerada como delitos de lesa humanidad.

De acuerdo a distintos registros históricos, los crímenes perpetrados ese día por la policía que durante 45 minutos descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí, dejó alrededor de 423 víctimas, entre miembros de la comunidad y trabajadores cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenecían a comunidades originarias.

Unos 38 niños y niñas lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir.

Recién a casi cien años de este horror, la jueza a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó la tramitación de un juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción.

En 2014, la fiscalía impulsó una investigación preliminar mediante la cual, a través de los años, se pudieron recoger las voces de sobrevivientes Qom y Moqoit, como Pedro Balquinta y Rosa Grilo, y a través de los relatos de algunos de sus descendientes.

En su resolución la jueza señaló: "Los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad". Las partes fueron notificadas y citadas al juicio.

La jueza determinó también que “en ese escenario, se debe considerar que existe un mandato acentuado de debida diligencia que pesa sobre el Estado Argentino, ya que quienes serían víctimas de los hechos en cuestión son integrantes de las comunidades indígenas Qom y Moqoit. En base a ello, considero necesario transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano, buscando la determinación judicial de tales hechos”.

Este será el primer proceso de este tipo por crímenes de lesa humanidad del Estado Argentino contra población Indígena y estará dirigido a determinar los hechos ocurridos en la masacre perpetrada el 19 de julio de 1924, en el marco de un procedimiento encaminado a la averiguación de la verdad, similar a los tramitados durante la década del ’90 en diferentes jurisdicciones para investigar los crímenes de la última dictadura cuando estaban vigentes los efectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Los registros históricos y la prueba recabada en la investigación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de trabajadores que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.

La reconstrucción de la Masacre

Las pruebas tenidas en cuenta para la investigación consistieron en documentos aportados por historiadores e instituciones, documentación de la Reducción Napalpí, los legajos del gobernador Fernando Centeno; del jefe de Policía de Chaco, Diego Uribarrie; de los oficiales Roberto Saenz Loza y Vicente Attis; documentos del Archivo General de la Nación; el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación; el diario El Heraldo del Norte, con su investigación periodística sobre la Masacre en su Edición Especial de 1925; el expediente judicial N° 910/24 “ Sublevación Indígena en la Reducción Napalpí”, resguardado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco; documentación aportada por el Aéreo Club Chaco; y fotografías de la Reducción y del avión utilizado tomadas por el antropólogo Lehmann-Nitsche, entre muchos otros documentos.

Además, se tuvieron en cuenta trabajos de investigación científica y en muchos casos los testimonios de historiadores e investigadores. También se incorporaron trabajos de investigación del contexto histórico como el de Reconstrucción Histórica del Genocidio Indígena de los investigadores Mariano Nagy, Héctor Hugo Trinchero, Diana Lenton, Marcelo Walko, Darío Aranda y Nicolás Iñigo Carrera, entre otros.

En 2019 se realizaron en Colonia Aborigen excavaciones y exhumaciones, que estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

"La masacre de Napalpí tiene que ver con una cuestión laboral"

En este diario entrevistamos al cumplirse 92 años de la Masacre de Napalpí a Pablo Gramajo, escritor, poeta y militante indígena, quien describió como estos crímenes tienen que ver la esclavitud y explotación laboral.

Gramajo señaló: "Primero tenemos que entender que más allá de la abolición de la esclavitud en 1813, en 1924 sigue habiendo esclavos, después de casi 100 años. Y esos mismos esclavos son manejados por el propio Estado. La masacre de Napalpí tiene que ver con una cuestión laboral, porque esas reducciones eran concentraciones de aborígenes, como campos de concentración, donde se los asentaba, ya que iban a trabajar el algodón, y se les pagaba una moneda, por el trabajo que realizaba en las cosechas del algodón, los cañaverales, o tabaqueras".

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