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Red Internacional

Un empleado de seguridad de la comunidad terapéutica San Camilo de Pilar fue condenado por la muerte del joven mendocino en 2013. Se trató del primer juicio por una muerte violenta en una institución desde la sanción de la Ley de Salud Mental

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Miércoles 10 de agosto | 13:47

Este martes, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°4 de San Isidro sentenció al ex empleado de seguridad de la comunidad terapéutica San Camilo de Pilar, Ángel "Pipi" Súñez, tres años de prisión por el homicidio culposo de Saulo Rojas. El joven mendocino se había suicidado en 2013 en la comunidad terapeútica en el marco de las torturas que recibían las y los jóvenes allí internados.

El caso de Saulo es la primer muerte violenta en una institución de este tipo que llega a juicio tras la sanción de la Ley de Salud Mental en 2010. El fallo del Juez Ocampo destaca que "no estamos ante una simple omisión que devino en la muerte, aquí operaron graves violaciones a los derechos humanos que, con su accionar, Súñez era uno de los protagonistas que la llevaba adelante".

El Juez, además pidió que se investiguen otras muertes ocurridas en San Camilo, comunidad terapéutica clausurada en 2017 tras las denuncias de la Comisión Provincial por la Memoria por torturas, privaciones ilegales de la libertad y abusos sexuales. Sin embargo, sus propietarios acordaron una probation, y no llegaron a juicio.

"Felipe Mañasqui, el otro muerto de San Camilo, falleció en el Hospital Evita 11 días antes de que Saulo se quitara la vida. Sabemos de la existencia de San Camilo por el caso de Saulo, pero la fiscal pidió en el alegato que la causa no se termine con la sentencia de Súñez y que se investiguen los delitos que se denuncian en mi libro, que se denunciaron durante la instrucción y durante el juicio: torturas, privaciones ilegitimas de la libertad y abusos sexuales", declaró el periodista Pablo Galfré a Página 12 tras la lectura de la sentencia.

El caso de Saulo no fue un hecho aislado, sino que las muertes violentas y violaciones a los DDHH en las comunidades terapéuticas son una constante, como lo ocurrida en febrero de este año, cuando cuatro jóvenes murieron en medio de un incendio producido en una "comunidad terapéutica" clandestina Resiliencia San Fernando de Pilar. La complicidad del Estado en el negocio de instituciones de este tipo, que priorizan la ganancia sobre la salud de quienes allí se encuentran llega al punto de la impunidad del dueño y responsables médicos de San Camilo, quienes nos fueron juzgados por la muerte de Saulo.

Sin embargo, esta condena es un paso en la visibilización de la problemática a la que están expuestos quienes se encuentran en estas instituciones.




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