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Red Internacional
La Izquierda Diario

En un vuelco sorpresivo en la causa, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó parcialmente la negativa de la jueza Marrón de investigar a la Bonaerense. Se complica la situación de los agentes Sosa, Curuhuinca, Flores y González. El fallo es un avance para la familia del joven desaparecido el 30 de abril que lucha contra la impunidad de los protegidos por Berni y Kicillof.

Daniel Satur@saturnetroc

Viernes 12 de febrero | 18:38

La Cámara Federal de Bahía Blanca resolvió este viernes dar curso al pedido de algunas de las medidas de prueba que hace rato vienen exigiendo la familia de Facundo Astudillo Castro, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim. Con este fallo, se podrá avanzar un poco más en investigar a la Policía Bonaerense, que viene siendo protegida por el Gobierno de Axel Kicillof y gran parte del Poder Judicial.

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Con un fallo firmado este viernes (al que accedió este medio) los camaristas Leandro Picado y Pablo Larriera revocaron parcialmente la negativa de la jueza María Marrón a investigar y hacer pericias sobre el accionar del personal de la Policía Bonaerense que actúa en el partido de Villarino, en cuyas localidades Teniente Origone y Mayor Buratovich se vio con vida por última vez al joven de Pedro Luro el 30 de abril pasado.

El fallo en cuestión refiere a medidas de prueba que desde hace meses vienen solicitando Cristina Castro y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, que a su vez van en línea con lo solicitado tanto por la CPM (en calidad de querella institucional) y por los fiscales Heim y Azzolin.

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Como viene informando La Izquierda Diario, querellas y fiscales en diversas instancias ya exigieron que se realicen rastrillajes a fondo y pericias completas (incluyendo la participación de peritos de la familia de Facundo) sobre las comisarías involucradas en la desaparición y muerte de Facundo. También que se secuestren y periten los teléfonos celulares de los miembros de la Policía que participaron, de alguna u otra manera, antes, durante y después de la misma.

Esos pedidos fueron originalmente rechazados por la titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca a cargo de la causa. Luego los fiscales y las querellas apelaron, pero la jueza Marrón volvió a darles la espalda. Entonces elevaron recursos de queja ante la Cámara, que resolvió ordenar a Marrón que revea su actitud y realice una audiencia para atender los requerimientos, particularmente de los fiscales.

Pese a que la jueza fue recusada por las querellas, con sobradas pruebas de no investigar nada y encubrir a la Bonaerense y sus cómplices políticos, a fines de diciembre fue ratificada al frente de la causa. Sin embargo, la Cámara Federal no pudo evitar atender los fundados pedidos de los dos fiscales, posicionados en la vereda opuesta del nefasto Ulpiano Martínez, titular de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca y fiscal “natural” de la causa.

Vale recordar que, como casi exclusiva excusa para rechazar reiteradamente los pedidos de allanamientos de comisarías y de secuestro de teléfonos celulares de medio centenar de policías, la jueza Marrón apeló a la defensa de la “intimidad” y los derechos individuales de los agentes bonaerenses investigados. Una provocación de la magistrada a la familia de la víctima.

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¿Qué ordenó la Cámara Federal?

En su escrito de 18 páginas los jueces Picado y Larriera consideraron que “el hecho de pertenecer a la fuerza policial que tuvo a cargo la primera etapa de la investigación, sumado al posible contacto, cercano o lejano, y/o la intervención en las diligencias desplegadas de pesquisa y búsqueda de Facundo, así como comunicaciones entre sí” no habilita a secuestrar y peritar el medio centenar de teléfonos (como se había pedido) de todo el personal que, al momento de la desaparición de Astudillo Castro, actuó en las dependencias sospechadas.

Pero para los jueces “diferente es el caso en punto a las medidas solicitadas respecto de los agentes Gabriel Sosa, Siomara Flores, Jana Curuhinca y Alberto González. En primer lugar, cabe resaltar que, además de las personas que habrían trasladado a Facundo Astudillo Castro en diferentes tramos de la Ruta Nacional 3 (desde Ascasubi hasta la entrada a Mayor Buratovich y desde la entrada de Teniente Origone hacia un punto previo al control zoofitosanitario en el sector de las vías que conducen a Gral. Cerri), los nombrados fueron quienes de manera prácticamente consecutiva habrían tenido contacto e interacción conocida con aquél, el 30 de abril de 2020, último día del que hay registro, hasta el momento, de que estuviera con vida”.

En ese sentido decidieron “autorizar la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal consistente en el libramiento de orden contra la Jefatura de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a efectos de que se haga entrega de la totalidad de los teléfonos personales y oficiales que les fueran asignados a Alberto Gonzalez, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Gabriel Sosa, en pos del avance de la investigación y su profundización”.

Sobre esos teléfonos se ordena a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) a que extraiga “mediante software forense la información que contengan los dispositivos que se secuestren y luego realice un análisis sistemático con las demás pruebas”.

Respecto al allanamiento del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, para los jueces “existen razones fundadas cuya sumatoria” habilitan su autorización. “No deben soslayarse los interrogantes enunciados por los Fiscales”, dicen los camaristas, que “los llevan a no descartar” la hipótesis delictiva que involucra a la Bonaerense. Un revés para los pobres argumentos de la jueza Marrón.

En ese sentido, “se autoriza que se disponga un nuevo allanamiento e inspección sobre la totalidad de los ambientes y dependencias interiores, como así también, toda otra edificación y/o instalación del predio exterior que forme parte del establecimiento en el que se emplaza el Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, Villarino, ubicado en la Manzana n° 32 de la localidad homónima, a efectos de que se proceda a la búsqueda y recolección de toda clase de rastros (biológicos o muestras de ADN, huellas, cabellos y fibras, incluidos aquellos correspondientes a fauna cadavérica, sedimentos, micro algas, entre otros); debiendo realizarse la búsqueda de sustancias hemáticas mediante el empleo del dispersado de luminol en la totalidad de los ambientes de las instalaciones antes referidas”.

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En definitiva, un duro golpe para la Bonaerense, sus cómplices políticos (empezando por Kicillof y Berni) y sus encubridores judiciales, como Marrón y Ulpiano Martínez.

De todos modos, no hay que perder de vista que estas medidas elementales de prueba llegan con una demora de casi diez meses. Allanar las comisarías involucradas en la desaparición y muerte de Facundo y secuestrar las herramientas de comunicación del personal policial involucrado en los hechos era una medida de primer orden para saber qué pasó con Facundo y quiénes son los responsables. Porque, como se sabe, el tiempo que pasa es la verdad que huye.

Sin embargo, realizar estas medidas será un avance de magnitud para seguir encontrando elementos de prueba e indicios que permitan a las querellas y, en este caso, a los fiscales Heim y Azzolin, seguir armando el complejo rompecabezas de lo que pasó con el joven desaparecido y muerto el año pasado en el contexto de la cuarentena represiva.




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