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Red Internacional

Hace poco más de un año, ante la crisis sanitaria, el Gobierno decretaba el aislamiento social obligatorio. Las fuerzas represivas fueron empoderadas, lo que resultó que cada 40 horas un joven fuera asesinado. Este es el marco para leer la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro.

Rosa D'Alesio@rosaquiara

Viernes 30 de abril | 23:46

Antes de analizar las pruebas que recaen en la Policía Bonaerense, en el caso del joven desaparecido entre las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone cuando se dirigía a Bahía Blanca, repasemos el contexto en que se inscribe este crimen: la crisis sanitaria que continúa golpeando al mundo entero.

Más de tres millones de personas han muerto a causa de haberse contagiado covid-19. Hace poco más de un año el mundo fue “sorprendido” por este avance epidemiológico. Se conocía, también, que varios laboratorios habían dejado de investigar las distintas cepas de los coronavirus, porque no era rentable.

No faltaron las campañas xenófobas, en esta oportunidad contra la población china por sus hábitos alimentarios -los primeros casos de covid se conocieron en este país-.

En Argentina, el exministro de salud Ginés Gónzalez García, desestimaba que el virus llegara al país. No fue así. El exfuncionario -que había tratado de terroristas sanitarios en 2005 a las trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan-, no tomó una sola medida, ni siquiera cuando aterrizaron en el país los primeros casos que terminaron en internaciones prolongadas.

Por supuesto que no fue solo responsabilidad del exministro. El presidente Alberto Fernández -después de varios meses que la epidemia golpeaba el viejo continente-, anunció en marzo de 2020 el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). ¿Cuál fue una de las medidas que tomó por entonces el gobierno? Empoderar a las fuerzas represivas. En esto no hubo grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

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Mientras los funcionarios, oficialista y opositores, se mostraron juntos y elogiaban el diálogo, las fuerzas de seguridad salían de caza. Llegaron a asesinar un joven cada 40 horas. La violencia estatal se registró en sus distintas modalidades: gatillo fácil, golpizas y brutales en las calles. Los casos de Luis Espinosa en Tucumán y de Facundo Castro en la provincia de Buenos Aires fueron de los más extremos en este derrotero. Incluso entrando a los domicilios, como ocurrió en Chaco con una familia qom, donde los policías de Jorge Capitanich ingresaron a su domicilio para detenerlos y torturarlos.

También en las cárceles, donde frente a la descomposición estatal, se ha convertido en el principal ámbito de implementación sistemática de torturas y “apremios ilegales”.

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Esta realidad no solo se vive en la Argentina. Las clases dominantes en el mundo han utilizado -lo siguen haciendo- hombres armados por el Estado para imponer el control de la pandemia. ¿Por qué frente a una crisis sanitaria, la coerción es una de las políticas destacadas de los gobernantes?

Sin dudas esto se podría responder en una frase: “irracionalidad capitalista”. Esta afirmación se explica en que los laboratorios y las empresas de salud priorizan sus ganancias, antes de poner todos sus recursos disponibles para evitar la propagación del virus que se ha cobrado, como decíamos, la vida de más de tres millones de personas en el mundo.

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Todos los gobiernos garantizan que la propiedad intelectual de las patentes, al igual que las decisiones sobre su producción, distribución y venta, sigan en manos de los monopolios. Así lo analiza Eduardo Castilla en un artículo publicado en este diario: “Imposibilitados de obtener las dosis necesarias de vacunas para el Covid-19, diversos gobiernos proponen un relato que entremezcla protestas, malestar y cierta victimización, ejerciendo una condena moral contra esos monstruos llamados Pfizer, AstraZeneca o Moderna. Son, sin embargo, colaboradores activos de la gestión de ese poder. Socios de una alianza contra la salud de la inmensa mayoría de la humanidad”.

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En Argentina esta irracionalidad queda expuesta a una escala mayúscula. En la localidad bonaerense de Garín, en la planta de AstraZeneca se produjo cuarenta millones de su principio activo. Estas se fueron del país, a pesar que el gobierno de Alberto Fernández pagó el 60 % de las más de 22.000.000 de dosis que el laboratorio británico se comprometió a entregar. En tanto el laboratorio AstraZeneca, “aumentó un 44 % su valor en la bolsa de Nueva York, alcanzando los 613 millones de dólares”, según detalla Carla Libertad. Ante esto, la oposición de derecha, pide que a monopolios como Pfiser se le conceda todo, hasta regalarle las Islas Malvinas.

Esta irracionalidad capitalista solo se sostiene con políticas coercitivas. Volvamos a Facundo Castro, y otras de las consecuencias de la pandemia: la profundización de la crisis social.

La cuarentena obligatoria que decretó Alberto Fernández en marzo de 2020, dejó a millones de personas, que viven de su trabajo informal, sin esos ingresos. El Gobierno dispuso, sólo para nueve millones de personas y por tres meses, un subsidio, que muy lejos estuvo de alcanzar siquiera la canasta de indigencia.

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La pobreza golpea a los sectores más empobrecidos. El Gobierno lo sabe, por eso dispone el patrullaje de las calles. Esto se hace particularmente en la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentran los cordones obreros más numerosos del país. Y donde la subocupación y la desocupación lleva a la toma de tierras de quienes no tienen otra posibilidad de tener una vivienda, como en Guernica.

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En este territorio el Frente de Todos dispuso que un derechista que alienta la mano dura “conduzca” un ejército de casi cien mil hombres armados: la Bonaerense. Esta fuerza policial es protagonista del gatillo fácil, las torturas y la organizadora del pequeño y gran delito. Ejerce, desde la salida de la dictadura, el autogobierno de la fuerza. El poder político no ha podido subordinar a la Bonaerense, más bien estos pactan con el poder de turno, a partir del poder territorial que tienen y la acumulación de información y el tráfico de influencia. Quienes junto a los intendentes del conurbano ejercen el control policíaco en los barrios de las clases más pauperizadas.

Sergio Berni, el ministro que recorre los sets de televisión, no pudo evitar, ni se enteró, de la extorsión que estaba preparando la Policía Bonaerense frente a la Residencia de Olivos, y a la propia Gobernación bonaerense, donde reclamó la paritaria 9 mm. Fue en septiembre de 2020, cuando habían transcurrido varios meses desde la desaparición de Facundo Castro, y de muchos otros casos de gatillo fácil.

La Bonaerense fue a reclamar lo que consideraba se merecía por los servicios prestados al Gobierno y a la gran patronal. En el frigorífico Penta en Quilmes, reprimió a los trabajadores que reclamaban por sus derechos. Meses después, los obreros del frigorífico ArreBeef, sufrieron la represión policía de Kicillof y Berni.

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Incluso, ante el reclamo policial, la gobernación emitió un comunicado oficial donde subrayaba: “durante la pandemia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha desplegado una invalorable tarea y trabajado incansablemente para cuidar a las y los bonaerenses”. En ese “trabajo incansable” se encuentra la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, y los cerca de 40 jóvenes asesinados por la Bonaerense. En todos estos casos, reinó la impunidad. Y el gobernador Axel Kicillof el garante.

Daniel Satur viene investigando el rol de la Policía Bonaerenseen la responsabilidad de la muerte del joven Facundo Castro. A lo largo de estas investigaciones, quedó al descubierto, no solo los autores del crimen, sino la responsabilidad de jueces y fiscales en el encubrimiento. También quedó claro la responsabilidad política de Alberto Fernández y Axel kicillof. No en dar la orden de cometer el crimen, sino en dejar hacer a una fuerza que actúa en los márgenes de la ley, pero que su accionar es legitimado por todos los actores políticos.

Armada a lo largo de los años por el peronismo que gobierna la provincia desde 1987 a esta parte -con un breve intervalo-. Son, además, quienes les otorgan mayor presupuesto para incrementar los haberes de los uniformados, mayor equipamiento, y la cantidad de agentes -más de 10.000 se incorporaron a la Bonaerense a mediados del 2020-.

La lucha por juicio y castigo a los responsables del crimen de Facundo, que lleva adelante la mamá junto a sus abogados y un amplio sector de la juventud, organismos de derechos humanos que siempre se mantienen independientes del poder de turno, los partidos de izquierda y quienes hacemos este diario, es una obligación de lucha contra la impunidad. Pero también es una necesidad, ante la segunda ola de la pandemia, donde Alberto Fernández dispuso nuevas restricciones que hará cumplir con las fuerzas policiales -mientras pacta con el FMI ajuste fiscal y dejan a seis millones de informales y desempleados sin IFE-. Lamentablemente los organismos de derechos humanos afines al gobierno siguen sin condenar a Sergio Berni y la Bonaerense de manera enfática y exigen justicia sin señalar responsables políticos.

No dejar impune los crímenes de las fuerzas represivas, significa dar un paso también en derrotar estos planes de ajuste del gobierno. Los trabajadores de la salud de Neuquén, como los del citrus de Mendoza, con sus particularidades, demuestra que se puede. Son pequeños importantes triunfos que fortalecen a los trabajadores que en todo el país salieron a luchar, ante la crisis sanitaria y social, porque no quieren seguir pagando la fiesta de los capitalistas.

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